El Regreso de Fernando VII
Los liberales desconfiaban de la predisposición del monarca para aceptar el nuevo orden constitucional. Por ello, dispusieron que viajara directamente a Madrid para jurar la Constitución y aceptar el nuevo marco político.
Fernando VII temió enfrentarse a quienes durante seis años habían resistido al invasor y acató sus condiciones. Pero los absolutistas (nobleza y clero) sabían que la vuelta del monarca era su mejor oportunidad para deshacer toda la obra de Cádiz y volver al Antiguo Régimen. Se organizaron rápidamente para demandar la restauración del absolutismo (Manifiesto de los Persas) y movilizaron al pueblo para que mostrase su adhesión incondicional al monarca.
Fernando VII, seguro ya de la debilidad del sector liberal, anuló la Constitución y las leyes de Cádiz y anunció la vuelta al absolutismo mediante el decreto del 4 de mayo de 1814. Inmediatamente fueron detenidos o asesinados los principales dirigentes liberales, mientras otros huyeron hacia el exilio.
La Vuelta al Antiguo Régimen
La monarquía procedió a la restauración de las instituciones del régimen señorial y de la Inquisición, en un contexto internacional determinado por la derrota de Napoleón, el Congreso de Viena y la creación de la Santa Alianza, que garantizaba el derecho de intervención militar en cualquier país para frenar el avance del liberalismo.
A partir de 1815, Fernando VII y su gobierno intentaron rehacer un país mermado por la guerra. Los campos de cultivo estaban destrozados o abandonados, la producción agrícola era insuficiente para abastecer a la población y la ganadería había sufrido con especial gravedad la guerra. La ruina de la agricultura mermó la capacidad de consumo de los campesinos y ello se notó en la demanda industrial y el comercio.
Además, la Hacienda real entró en bancarrota por la falta de recursos, especialmente debido a que la guerra en las colonias americanas exigió enormes gastos militares e impidió la llegada de nuevos ingresos (impuestos, metales, productos, etc.). A ello se sumó la disminución de los intercambios, fruto de la interrupción del comercio transoceánico.
El Aumento de la Desafección Social
A pesar de la represión fernandina, la guerra contra Napoleón había cambiado la mentalidad de muchos grupos sociales. Las protestas campesinas se sucedían entre la pretensión de los privilegiados de volver a imponer las rentas señoriales y los diezmos que se habían dejado de pagar durante la guerra. Los sectores adinerados, que habían comprado tierras con las desamortizaciones y roturado baldíos, reclamaban que se respetase la propiedad de sus nuevas adquisiciones.
Por otro lado, la libertad de fabricación y de mercado había permitido el desarrollo de empresas y negocios más allá de la rígida reglamentación gremial y la burguesía urbana preconizaba la libertad de industria y de mercado, y mostraba su descontento por la interrupción del tráfico comercial.
Los gobiernos de Fernando VII fueron incapaces de dar respuesta a estos problemas, de enderezar la Hacienda o de hacer frente a los movimientos independentistas de las colonias americanas. Pronunciamientos militares liberales, algaradas en las ciudades y amotinamientos campesinos evidenciaron el descontento y la quiebra de la monarquía absoluta.
Los Pronunciamientos Liberales
La restauración monárquica tuvo un carácter excluyente, obligando a los liberales a huir hacia el exilio o a actuar en la clandestinidad. Las detenciones y asesinatos de los principales dirigentes liberales les obligaron a organizarse en logias masónicas y otras sociedades secretas. La masonería, que llegó a España en el siglo XVIII, tuvo en este periodo su mayor difusión, combinando las ideas ilustradas y liberales con rituales esotéricos del gusto de la época e intentando acabar con el absolutismo.
A todo ello debe unirse el descontento de todos aquellos antiguos guerrilleros, que sin ser militares profesionales, se habían distinguido en la guerra de la Independencia. A la vuelta de Fernando VII, muchos de ellos fueron olvidados y relegados a puestos vacíos de poder y sin relevancia. Además, el regreso de Francia de oficiales prisioneros ocasionó que muchos se quedaran sin empleo. Muchos de ellos se unieron a las sociedades secretas que aspiraban a un cambio de sistema.
De este modo, se produjeron constantes pronunciamientos para restablecer la Constitución de 1812 y el gobierno liberal. El pronunciamiento era una acción liderada por jefes militares, y con apoyo civil en las ciudades (organizado por sociedades secretas y clubs de patriotas) con el objetivo de derrocar al gobierno y sustituirlo por otro afín. Desde 1814 se produjeron diversos pronunciamientos encabezados por mandos liberales (Milans del Bosch y Espoz y Mina en 1814, Díaz Porlier en 1815, Milans, Lacy y Riego en 1817…). Todos ellos fracasaron y fueron seguidos de una fuerte represión, excepto el impulsado por Riego en 1820, que abrió paso a una nueva etapa liberal.
El Trienio Liberal (1820-1823)
El 1 de enero de 1820 triunfó un pronunciamiento encabezado por el coronel Riego al frente de una compañía de soldados acantonados en Cabezas de San Juan (Sevilla), que habían de embarcar para ir a combatir a las colonias americanas y que recorrieron Andalucía proclamando la Constitución de 1812. La pasividad del ejército, la actuación de la oposición liberal en las ciudades y la neutralidad de los campesinos obligaron al Rey a aceptar, el 10 de marzo, convertirse en monarca constitucional.
La Intervención Militar de la Santa Alianza
Las demandas de ayuda de Fernando VII a la Santa Alianza dieron lugar a la formación de un ejército francés, los Cien Mil Hijos de San Luis, bajo el mando del duque de Angulema, que atravesó los Pirineos en 1823 para restablecer el orden tradicional. La resistencia del ejército liberal fue escasa y no hubo intervención popular ni ayuda británica.
Tras la ocupación, se nombró un Consejo de Regencia y Fernando VII recuperó su condición de monarca absoluto (octubre de 1823). Un nuevo gobierno absolutista derogó las normas y decretos promulgados durante el Trienio e inició la persecución de los liberales, muchos de los cuales se exiliaron a Francia (Martínez de la Rosa, Javier de Burgos, Andrés Borrego…) o al Reino Unido (Blanco White, Alcalá Galiano).
Las Medidas Reformistas
Se formó un nuevo gobierno que proclamó una amnistía, permitió el regreso de liberales y afrancesados, y convocó elecciones, que fueron ganadas por los liberales. Las nuevas Cortes iniciaron una importante obra reformista con el objetivo principal de consolidar la abolición del Antiguo Régimen. Para ello se tomaron las siguientes medidas:
- Supresión de los señoríos jurisdiccionales, mayorazgos y vinculaciones, lo que permitió liquidar el feudalismo en el campo. La tierra se convirtió en mercancía, favoreciendo las relaciones de tipo capitalista entre propietarios y campesinos.
- Reforma eclesiástica, que suprimía los conventos y secularizaba a los frailes. Se llevó a cabo una desamortización de tierras del clero regular, que pasaron al Estado y fueron vendidas a particulares en subasta pública. Con ello se pretendía limitar el poder de la Iglesia, conseguir recursos para la Hacienda y potenciar la producción agraria.
- Reforma del sistema fiscal para aumentar los recursos del Estado y disminución del diezmo que cobraba la Iglesia.
- Eliminación de los gremios y aprobación de la libertad de industria y de circulación de mercancías, lo que favoreció el desarrollo de la burguesía comercial e industrial.
- Instauración de la Milicia Nacional, un cuerpo de ciudadanos armados formado por clases medias urbanas, con el objetivo de mantener el orden público y defender el régimen constitucional.
Oposición y División del Liberalismo
Las reformas suscitaron la oposición de la monarquía y de los absolutistas. Fernando VII había aceptado el nuevo régimen forzado por las circunstancias y paralizó las leyes que pudo mediante el derecho de veto que le otorgaba la Constitución. Las reformas del Trienio, si bien abolían los señoríos jurisdiccionales, no incorporaban aspiraciones básicas del campesinado, como el acceso a la propiedad de la tierra y una efectiva rebaja de los impuestos. Además, las nuevas contribuciones estatales agravaron su situación y el descontento del campesinado se tradujo en protestas y levantamientos.
La nobleza tradicional y la Iglesia, perjudicadas por la supresión del diezmo y los privilegios, y por la venta de bienes monacales, estimularon las revueltas. Consiguieron capitalizar parte del descontento del campesinado y, en 1822, se alzaron partidas realistas en Cataluña, Navarra, Galicia y el Maestrazgo, que llegaron a establecer una regencia absolutista en la Seo de Urgel en 1823. Las dificultades también dieron lugar a enfrentamientos entre los propios liberales, que se dividieron en:
- Los moderados (o doceañitas) que gobernaron hasta 1822. Eran partidarios de reformas más moderadas, que no provocasen conflictos con el rey y los estamentos privilegiados.
- Los exaltados, en buena medida organizados en sociedades patrióticas. Defendían el pleno desarrollo de la Constitución y la aplicación de reformas radicales más próximas a las clases medias y populares. Se enfrentaron a los realistas, a los que derrotaron a finales de 1822.
La Década Ominosa y la Crisis Sucesoria (1823-1833)
Las Dificultades del Reformismo
El regreso al absolutismo fue acompañado de una gran represión de la oposición y de algunos intentos fracasados de insurrecciones liberales. Para ello se creó un cuerpo militar (los voluntarios realistas) encargado de la persecución del liberalismo. Además, se depuró la Administración y el ejército de presuntos liberales y se crearon comisiones de vigilancia y control para sancionar a los desafectos. El ajusticiamiento de Mariana Pineda o el fusilamiento de Torrijos en 1831 se convirtieron en un caso emblemático de la represión fernandina.
En el ámbito político, la monarquía se hallaba ante la dicotomía de rechazar cualquier intento reformista por el temor del auge del liberalismo y la necesidad de adoptar los cambios propuestos por algunos de sus ministros para asegurar el funcionamiento de la maquinaria del Estado. Se propuso una amnistía para superar la coyuntura de violencia y una tímida reforma de la Hacienda para aumentar los ingresos. El gobierno se sentía amenazado y condicionado tanto por las conspiraciones liberales como por los levantamientos de los defensores más radicales del absolutismo.