La Primera República Española

La proclamación de la República

La proclamación de la República fue la salida más fácil ante la renuncia de Amadeo de Saboya. Las Cortes decidieron someter a votación la proclamación de una república, que fue aprobada el 11 de febrero de 1873. Para presidir el gobierno fue elegido el republicano federal Estanislao Figueras, que contó para gobernar con los miembros de su partido y con algunos republicanos unitarios. Ahora bien, gran parte de la cámara era monárquica y su voto republicano fue una estrategia para ganar tiempo y organizar el retorno de los Borbones. Así, la República nació con escasas posibilidades de éxito, lo que se evidenció en el aislamiento internacional del nuevo sistema.

El intento de instaurar una República federal

Las Cortes se abrieron el 1 de junio de 1873 y el día 7 proclamaron la República Democrática Federal a manos de Estanislao Figueras, el cual dimitió al cabo de unos días dejando el gobierno en Francisco Pi y Margall. Su propósito era emprender grandes reformas: la elaboración de una constitución federal, la separación de la Iglesia y el Estado, la concesión de la independencia a las colonias, la restauración de la disciplina en el ejército y la elaboración de una serie de leyes sociales. Pero los pocos meses que duró la república no permitieron el desarrollo de dicha legislación.

El proyecto de Constitución federal

El aspecto más novedoso era la estructura del Estado. Se establecía que la Nación española estaba compuesta por 17 Estados y declaraba que el poder emanaba de tres niveles: municipios, Estados regionales y Estado federal. Los Estados regionales tendrían autonomía económica, administrativa y política y elaborarían sus propias constituciones (compatibles con la del Estado federal). Por tanto, el proyecto planteaba un Estado no centralista, y recogía tradiciones regionalistas que estarían en el origen de las futuras propuestas nacionalistas.

Los conflictos armados

La Primera República tuvo que enfrentarse a graves problemas. Uno de ellos fue una insurrección carlista: el conflicto armado pasó del enfrentamiento con unas cuantas partidas armadas a un verdadero frente abierto, con un ejército y con el dominio de diversos territorios tradicionalmente carlistas. También continuó la guerra de Cuba (iniciada en 1868) que continuaba extendiéndose.

La sublevación cantonal

La sublevación cantonal provocó la mayor situación de crisis para el gobierno. El cantonalismo era un fenómeno complejo en el que se mezclaban las aspiraciones autonomistas (propiciadas por los republicanos federales intransigentes) con las aspiraciones de revolución social (inspiradas en las nuevas ideas internacionalistas). La proclamación de cantones independientes fue la consecuencia de aplicar de forma radical y directa la estructura federal desde abajo, impulsada por el deseo de avanzar en las reformas sociales.

El presidente Pi y Margall dimitió y fue sustituido por Nicolás Salmerón, quien acabó con la política de negociación e inició una acción militar contra el movimiento cantonalista. Excepto en Cartagena, la intervención militar acabó con la insurrección, pero dio un inmenso poder a los generales y volvió a colocar al ejército como única garantía de orden y barrera contra la revolución social.

Salmerón dimitió al sentirse moralmente incapaz de firmar las penas de muerte impuestas por la autoridad militar contra activistas cantonalistas. La presidencia recayó en Emilio Castelar, dirigente del republicanismo unitario. Así, la República inició un progresivo desplazamiento a la derecha.

Castelar intentó aplicar una política de autoridad y fuerza para controlar los problemas del país y, el 13 de septiembre, consiguió plenos poderes de las Cortes para reorganizar el ejército, obtener un crédito y gobernar con el Parlamento cerrado, que se mantuvo así hasta el 2 de enero de 1874.

El fin de la experiencia republicana

El 3 de enero de 1874 se abrieron las Cortes y el gobierno de Castelar fue derrotado. Era inminente la creación de un gobierno de izquierda, pero Manuel Pavía, capitán general de Castilla la Nueva, exigió la disolución de las Cortes Republicanas invadiéndolas con la Guardia Civil. Los diputados se resistieron en principio, pero abandonaron la Cámara el 4 de enero de 1874.

El poder pasó en los meses siguientes a manos de una coalición de unionistas y progresistas encabezada por el general Serrano, que intentó estabilizar un régimen republicano de carácter conservador. Pero la base social que le podía apoyar ya había optado por la solución alfonista (vuelta del hijo de Isabel II, Alfonso XII).

El 29 de diciembre de 1874, el pronunciamiento militar de Arsenio Martínez Campos en Sagunto proclamó rey de España a Alfonso XII. El 1 de diciembre del mismo año, el príncipe Alfonso de Borbón había firmado el Manifiesto de Sandhurst, que sintetizaba el programa de la nueva monarquía alfonista: un régimen conservador y católico que garantizaría el funcionamiento del sistema político liberal y restablecería la estabilidad política y el orden social.