La Ilustración
La Ilustración fue un movimiento cultural europeo que se desarrolló especialmente en Francia e Inglaterra desde principios del siglo XVIII hasta el inicio de la Revolución Francesa, aunque en algunos países se prolongó durante los primeros años del siglo XIX. Pretendía ilustrar a la sociedad mediante la difusión de la técnica, las artes y el pensamiento. Se caracteriza por su exaltación de la razón, la libertad, el deísmo y la moral laica. Postulaba también un reformismo político moderado que dio lugar al despotismo ilustrado. La Ilustración penetró en España de forma lenta y tardía, durante los reinados de Fernando VI y Carlos III, frenada por la escasa importancia de la burguesía y por la resistencia de sectores de la iglesia y la aristocracia. Los principales representantes de la Ilustración fueron intelectuales como Feijoo, Cadalso, Jovellanos, políticos como Campomanes, Olavide, Aranda y Floridablanca, o financieros como Cabarrús, que analizaron la problemática del país y propusieron reformas para superar su atraso secular. Criticaron a la iglesia, pero aspiraban a una práctica religiosa liberada de supersticiones y defendían la capacidad del rey para invertir en asuntos religiosos (regalismo). Confiaban en el despotismo ilustrado como impulsor de reformas en los diferentes ámbitos de la vida social y económica. Una de sus prioridades era impulsar la educación, para sacar al país de su atraso. En ese empeño se enfrentaron a la iglesia (que controlaba las etapas superiores de la misma), y defendieron la necesidad de desarrollar las enseñanzas técnicas y científicas, así como la apertura a las corrientes intelectuales europeas. También les preocupó el atraso económico, y criticaron el predominio de la propiedad nobiliaria y eclesiástica (tierras amortizadas) y el excesivo control estatal y gremial de las actividades económicas. Los ilustrados criticaron los privilegios de la nobleza y el elevado número de eclesiásticos, y defendieron la dignidad de los oficios mecánicos, consiguiendo que Carlos III aboliese la deshonra legal del trabajo.
El Trabajo de los Indígenas Americanos tras las Conquistas: Las Encomiendas
Los españoles en América aspiraban, entre otras cuestiones, a sacar rendimiento de la conquista y esto no se podía hacer sin el trabajo de los indígenas. Sin embargo, una buena parte de estos, no habituados al trabajo regular, no estaban dispuestos a trabajar voluntariamente, por lo que fue necesario obligarles. La encomienda suponía la entrega, por parte de la corona, de un número de indios a un español en calidad de fuerza de trabajo. Así ocurrió en las Antillas, mientras en el continente, fundamentalmente, en lugar de repartir indios, se adjudicaron a los encomenderos los tributos de un cierto número de indígenas. Los encomenderos tenían la obligación de instituir y evangelizar a los indios, pero reunir en un mismo instrumento la cristianización de los indígenas y la explotación de su fuerza de trabajo resultó un fracaso. Los misioneros (Montesinos, Las Casas) denunciaron la explotación del indio y fueron escuchados en España, contribuyendo así a la mejora paulatina de la situación del indígena americano.
Los Señoríos
El señorío es una institución propia de la Edad Media y la Edad Moderna en España. Surgió en los reinos cristianos del norte peninsular y se extendió con la reconquista al resto del territorio, confirmándose con la monarquía hispánica posterior. El señorío supone el dominio hereditario sobre tierras y las personas que allí habitan, dado por el rey a nobles o eclesiásticos (órdenes militares, abades, obispos, cabildos, monasterios) como recompensa por servicios prestados. Durante la Edad Moderna, la creación de nuevos señoríos respondió a las necesidades financieras de los monarcas, que vendieron a los señores parte de sus dominios, hasta entonces tierras de realengo. Existen dos tipos de señorío: Señoreo Territorial: en el que el señor posee una tierra que explota, o bien directamente con sus siervos, o bien cediendo su explotación a campesinos a cambio de rentas. Señorío Jurisdiccional: el señor tiene privilegios concedidos por el rey, que le autorizan a ejercer funciones públicas, de tipo judicial y político, que son una fuente de poder. El señorío jurisdiccional va acompañado de unos derechos de propiedad sobre una parte de la tierra, lo que se traduce en el cobro de unos cánones por el uso de la misma a los campesinos. Su pervivencia en el tiempo (hasta el siglo XIX) y su carácter de base económica de la posición social de la nobleza, pusieron al señorío en el eje que articulaba los sistemas social, económico y político, por lo que puede considerarse que todos ellos formaban parte de un régimen señorial que caracterizó al Antiguo Régimen en España. Fue abolido por la Constitución de 1812.
Los Decretos de Nueva Planta y el Fin del Foralismo
La muerte sin descendencia en 1700 de Carlos II desencadenó un grave enfrentamiento internacional en torno a las dos candidaturas al trono de España: el archiduque Carlos de Austria y Felipe de Anjou, nieto de Luis XVI de Francia. Felipe de Anjou fue proclamado rey, de acuerdo con el testamento de Carlos II. Pero este hecho no fue aceptado por una gran parte de las potencias europeas (Reino Unido, Holanda, Austria y Saboya), ya que podía suponer la unificación de Francia y la corona española, iniciándose así la Guerra de Sucesión. La guerra concluyó con la firma del Tratado de Utrecht, en 1713, que reconoció a Felipe V como rey y que supuso la pérdida de territorios españoles a favor de Austria (Países Bajos Españoles, Milanesado y las Dos Sicilias) y el Reino Unido (Gibraltar y Menorca). En los Decretos de Nueva Planta, Felipe V impuso el modelo francés de administración centralizada, perdiendo la mayor parte de las regiones sus privilegios, fueros e instituciones propias (Cortes, Diputación y Justicia en Aragón), excepto el País Vasco y Navarra que conservaron sus fueros. Solo pervivió el derecho civil de algunas regiones (como Aragón y Cataluña). Felipe V los impuso, en parte como represalia a la Corona de Aragón que apoyó a su rival durante la guerra, y también como parte de su programa centralizador a imagen del absolutismo francés. Bajo los Borbones, todas las provincias de la corona iban a tener una estructura político-administrativa uniforme y centralizada (Capitanes Generales, Intendentes Reales), basada en el modelo castellano. Esto trajo como consecuencia directa la imposición del castellano como única lengua oficial, o la implantación de un sistema de impuestos de carácter general, el catastro.