La Revolución Liberal en España: Transformación Económica y Social durante el Reinado de Isabel II

La Revolución Liberal: Transformación Económica y Social

Además de la construcción de un régimen liberal amparado en una constitución, la revolución liberal suponía también una redefinición económica y social. En el ámbito económico, se buscaba construir una propiedad privada sagrada e inviolable, pero que a la vez fuera libre y pudiera disponerse de ella en el mercado como mercancía. En el ámbito social, se pretendía pasar de una sociedad estamental, de privilegios en función de la sangre, a una sociedad de clases, donde la libertad y el mérito personal fueran los principios fundamentales. El resultado será, en ambos casos, precario e insuficiente: de la misma manera que la revolución política será problemática y terminará en un liberalismo conservador y limitado (liberalismo doctrinario), a nivel económico y social se producirá una transición pactada del antiguo al nuevo régimen, conservándose elementos del mundo anterior.

La construcción de esta nueva sociedad liberal limitada se llevó a cabo durante el reinado de Isabel II por primera vez.

Transformaciones Económicas

En este sentido, a nivel económico destacan las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, aunque con casi veinte años de distancia entre una y otra. Paralelamente, correría la desvinculación de los bienes inmuebles nobiliarios.

Las Desamortizaciones

Las desamortizaciones trataron de transformar la propiedad amortizada, o de manos muertas, en propiedad libre y de mercado. La propiedad amortizada era aquella que, acumulada con el paso de los siglos, no podía comprarse ni venderse, sino que de forma inalienable pertenecía a su propietario. Asimismo, la propiedad vinculada era aquel patrimonio familiar que se transmitía de generación en generación, mediante instituciones como el Mayorazgo, y que no podía modificarse en modo alguno. Esto afectaba a gran cantidad de propiedades de la nobleza, la Iglesia y los ayuntamientos. Por tanto, el liberalismo pugnaría por transformar todo ello en propiedad libre, es decir, mercancía que pudiera libremente disponerse de ella en el mercado.

La Desvinculación

Para la desvinculación era necesario acabar con el régimen señorial o los señoríos, cosa que tras varios años de pugna se logra en 1837: suponía en la práctica que las propiedades de los nobles se transformaban en bienes de mercado, pero no cambiaba de propietario a no ser deseo del mismo. Siguientemente, se terminó con el Mayorazgo, proceso culminado en 1841.

El Proceso Desamortizador

A su vez, el proceso desamortizador de bienes eclesiásticos y de los ayuntamientos fue una de las medidas más trascendentales del siglo XIX. El hecho de desamortizar tales bienes suponía dos momentos bien diferenciados:

  1. La incautación por parte del Estado de esos bienes, por lo que dejaban de ser de manos muertas para ser bienes nacionales.
  2. Su subasta pública para que accedieran al mercado libre de la propiedad privada. Lo obtenido en la subasta serían ingresos para el Estado.
La Desamortización de Mendizábal (1836)

Fue la más famosa, por la enorme polémica que suscitó y la tensión que generó con la Iglesia católica. En un contexto de guerra carlista, el gobierno liberal de Mendizábal encontró cuatro motivos por los que llevar a cabo la desamortización:

  • Transformar la propiedad siguiendo la lógica de mercado libre.
  • Obtener recursos para un Estado necesitado de ingresos y de crédito en el extranjero.
  • Ganarse apoyos entre los liberales deseosos de crear un mercado nacional.
  • Método punitivo contra las órdenes religiosas que, en su mayoría, apoyaban al carlismo.

El decreto desamortizador puso en venta todos los bienes del clero regular. De esta forma quedaron en manos del Estado y se subastaron no solamente tierras, sino casas, monasterios y conventos, incluyendo enseres, obras de arte y libros. La tensión con la Iglesia se resolvería en época de los moderados, cuando se llegue al Concordato de 1851, donde la Iglesia aceptaría la desamortización como un hecho consumado a cambio del mantenimiento del clero por parte del Estado.

La Desamortización de Madoz (1855)

El ministro de Hacienda, Pascual Madoz, puso en venta todos los bienes de propiedad colectiva: la de los eclesiásticos de la etapa anterior que no hubieran sido desamortizados y la de los ayuntamientos (bienes de propios y de comunes), esta última se extendería hasta el año 1924. A pesar de las similitudes, hubo una diferencia importante frente a la desamortización de Mendizábal: los recursos fueron dedicados no a la Hacienda sino a la expansión del ferrocarril y la industrialización del país, así como a la creación de bonos del Estado con los que este trataría de custodiar los fondos de los ayuntamientos.

Resultados de las Desamortizaciones

En términos generales, los resultados de las desamortizaciones son claros. Destaca el hecho de que los grandes beneficiarios fueron la burguesía adinerada, capaz de comprar en pública subasta los bienes. De esta manera, no se resolvió el problema del hambre de tierras del campesinado español, dado que no se pretendió hacer una reforma agraria de largo alcance (lograr repartir las tierras de manera más proporcionada), sino sufragar las necesidades del Estado liberal en construcción.

De esta manera, se consolidará la existencia de un campesinado proletarizado (más de dos millones, aproximadamente), que no tendrán tierras propias y trabajarán, en condiciones pésimas, las tierras de una nueva burguesía terrateniente. No obstante, la estructura de propiedad varió poco: minifundios en el norte y latifundios en centro y sur peninsulares. Además, causará un aumento de la superficie de tierra cultivada y una mayor productividad en nuestro país, dado que nuevos propietarios trabajaran tierras nunca hasta entonces labradas. Finalmente, tuvo un impacto importante en la pérdida y expolio de parte del patrimonio artístico y cultural que conservaba la Iglesia española.

De la Sociedad Estamental a la Sociedad de Clases

La transformación de la sociedad española al nuevo régimen supuso cambios, aunque también adaptaciones de lo antiguo, de forma que el paso a una sociedad de clases fue complejo, y a menudo, precario. En términos generales, será una sociedad de clases con muchas inercias previas, y por tanto podemos hablar de transición pactada para que antiguas élites estamentales se acomoden en la nueva sociedad de clases.

Como nueva sociedad de clases, los nuevos principios de la misma no serán ya los de sangre, sino la libertad e igualdad ante la ley por el hecho de ser ciudadano, y por ende desaparecen los estamentos y los privilegios del Antiguo Régimen. Esto abre la posibilidad de una intensa movilidad social en función de la riqueza obtenida y el mérito. No obstante, observamos una composición social dada por el devenir de la sociedad española.

Clases Altas

En la cúspide estarían las clases altas, formadas por la nobleza y la gran burguesía. La primera, vieja élite dominante, detentadora de latifundios, se adaptará al mundo moderno, especialmente tras la desvinculación de sus señoríos. En buena medida seguirán copando los puestos de control social y político gracias al propio sistema político conservador (especialmente con los moderados), y al pacto con la nueva burguesía pujante, con quien compartirá el poder y se reflejará en los espacios de sociabilidad e, incluso, alianzas matrimoniales.

Por su parte, la gran burguesía será nueva élite gracias al surgimiento del mercado libre y sus negocios, así como al proceso desamortizador. En buena medida tratará de imitar los patrones de la vieja élite, la nobleza. A estos dos grupos se añaden los mandos militares, de enorme importancia social y política, y los altos cargos eclesiásticos, sobre todo tras el Concordato de 1851.

Clases Medias

En un nivel intermedio tenemos una rica variedad social, desde burguesía local y regional, hasta pequeños comerciantes, profesionales liberales, propietarios rurales acomodados, artesanos y pequeños fabricantes. Asimismo, todo un cuerpo de funcionarios públicos que crecen al calor del nuevo Estado liberal. No obstante, esta variedad no esconde su escaso número: las clases medias son una minoría en la España isabelina. Al calor de esta nacen nuevas formas de ocio urbano que eclosionarán en el siglo XX.

Clases Bajas

nos encontramos dos grandes grupos: el campesinado y las clases humildes urbanas. El primero era tremendamente numeroso, mayoría social en España. Trabajaban o bien minifundios en el norte, con escasas rentas para vivir, o las tierras del propietario rural en condición de jornaleros y otras categorías. En ambos casos, especialmente en el último, hablamos de pobreza y hambre, por no mencionar situaciones diversas de explotación. Este grupo mantiene unas formas de vida y cultura tradicionales, alejados de la alfabetización y la vida urbana. El segundo grupo, clases pobres urbanas, está copado por proletarios de los tímidos sectores fabriles, mineros, albañiles, antiguos artesanos, servicio doméstico, dependientes de comercio, etc. Vivían con condiciones laborales precarias y de inseguridad laboral, compartiendo clandestinamente trabajo con mujeres y niños. Muchos de ellos son emigrantes de provincia que pueblan los bares y tabernas urbanos en situación de desarraigo pronunciado.