La Proclamación de la Segunda República y el Período Constituyente (1931)

El 12 de abril de 1931 se celebraron elecciones municipales mediante sufragio universal masculino. En las grandes ciudades y capitales de provincia triunfaron mayoritariamente las candidaturas de la conjunción republicano-socialista. El 14 de abril por la mañana, en la localidad de Éibar (Guipúzcoa), se proclamó la República, y a lo largo del día le siguieron otras ciudades importantes. Ante esta situación y la falta de apoyo, el rey Alfonso XIII renunció a la potestad real y partió al exilio ese mismo día.

Los representantes de los partidos firmantes del Pacto de San Sebastián (agosto de 1930) formaron un Gobierno provisional, presidido por Niceto Alcalá Zamora, y se proclamó oficialmente la Segunda República Española. El nuevo Gobierno convocó elecciones a Cortes Constituyentes para el mes de junio y, mientras tanto, decretó una serie de medidas urgentes:

• Amnistía general para los presos políticos.
• Proclamación de libertades políticas y sindicales.
• Designación de altos cargos de la Administración.
• Inicio de reformas educativas y laborales.
• Actuaciones para intentar afrontar la crisis económica.

La victoria en las elecciones generales de junio de 1931 fue nuevamente para la coalición republicano-socialista. Se formaron unas Cortes Constituyentes mayoritariamente republicanas y de izquierdas. Niceto Alcalá Zamora fue confirmado como jefe del Gobierno. Se creó una comisión parlamentaria para elaborar un proyecto de Constitución, que, tras intensos debates, se aprobó en diciembre de 1931.

La Constitución de 1931 era de carácter democrático y progresista. Definía a España como una “República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y Justicia”. Establecía un Estado ‘integral’, compatible con la autonomía de los municipios y las regiones. La estructura del poder se definía así:

• Poder legislativo: Residía en las Cortes (unicamerales).
• Poder ejecutivo: Compartido entre el Gobierno (Consejo de Ministros) y el Presidente de la República (Jefe del Estado).
• Poder judicial: En manos de jueces y tribunales independientes.

Incluía, además, una amplia declaración de derechos y libertades:

• Igualdad absoluta ante la ley.
• Protección de las libertades individuales (expresión, reunión, asociación).
• Derecho a la educación y al trabajo.
• Concesión del voto a las mujeres (sufragio universal pleno).
• Afirmación de la laicidad del Estado (separación Iglesia-Estado, libertad de conciencia, prohibición de financiación estatal a la Iglesia).

La aprobación de la Constitución, especialmente los artículos relativos a la cuestión religiosa, generó profundas discrepancias entre los partidos de la coalición y la oposición de derechas. Varios ministros católicos (incluido Alcalá Zamora) dimitieron del Gobierno. Tras la aprobación, Manuel Azaña (Acción Republicana) pasó a ser jefe de Gobierno, y Niceto Alcalá Zamora fue elegido primer Presidente de la República.

Las Reformas del Bienio Progresista (1931-1933)

Bajo la dirección de Manuel Azaña y con el apoyo de la coalición republicano-socialista, el Gobierno emprendió un ambicioso programa de reformas con el objetivo de modernizar y democratizar profundamente la sociedad española.

Reforma Religiosa y Educativa

Uno de los principales objetivos era limitar la influencia social de la Iglesia Católica y secularizar la sociedad, la cultura y la educación. Se buscaba promover una enseñanza liberal, laica, pública y gratuita.

• Se intentó acabar con la hegemonía de la enseñanza religiosa en manos de las órdenes religiosas.
• Se adoptó un modelo de escuela mixta, pública, laica y obligatoria.
• Se impulsó la creación de miles de escuelas y plazas para maestros.
• Se buscó mejorar el nivel cultural del país a través de iniciativas como las Misiones Pedagógicas (bibliotecas ambulantes, cine, teatro, conferencias en zonas rurales) y grupos de teatro universitario como La Barraca, dirigido por Federico García Lorca.
• La Ley de Congregaciones (1933) desarrolló los preceptos constitucionales: limitó la posesión de bienes a las órdenes religiosas y les prohibió dedicarse a la enseñanza.

Estas medidas, junto con el resurgimiento de movimientos anticlericales que llevaron a agresiones contra edificios y bienes eclesiásticos (quema de conventos en mayo de 1931), provocaron que la jerarquía de la Iglesia y amplios sectores católicos manifestaran un profundo antagonismo hacia la República.

Reforma Militar

Azaña, también como ministro de la Guerra, impulsó la reforma militar con el fin de crear un ejército más moderno, profesional, eficaz y democrático, subordinado al poder civil.

• Se redujeron los efectivos militares y el número de oficiales.
• Se promulgó la Ley de Retiro de la Oficialidad (1931): ofrecía a los oficiales la posibilidad de retirarse voluntariamente con el sueldo íntegro, aunque debían prometer adhesión formal a la República si permanecían en activo. Muchos oficiales hostiles al nuevo régimen se acogieron a ella.
• Se suprimieron órganos y rangos considerados obsoletos (como las Capitanías Generales).
• Se cerró la Academia General Militar de Zaragoza, dirigida por Franco.
• Se creó la Guardia de Asalto, una fuerza policial de orden público moderna, dotada de medios de transporte y armamento, y leal a la República.

El descontento en sectores conservadores del ejército (especialmente los ‘africanistas’) fue aprovechado por la derecha política y militar para organizar conspiraciones, como el fallido intento de golpe de Estado liderado por el general Sanjurjo en agosto de 1932 (conocido como la ‘Sanjurjada’).

Reforma Agraria

Se abordó la reforma agraria para intentar solucionar el grave problema del latifundismo, el paro crónico en el campo y las míseras condiciones de vida del campesinado, especialmente en el sur de España. Esta reforma era considerada esencial.

• Una serie de decretos iniciales establecieron medidas urgentes como la jornada de ocho horas en el campo, el establecimiento de salarios mínimos y la prohibición de rescindir unilateralmente los contratos de arrendamiento rústico (Decreto de Términos Municipales).
• La Ley de Bases de la Reforma Agraria (septiembre de 1932) fue la medida principal. Permitía la expropiación (con o sin indemnización, según los casos) de grandes latifundios no cultivados directamente por sus dueños, especialmente las tierras de una parte de la nobleza (los Grandes de España, expropiados sin indemnización tras la Sanjurjada).
• Se encomendó la compleja tarea de inventariar, expropiar y redistribuir las tierras entre familias campesinas o colectividades al Instituto de la Reforma Agraria (IRA).

Sin embargo, la complejidad técnica de la ley, la lentitud burocrática en su aplicación, la falta de presupuesto adecuado y la fuerte resistencia de los grandes propietarios hicieron que los resultados fueran muy escasos en este primer bienio. Esto provocó una doble frustración: los grandes terratenientes se opusieron frontalmente a la reforma, boicoteándola en lo posible, mientras que las masas campesinas se sintieron decepcionadas por la lentitud y el limitado alcance de las expropiaciones y asentamientos, aumentando la tensión social en el campo.

Reformas Territoriales: El Estado Integral

La Constitución definía un ‘Estado integral’ que permitía la autonomía regional. El primer caso en desarrollarse fue Cataluña:

• Tras la proclamación de la República, Francesc Macià (líder de Esquerra Republicana de Catalunya, ERC) proclamó la ‘República Catalana’.
• Esto generó un conflicto inmediato con el Gobierno provisional, ya que el Pacto de San Sebastián supeditaba la estructura territorial a la futura Constitución.
• La negociación llevó a la restauración de la Generalitat como gobierno autonómico provisional, cuya tarea principal fue elaborar un proyecto de Estatuto de Autonomía (conocido como Estatuto de Nuria).
• Este Estatuto fue refrendado por amplia mayoría en Cataluña y finalmente aprobado, con modificaciones, por las Cortes republicanas en septiembre de 1932.
• En las primeras elecciones autonómicas catalanas (noviembre de 1932), ERC obtuvo una amplia victoria y Francesc Macià fue elegido primer presidente de la Generalitat restaurada.

En el País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y otras fuerzas impulsaron también un proyecto de estatuto (el Estatuto de Estella), de corte más confesional y conservador. Su tramitación fue más compleja y lenta, y no sería aprobado hasta octubre de 1936, ya iniciada la Guerra Civil. José Antonio Aguirre fue el principal dirigente del PNV y sería elegido primer lehendakari.

Reformas Laborales

El ministro de Trabajo, Francisco Largo Caballero (líder del sindicato socialista UGT y del ala izquierda del PSOE), impulsó una serie de reformas para mejorar las condiciones laborales y fortalecer la posición de los trabajadores y los sindicatos.

• Se aprobó la Ley de Contratos de Trabajo, que regulaba la negociación colectiva y los convenios.
• Se estableció la jornada laboral de ocho horas.
• Se creó la Ley de Jurados Mixtos, organismos compuestos por representantes de patronos y obreros, con un presidente nombrado por el Gobierno, para arbitrar en los conflictos laborales.
• Se implementaron seguros sociales (como el seguro de retiro obrero).

Estas medidas mejoraron las condiciones de muchos trabajadores, pero también generaron resistencia en la patronal y contribuyeron a aumentar la conflictividad laboral en un contexto de crisis económica.

Problemas Económicos y Sociales de la Coalición Republicano-Socialista

El establecimiento del nuevo régimen republicano coincidió con la fase más aguda de la Gran Depresión económica mundial iniciada en 1929. Aunque la economía española, relativamente cerrada, se vio menos afectada que otras, la crisis internacional tuvo consecuencias negativas:

• Contracción del comercio exterior.
• Colapso de las inversiones extranjeras.
• Retorno de emigrantes, lo que aumentó el paro. La emigración a América, que tradicionalmente constituía una válvula de escape para el desempleo crónico en España, se paralizó.

La crisis internacional agravó los problemas estructurales endémicos de la economía española (atraso agrario, débil industrialización, desigualdades sociales). A estos problemas se sumaron los derivados de la propia política económica del Gobierno republicano:

• El aumento de los salarios, impulsado por las reformas laborales, no siempre se correspondió con un crecimiento de la productividad.
• La inversión privada disminuyó notablemente debido a la desconfianza de los empresarios ante las reformas y la creciente conflictividad social.
• El Gobierno optó por una política de relativo equilibrio presupuestario, intentando disminuir el gasto público para evitar el déficit, lo que tuvo repercusiones negativas sobre sectores dependientes de la inversión estatal, como las obras públicas, contribuyendo también al aumento del paro.

Todo ello, sumado a la polarización política y la resistencia a las reformas por parte de los sectores conservadores, generó un clima de creciente tensión social y política que desgastó rápidamente a la coalición republicano-socialista en el poder.