LA RESTAURACION. Del inicio a la crisis de 1898.

En la historia de España se conoce con el nombre de Restauración el período que va de 1875 a 1931. Este período pasa por dos fases, separadas por la crisis de 1898 (perdida de Cuba y Filipinas). En esta ciudad se trata solo la primera fase, que se caracterizó por la transigencia política y social.

La primera se manifestó en la alternancia política en el poder entre las familias liberales, siempre basada en elecciones fraudulentas. La intransigencia se evidenció en la represión sistemática de los nacionalismos periféricos (vasco y catalán), de las fuerzas obreras y sindicales, y del republicanismo de las clases medias urbanas.

1. LOS HECHOS POLITICOS (1875-1898)

El 29 de diciembre de 1874, el general Arsenio Martínez Campos encabezó un alzamiento en Sagunto y proclamó rey de España a Alfonso XII, hijo de Isabel II. Otros jefes militares se unieron a la proclamación, y el general Francisco Serrano, presidente del Gobierno, fue desautorizado por sus oficiales y se exilió temporalmente. Al día siguiente del golpe, se formo en Madrid un gobierno provisional presidido por Cánovas del Castillo. Este ya gozaba de la confianza de Alfonso XII, a quien había ayudado a redactar el Manifiesto de Sandhurst, hecho público a principios del futuro régimen de la Restauración.

El 9 de enero de 1875, el joven rey entró en España por el puerto de Barcelona, y el día 14 llegaba a Madrid. La dinastía borbónica acababa de ser restaurada.

Los ejes políticos esenciales que marcan la primera fase de la Restauración (1875-1898) son el fin de la guerra carlista, el establecimiento del bipartidismo, la alternancia pacifica en el poder y la política exterior.

1.1. El final de la guerra carlista 

La primera acción política importante del nuevo rey, bajo la dirección de Cánovas, fue desplazarse al norte de la Península para dirigir la guerra contra los carlistas. La llamada Tercera Guerra Carlista (1872-1876), se desarrolló, sobre todo, en Cataluña, el País Vasco y Navarra.

Durante la contienda, don Carlos llegó a establecer un gobierno estable en Estella, emitió moneda y dispuso de poderosos contingentes de artillería y de caballería, que le proporcionaron algunas victorias frente al ejército constitucional, como las de Montejurra, Abárzuza y Lácar, aunque fracasó en los intentos de ocupación de grandes ciudades, como Bilbao y Pamplona.

Mientras Alfonso XII se dirigía hasta la zona del conflicto, ofreció una amplia amnistía, en la que proponía a todos olvidar el pasado y adherirse a la monarquía constitucional que él representaba. Uno de los antiguos líderes del carlismo, el general Ramón Cabrera, acepto la amnistía y también dirigió un manifiesto a las tropas carlistas, en el que invitaba a poner fin a una guerra devastadora sin ninguna esperanza de victoria.

En Cataluña, evolucionaron hacia posturas autonomistas. Los elementos del ideario carlista que propiciaron esta evolución fueron, principalmente, la oposición a las medidas centralistas y uniformistas de los gobiernos liberales, y la defensa de los fueron y privilegios tradicionales. En lo esencial, este ideario también se mantuvo en el País Vasco y Navarra.

Alfonso XII correspondió al gesto de Cabrera reconociéndole todos los títulos, entre los que estaban el de capitán general y el de conde de Morella. Pero el conflicto no se resolvió hasta marzo de 1876, fecha en la que Carlos VII, el pretendiente carlista, vencido definitivamente en el frente del norte, pasó con sus tropas a Francia.

Los carlistas ya no volvieron a levantarse en armas, aunque su pensamiento tradicionalista se mantuvo vivo. A partir de su derrota militar, los carlistas comenzaron a participar en la vida política y se situaron en la extrema derecha del arco parlamentario.

Cánovas aprovechó el fin de la guerra para derogar, en 1876, aspectos esenciales de los fueros vasconavarros, aunque la aplicación de la ley fue una transacción entre fueristas y centralistas: aumentó la intervención del Estado en la administración del País Vasco y de Navarra y se estableció el servicio militar obligatorio y la contribución a los gastos de la Hacienda estatal. Ese nuevo marco de relaciones fiscales fue el llamado Concierto Económico, que mantuvieron luego las diputaciones forales en su relación con el Estado central. En 1878 se decidió que las diputaciones siguiesen recaudando los impuestos generales, comprometiéndose a pagar un cupo

1.2. El bipartidismo

Cánovas del Castillo impulsó un régimen bipartidista inspirado en el modelo inglés, con el fin de acabar con las tensiones que había marcado la política del país a lo largo del siglo XIX, y asegurar la estabilidad del régimen nacido con la Restauración.

Su intención era crear dos grandes partidos políticos que pudieran aglutinar diferentes criterios, siempre y cuando se ajustara a la legalidad que él mismo había diseñado. Esto significaba dejar fuera del sistema a las organizaciones políticas que no aceptaran la monarquía restaurada y la dinastía borbónica. En consecuencia, los partidos que dominaron la escena política durante la Restauración fueron el Conservador y el Liberal, que representaban, respectivamente, a la derecha y a la izquierda dentro del pensamiento liberal.

Cánovas lideró el Partido Liberal Conservador, que estaba formado por personas procedentes del antiguo Partido Moderado, de la Unión Liberal y de un sector del Partido Progresista. El partido

Conservador obtuvo también el apoyo del episcopado y de buena parte del catolicismo no radical.

Sagasta, por su parte, lideró el Partido Liberal, en el que se integraron sectores demócratas, radicales- que habían formado parte de la tendencia izquierdista del Partido Progresista- y del republicanismo moderado. Este grupo político recibió la influencia y el apoyo de los profesionales liberales, los comerciantes, los banqueros, los militares y los funcionarios.

El Partido conservador había ganado las elecciones y, bajo su hegemonía, se redactó la nueva Constitución de 1876. A partir de su aprobación, la vida política del país se basó en la alternancia pacifica de los dos grandes partidos en la gestión del poder del Estado.

El bipartidismo se consolidó definitivamente tras la muerte del rey Alfonso XII, en 1885, sin sucesión masculina y estando la reina embarazada. Los dos grandes partidos acordaron el turno político para garantizar la estabilidad del régimen (en un supuesto acuerdo conocido como Pacto de El Pardo, 1885). Cánovas demostró su habilidad política presentando la dimisión y sugiriendo a la reina regente que encargara la formación de un nuevo gobierno a su rival, el liberal Sagasta. El 17 de mayo de 1886 nacía Alfonso XIII, hijo póstumo de Alfonso XII.

1.3. La regencia de María Cristina. 

A la muerte de Alfonso XII, de acuerdo con la Constitución de 1876, fue designada regente durante la minoría de edad del futuro Alfonso XIII la esposa del rey fallecido, María Cristina de Habsburgo-Lorena.

El primer turno político de la regencia fue de signo liberal (1885-1890). Durante estos años, los liberales, presididos por Sagasta, desarrollaron una intensa actividad legislativa, que culmina con la Ley de Jurados (1887)- que establecía la independencia del poder judicial- ; el Código Cavil (1889) y, especialmente la Ley de sufragio Universal (1890), por la que se ampliaba el derecho a voto a los varones mayores de 25 años. Sin embargo, no aumentó la democratización de la política española, ya que las elecciones continuaron bajo control de los caciques y del Ministerio de la Gobernación.

A partir de 1890, el turno de los dos grandes partidos se realizó por periodos más cortos. El presidente del Gobierno fueron Cánovas o Sagasta, pero estos presentaron su dimisión a la reina regente, bien por acusaciones veladas de corrupción o bien por problemas de disensiones en el seno del partido. Sagasta presentó su dimisión en 1890 porque se descubrió la participación de algunos de sus familiares en determinados negocios favorecidos por el Gobierno. En 1892 fue Cánovas que presentó la dimisión por disensiones con otros dirigentes del Partido Conservador.

En 1897, cuando Cuba estaba otra vez en plena insurrección por la independencia, Cánovas fue asesinado. Según sus allegados, meditaba un plan para superar el problema cubano y la nueva tensión con EE.UU, que apoyaban la insurrección de los independentistas de la isla. Sagasta volvió al poder. Fue el jefe de Gobierno encargado de asumir la derrota española en Cuba en 1898.

1.4. La política exterior 

El reconocimiento que las potencias extranjeras y el conservador papa Pío IX dieron al nuevo régimen y a la monarquía los legitimó ante los sectores católicos españoles.

Otro éxito del nuevo régimen fue la pacificación de cuba, donde, poco después de que en España estallara la Revolución de 1868, había comenzado una guerra de liberación que había

durado diez años y que había empezado con el llamado grito de Yara. El general Martínez Campos fue enviado a la colonia caribeña con el encargo de combatir a los rebeldes y de negociar un acuerdo con ellos. El 12 de febrero de 1878 se firmo la Paz de Zanjón, en virtud de la cual concedían a los cubanos los mismos derechos que a los españoles, con la que llegó, momentáneamente, la tranquilidad de la isla.

2. EL SISTEMA POLÍTICO: La teoría y la práctica

La restauración supuso cierto retorno al conservadurismo anterior al Sexenio Revolucionario, y también consolidó el ciclo de la Revolución Liberal, con la aprobación progresiva de una serie de leyes que se habían propuesto por primera vez, durante el Sexenio.

Durante la Restauración fue posible la pacificación de los diversos sectores dirigentes de la sociedad, ya que se estableció un amplio marco de actuación política. Se llegó a un pacto con la Iglesia y, el Ejército se mantuvo alejado del juego político.

El marco teórico ideados por Cánovas fue la Constitución de 1876. Pero los indudables aciertos mencionados se vieron menoscabados por el falseamiento sistemático de los procesos electorales.

2.1. El ideario de Cánovas

Cánovas fue un hombre práctico en política. Este político, encargado de dirigir el país y de dotarlo de un nuevo marco político de actuación, creyó que los principios como la patria, la monarquía, la dinastía histórica, la libertad, la propiedad y el gobierno conjunto del rey con las Cortes eran incuestionables y claves en la organización política, por lo que tenían que formar parte de la Constitución de manera indiscutible.

En consecuencia, Cánovas sostenía que los sectores que no los aceptaran no podían tener cabida en el sistema de la Restauración ni en la elaboración de la Constitución. Pero, salvo estos fundamentos básicos, las demás cuestiones del Estado sí podían ser objeto de debate político. Gracias a esta actitud, el nuevo régimen consiguió aglutinar a la mayor parte de la clase política dentro del juego institucional.

2.2. La Constitución de 1876

La Constitución empezó a debatirse en febrero de 1876. A pesar de que los conservadores tenían mayoría absoluta en el Parlamento, cedieron con frecuencia a las propuestas de la oposición. El resultado fue que, aparte de los principios que Cánovas consideraba básicos, como la monarquía borbónica o la legislación conjunta del rey con las Cortes, los principales temas ideológicos en los que se oponían los dos partidos dinásticos, es decir, conservadores y liberales, fueron objeto de negociación mediante una redacción flexible. Las divergencias más importantes se centraron fundamentalmente, en el concepto de soberanía, el sistema electoral –los conservadores proponían el sufragio censitario, mientras que los liberales defendían el sufragio universal masculino- y la confesionalidad del Estado.

Algunas de estas divergencias se solucionaron mediante una redacción esquemática de los artículos que dejaba su concreción para leyes posteriores. De esta forma, cada gobierno podría adoptar la formulación que mejor se adecuara a su ideología. Un ejemplo de ello es el artículo 27, que hace referencia a la elección al Congreso de los Diputados.

En cuanto a la religión, se llegó a una solución de tolerancia mutua. Por una parte, el Estado se declaraba confesional y se obligaba a mantener el culto católico y a sus ministros, aspecto que identificaba a los conservadores. Pero, por otra parte, los liberales conseguían la libertad de conciencia (articulo 11 de la constitución)

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Muchos de los contenidos expresados en los artículos de la Constitución de 1876 ya se encontraban en la de 1869, y en algunos no se introdujo ninguna modificación. Las diferencias fundamentales radicaban en el papel y en las atribuciones que se adjudicaban a la monarquía, más amplias en la Constitución de la Restauración.

2.3. La práctica: legislación y caciquismo.

La Restauración supuso el retorno a la sociedad liberal moderada anterior a 1868, pero con nuevas formas de conducir la política. Se trataba de evitar los enfrentamientos que habían conducido a la Revolución de Septiembre y que habían hecho peligrar no solo a la dinastía borbónica, sino a la propia monarquía, Ello había exigido reconciliar a todos los monárquicos, garantizar el sometimiento del Ejército a la autoridad civil, conseguir el acercamiento de la Iglesia y recuperar la confianza de la alta burguesía, que ya antes había apoyado a Isabel II. Pero esa confianza solo se ganaría si los gobiernos de la Restauración garantizaban la estabilidad. Los repetidos bandazos políticos, las guerras, los desordenes y las revoluciones, especialmente la que mas alarmaba a la burguesía, la revolución social, tenían que ser erradicados para siempre. Todos los esfuerzos del sistema canovista habían ido en esa dirección y eso se reflejo especialmente en las medidas legislativas, tendentes a potenciar la estabilidad, y en el descarado control de los resultados electorales, que garantizó la permanencia en el poder de los dos partidos que encanaban la política de la Restauración.

Con la Constitución de 1876, cada Gobierno pudo legislar de acuerdo con sus ideas, pero manteniendo cierto respeto hacia la obra que había realizado anteriormente el adversario. Los gobiernos conservadores aprobaron la Ley Electoral de 1878, de carácter censitario, la de la imprenta, la de la prensa y la que regulaba las reuniones publicas. Por su parte, los gobiernos liberales legislaron desde una óptica mas progresista, como en el caso de la legislación sobre libertad de reunión y expresión (1881), la Ley de Prensa de 1883, la Ley de Asociaciones de 1887, la que instauraba los juicios con jurado (1888), el Código Civil (1889) y la Ley Electoral de sufragio universal masculino (1890).Pero ninguno de los dos tipos de sufragio preveía la participación de las mujeres, que representaban mas del 50% de la población. Y con el sufragio censitario, solo tenía derecho a voto alrededor de un 5%.

Durante el periodo de Restauración, independientemente del tipo de sufragio, las elecciones nunca fueron transparentes. El mecanismo político era siempre el mismo: si un presidente del Gobierno se veía obligado a dimitir, el rey encargaba la formación de un nuevo Gobierno al líder de la oposición, quien disolvía las Cortes y convocaban unas elecciones que siempre ganaba por mayoría absoluta, ya que las organizaba desde el Ministerio de la Gobernación con

la colaboración de los alcaldes, los gobernadores civiles y los caciques de los pueblos y de las ciudades.

La España oficial se divorciaba cada vez más de la España real, y el sistema parlamentario se desprestigió por la práctica del falseamiento electoral y del caciquismo. Este fue el instrumento que permitió a la clase política, en estrecha relación con los grupos sociales y económicos dominantes dominar el sistema político. El turno en el poder entre liberales y conservadores aseguró una tranquila continuidad de la Restauración a pesar de la violación sistemática del sistema electoral y representativo. La organización de los partidos turnantes, controlada por los notables provinciales o locales, se ponía en marcha en periodos electorales.

La decadencia del republicanismo después de la frustrante experiencia de la Primera Republica y sus divisiones internas lo empujaron a la marginación política durante este periodo. El cambio del partido político en el gobierno implicaba el cese de gran numero de funcionarios adeptos al Gobierno saliente, que se convertían en los llamados cesantes, figura muy presente en la literatura de la época

3. LOS NACIONALISMOS PERIFERICOS

El liberalismo español del siglo XIX, tanto en su vertiente moderada como progresista, se había basado en una idea centralista del Estado y de la nación. Incluso entre los demócratas y republicanos predominaba el sentido centralista y unitario del Estado. Sin embargo, los carlistas, en la extrema derecha, propugnaban una idea de España como unión de territorios, manteniendo sus fueros medievales, y los federales, dentro del republicanismo, tenían una idea de España como unión de estados libremente asociados. El sistema de la Restauración consagró otra vez el centralismo en su Constitución, con medidas como la abolición definitiva de los fueros vasconavarros tras la victoria militar frente al carlismo.

En esta situación, movimientos de recuperación cultural y lingüística que se venían produciendo en varios territorios del Estado adquirieron poco a poco tintes políticos. Surgieron, así, los regionalismos como movimientos que reclamaban formas de autogobierno en los territorios con lengua propia y señas de identidad y tradiciones peculiares y arraigadas, especialmente en el País Vasco, Cataluña y Galicia. Su base social, en un principio, fue la pequeña burguesía, el campesinado y sectores del clero, ampliándose después sus apoyos entre la alta burguesía e incluso el proletariado en el caso catalán, ya entrado el siglo XX.

3.1. El regionalismo y el nacionalismo catalán. 

En Cataluña, ya desde 1830, a partir de la preocupación por la lengua y la cultura catalanas, fue surgiendo un movimiento cultural: la Renaixença, que abarcaba diferentes campos de la actividad intelectual –historia, literatura, artes…– que tuvieran relación con Cataluña. En torno a este movimiento se fueron concitando aspiraciones sociales muy diversas. En su conjunto, estas aspiraciones fueron conocidas, indistintamente, como regionalismo, nacionalismo o catalanismo, siendo esta última acepción la que mejor expresa su sentir general.

El carlismo y el federalismo también están en los orígenes del catalanismo. Los carlistas aspiraban a la recuperación de instituciones tradicionales y de los fueros. Los federales, alentados por la obra de Pi i Margall (Las nacionalidades), fueron mayoritarios en las elecciones de 1869 como Partido Republicano Democrático Federal, fundándose por entonces una organización política pionera, La joven Catalunya (1870), con Àngel Guimerà.

Tras la caída de la República, en 1874 y la derrota del carlismo, en 1876, se desarrolló un regionalismo prenacionalista, que se puede denominar genéricamente catalanismo político. Lo catalanisme, de Valentí Almirall en 1886, y La tradició catalana, obra del obispo Torras i Bages en 1892, fueron las obras que influyeron ideológicamente en el movimiento. En 1896, el Compendi de la doctrina nacionalista, de Enric Prat de la Riba, fue una obra fundamental que expresaba el regeneracionismo de fin de siglo.

Almirall fue el creador del catalanismo «moderno», de orientación federalista, para superar y unificar las distintas posiciones de las burguesías particularistas. En Lo catalisme defendía el respeto y el fomento de las costumbres tradicionales de los comarcas forales frente a la división artificial en provincias, para que Cataluña recobrara su personalidad y particularismos. Fundó en 1882 el Centre Català, como una organización patriótica que estuviera por encima de los partidos existentes y que uniera a la burguesía federal con la conservadora.

En 1887, los conservadores fundaron la Lliga de Catalunya y, con motivo de los Juegos Florales celebrados en la Exposición Universal de Barcelona, presentaron a la reina regente, María Cristina de Habsburgo, un programa regionalista (Memorial de Greuges) que mantenía, al mismo tiempo, la fidelidad a la monarquía y la búsqueda de una amplia autonomía, según el modelo del imperio austriaco respecto a Hungría en 1867.

En 1891, el Centre y la Lliga, gracias a la gestiones de Prat de la Riba, se fundieron en la Unió Catalanista. En su primera asamblea, celebrada en Manresa en 1892, se redactaron las Bases de Manresa para una constitución regional catalana, como síntesis de la concepción federal de integración del Estado catalán en el Estado español y de las ideas del catalanismo conservador.

3.2. Los inicios del nacionalismo vasco.

El nacionalismo vasco surgió, especialmente, a partir de la defensa de los fueros. Tuvo peculiaridades distintas del catalán y sus bases eran, sobre todo, el clero, el campesinado y la pequeña burguesía. La abolición de los fueros históricos, en 1876, generó una sensación de derrota y de idealización del pasado, que llevó a mantener como reivindicación la recuperación íntegra de los fueros. Los perdedores de la guerra carlista soñaban con un País Vasco tradicionalmente agrario, contrario al fenómeno urbano y su industria, para quienes la defensa de los fueros totales equivalía a defender la esencia de «lo vasco». Sus enemigos, por tanto, eran el gobierno liberal español y la inmigración.

El propulsor del nacionalismo vasco, Sabino Arana, a partir de un fuerismo tradicional en la década de 1890, recogió y formuló estas ideas que flotaban en la sociedad: para un pueblo «diferente» -de raza y, sobre todo, de lengua distinta- recuperar los fueros totales era recuperar la plena soberanía, lo cual significaba independencia. El lema nacionalista vasco «Dios y Ley Vieja», o sea, fueros y tradicionales. Este primer nacionalismo es, pues,

tradicionalista e integrista católico, y contrario a la industrialización, al liberalismo, al socialismo y a España.

El 31 de julio de 1895 se fundó el Partido Nacionalista Vasco (PNV) con una declaración antiespañola y con una voluntad de restaurar en el territorio las leyes tradicionales. Pero el partido no evolucionó mientras se apoyó solamente en la pequeña burguesía bilbaína tradicionalista. Con el ingreso del naviero De la Sota en 1898, el PNV amplió sus bases hacia una burguesía más moderna e industrial. Ingresó en el partido el grupo fuerista de la Sociedad Euskalerria de Bilbao, con su semanario Euskalduna. Apareció, entonces, la tensión interna entre los defensores de la independencia y los que buscaban, como objetivo más viable, la autonomía dentro del Estado español.

Estos últimos, urbanos, industriales y con dinero imprescindible para el partido, se impusieron en el control del PNV y se acomodaron a una estrategia autonomista similar a la del catalanismo, copiando la idea de «rehacer España» desde, en este caso, el País Vasco. A partir de entonces, el PNV comenzó a tener ciertos éxitos en las elecciones municipales y a ostentar cargos incluso en las diputaciones. El propio Sabino Arana consiguió un escaño en la Diputación de Vizcaya en 1898.

De este modo, se configuraron dentro del PNV dos tendencias que se mantendrían en el futuro: la de una dirección reivindicativa ante el Gobierno central y la de unas bases independentistas que apoyaban la política moderada de su dirección ante el Gobierno central, pero, pero cultivaban la aspiración final a la soberanía y a la independencia.

3.3. Otras expresiones nacionalistas 

En Galicia, las bases del nacionalismo se encuentran en el resurgimiento de la lengua literaria (Rexurdimiento) y en los últimos federalistas. Escritores como Rosalía de Castro y Manuel Murguía dignificaban la lengua y otros, como Alfredo Brañas, formulaban las aspiraciones políticas del primer regionalismo gallego. En 1889, Brañas publicó El regionalismo, como primera teorización sobre el problema. En 1890 se creó finalmente el embrión político del galleguismo en la Lliga Regionalista Gallega. Sin embargo, este movimiento tuvo un lento desarrollo y no se amplió hasta bien entrado el siglo XX.

En otros territorios, como Andalucía y en Valencia, surgieron también corrientes poco organizadas y de escasa presencia política reivindicando la descentralización política y formas de autogobierno, en la línea de la tradición federal.

En Andalucía, el regionalismo comenzó a partir de los movimientos cantonalistas de 1873. Para Blas Infante, esta es la fecha fundamental para la formación en la conciencia andaluza en el marco de una República federal. El primer acto andalucista clave fue Antequera (1883), donde se proclamó la Constitución Federalista Andaluza y se solicitó expresamente una «Andalucía soberana y autónoma». Sin embargo, no se consolidó un partido autonomista burgués. Blas Infante, en su obra El ideal andaluz, defendió que la libertad de la tierra es necesaria para la libertad de las personas

4.LA OPOSICIÓN AL RÉGIMEN DE LA RESTAURACIÓN. 

Además de los nacionalismos periféricos, el régimen político de la Restauración tuvo frente a sí a dos sectores que no entraron en el sistema: el carlismo radical y el republicanismo.

4.1. El carlismo

El carlismo o «tradicionalismo» de hecho estuvo dividido entre un ala intransigente y otra colaboracionista con el régimen. Los intransigentes estaban liderados por Cándido Nocedal (1821-1885), que representaba los intereses dinásticos del pretendiente don Carlos (llamado Carlos VII por los carlistas). Nocedal combatió duramente contra el régimen liberal de la Restauración y con un especial encono a los católicos que colaboraban con él. El otro ala del tradicionalismo, los colaboracionistas, fundada en 1881 por Alejandro Pidal y Mon (1846-1913), se manifestó dispuesta a colaborar con el régimen con su presencia en el Parlamento, aunque no renunciara a los postulados ideológicos del tradicionalismo. Esta división del carlismo se acentuará cuando Ramón Nocedal, hijo del anterior, se deslizó hacia la extrema derecha, supeditando la devoción dinástica a lo que él consideró la verdad católica en su integridad. Nació así el llamado «integrismo», que, si bien no tuvo un desarrollo político digno de mención, influyo de manera importante algunos sectores del catolicismo español.

4.2. El republicanismo.

Al régimen político de la Restauración también se opusieron sectores de las clases medias que, por razones ideológicas o económicas, discrepaban de la política de los gobiernos del turno. La oposición republicana fue la que canalizó políticamente este descontento aunque se manifestó también dividida en varias tendencias.

Por una parte, Emilio Castelar formó un partido republicano conservador con la intención de participar en el sistema político. Cuando el Partido Liberal de Sagasta legisló a favor del sufragio universal y del jurado –viejas aspiraciones de la Revolución de 1868-, Castelar disolvió su partido por entender que se habían conseguido sus objetivos políticos en el nuevo orden constitucional.

Otra tendencia republicana de corte federalista continuó bajo el liderazgo de Pi i Margall. Este no recurrió a la oposición violenta, pero se opuso al sistema con tenacidad impulsando el Partido Republicano Federal por medio de una intensa difusión en la prensa, en publicaciones y también a través de su actividad parlamentaria y organizadora.

También se debe mencionar a Manuel Ruiz Zorrilla, fundador del Partido Republicano Progresista. Organizó desde el exilio una corriente republicana que practicó la conspiración e indujo al pronunciamiento militar

El núcleo más eficiente de la oposición republicana se agrupó bajo el liderazgo de Nicolás Salmerón. Vivió exiliado hasta la amnistía que Sagasta otorgó en 1881, año en que recuperó su cátedra de Metafísica. Fue elegido diputado en 1883 e ininterrumpidamente desde 1892 hasta 1907. En palabas del historiador Claudio Sánchez de Albornoz, «se convirtió en la sombra de la república que un día habrá de llegar»

5. ANDALUCÍA DURANTE LA RESTAURACIÓN. 

En el periodo comprendido desde el inicio de la Restauración a la crisis de 1898, en Andalucía se reprodujo fielmente el sistema bipartidista estatal, con un predominio de los conservadores; el fenómeno del caciquismo adquirió una gran relevancia en nuestra comunidad, sobre todo en el medio rural, y frente a ello se aprecia una influencia creciente de las ideas republicanas. Numerosos políticos andaluces desempeñaron importantes cargos en los gobiernos y en la Administración estatal (Cánovas del Castillo, Romero Robledo, López de Carrizosa), pero este hecho reportó pocos beneficios a nuestra comunidad.

En esta época surge el sentimiento regionalista andaluz, que asentará las bases del nacionalismo del siglo XX.

5.1. Oligarquía y caciquismo.

Durante la Restauración, Andalucía reflejó de forma clara el bipartidismo estatal. El Partido Conservador estaba integrado por los grandes terratenientes, herederos de la nobleza histórica, y por la burguesía agraria, que constituían lo que se ha denominado «oligarquía», débil numéricamente, pero con gran poder económico, político y social. La burguesía urbana industrial, dedicaba a los negocios, se identificaba con el Partido liberal. En todo el periodo predominaron las candidaturas conservadoras, incluso en momentos de gobiernos liberales. Las ideas republicanas arraigaron en la comunidad aunque, debido al férreo control de las elecciones, no lograron obtener un número significativo de representantes, exceptuando las elecciones celebradas en 1891. Especial protagonismo tuvo el Partido Federal, que se consideraba heredero de los junteros liberales y que enlazaban con los republicanos de los años sesenta y setenta. La aportación más importante del republicanismo andaluz fue el proyecto de la Constitución Federal, aprobado en Antequera en 1883, en el que se planteó una organización política a partir de la autonomía de los municipios y los cantones en el contexto de una federación andaluza.

En esta situación política alcanzó una gran relevancia el «caciquismo», muy arraigado en Andalucía, especialmente en el campo, donde había tejido una red de influencias y poder, controlando instituciones como la justicia o la Guardia Civil. Este hecho se vio favorecido por las altas cotas de analfabetismo en la población, por el dominio que los propietarios de la tierra ejercían sobre el mercado de trabajo (por lo que controlaban el voto) y por la creciente influencia en el campo de las ideas anarquista, que preconizaban el rechazo a participar en la vida política. Asociado a la oligarquía y al caciquismo surgió una figura característica de este periodo, «el señorito», con un gran poder económico y ascendencia sobre la población.

5.2. Orígenes del nacionalismo andaluz

Las primeras ideas andalucistas responden a las iniciativas de una serie de personalidades de a pequeña burguesía, de las clases medias urbanas, entre las que podemos citar a Antonio Machado y Núñez, a Antonio Machado Álvarez (abuelo y padre, respectivamente, del poeta Antonio Machado) o a José María Asensio y Toledo.

Publicaciones como la Revista Mensual de Filosofía, Literatura y Ciencias (1869) o instituciones como la Sociedad Antropológica Sevillana (1871) y Folklore Andaluz (1881) también ayudaron a impulsar estas ideas, que no rebasaron los restringidos círculos de la intelectualidad progresista de unas cuantas ciudades.

Este incipiente movimiento andalucista se desarrolló de una forma intermitente y al margen de las corrientes políticas y sociales del momento. El proletariado urbano y campesino estaba más preocupado por reivindicar sobre lo inmediato y lo cotidiano (jornales, trabajo, reparto de tierras); por su parte, la oligarquía agraria dedicaba su atención a controlar la actividad política, siguiendo fielmente las directrices que llegaban desde Madrid. En cualquier caso, estas iniciativas constituirán la base a partir de la cual se configurará el nacionalismo andaluz del siglo XX.

6. EL DESASTRE DEL 98

A finales de 1890, el enfrentamiento entre los dirigentes políticos, una relativa depresión económica y, sobre todo, la guerra de Cuba, empezaron a minar el sistema de la Restauración.

Desde 1868, las insurrecciones cubanas habían sido casi permanentes y fueron sofocadas tanto por la vía militar como mediante pactos políticos. Pero en 1895 (24 de febrero), con el llamado «grito de baire» -un pronunciamiento público por la independencia de la isla- a los rebeldes se les unió un intelectual de categoría: José Martí. No se trataba ya de acciones aisladas: la insurrección se extendió como un reguero de pólvora por la manigua. Participaban en la revuelta la pequeña burguesía independentista y, especialmente, los elementos más populares de la sociedad isleña.

El Gobierno español envió soldados bajo las órdenes del general Martínez Campos, que en ocasiones anteriores había conseguido sofocar otras rebeliones. La táctica del general, a base de combinar negociaciones con operaciones militares, esta vez no dio resultado alguno. A finales de 1895, Martínez Campos había fracasado en su intento de controlar la isla.

Tanto Cánovas como Sagasta estaban dispuestos a otorgar a los cubanos concesiones mayores de las que habían gozado tras la Paz de Zanjón (1878). Pero ambos gobernantes españoles coincidían en no ceder un palmo de soberanía. «Cuba es España» como se repetía una y otra vez en los discursos parlamentarios. La respuesta fue, pues, militar. Como nuevo jefe de operaciones fue designado el general Valeriano Weyler.

A pesar de que el general Weyler parecía controlar la insurrección, a comienzos de 1897 dos circunstancias dieron al traste con el dominio militar de la isla. Por una parte, los liberales, en la oposición, empezaron a distanciarse de la política de Cánovas y a pedir una acción más política que militar. Por otra, en Estados Unidos ganaron las elecciones los republicanos. El nuevo presidente, McKingley, era partidario de intervenir en la contienda y de sustituir a los españoles en el dominio de la isla.

En agosto de 1897, tras el asesinato de Cánovas, subió al poder Sagasta, quien intentó solucionar el problema cubano por medios políticos tal como había preconizado desde la oposición. Para ello se publicó una nueva Constitución para Cuba, donde quedaba establecido que era un Estado autónomo dentro de la corona española. Sus habitantes tendrían idénticos derechos que los peninsulares, podrían elegir una cámara de representantes y contarían con un gobierno propio más un gobernador general, cargo similar

 al del virrey. El 1 de enero de 1898 tomó posesión el nuevo gobierno insular, pero la tensión política resultó insoportable y, a la menor provocación, estallaban conflictos violentos entre los españoles residentes en la isla, el ejército y los cubanos.

En la batalla naval de Santiago de Cuba (3 de julio de 1898), la flota española sucumbió ante la potencia de los barcos de Estados Unidos y el Gobierno español no tuvo más opción que pedir la paz. En la Paz de París (10 de diciembre de 1898), España perdía definitivamente todas sus posesiones de ultramar: Cuba y Puerto Rico, en las Antillas, y Filipinas (donde la flota española fue derrotada por la estadounidense en la batalla naval de Cavite) y las islas Marianas, en el Pacifico. Las perdidas económicas como consecuencia de la derrota fueron limitadas y la economía española se recupero rápidamente.

Estas derrotas tan espectaculares conmovieron a la opinión pública española y se perdió el ambiente de confianza que se había vivido con la Restauración. Propiciaron la critica al sistema y la aparición de la idea de regeneracionismo del país mediante el saneamiento de la Hacienda, el crecimiento económico, la mejora de la educación, etc.

La perdida de las colonias supuso, también, un duro revés para las exportaciones de industrias españolas, que tenían allí importantes mercados y eran lugar de producción de determinados productos y materias primas.