Proclamación de la Segunda República Española
Tras la dictadura de Primo de Rivera en 1930 y la dimisión del general Berenguer en 1931, Alfonso XIII encargó la formación de un nuevo gobierno al almirante Aznar, quien convocó elecciones municipales. Estas elecciones se convirtieron en un plebiscito entre Monarquía y República.
El 12 de abril se celebraron las elecciones municipales, a las que acudieron candidaturas conjuntas de republicanos y socialistas. Aunque el número de concejales monárquicos superó a los republicanos, estos últimos triunfaron en las grandes ciudades. El 14 de abril se proclamó la República en Eibar (Guipúzcoa), y a lo largo del día también en Valencia, Sevilla, Oviedo, Zaragoza y Barcelona. Alfonso XIII abandonó el país. El “Comité Revolucionario”, presidido por Niceto Alcalá-Zamora, tomó posesión del gobierno y proclamó en Madrid la República el 14 de abril por la tarde.
Gobierno Provisional y Constitución de 1931
El “Comité Revolucionario” se convirtió en el Gobierno Provisional de la República, presidido por Niceto Alcalá-Zamora y compuesto por representantes de todos los partidos firmantes del Pacto de San Sebastián. Este gobierno se propuso tres objetivos:
- Mantener el orden.
- Adoptar medidas urgentes.
- Convocar elecciones a Cortes Constituyentes para elaborar la Constitución de 1931.
Las elecciones se celebraron el 28 de junio de 1931 y las ganaron los republicano-socialistas. Julián Besteiro fue elegido presidente de las Cortes. Una comisión de juristas elaboró el proyecto de Constitución, que se entregó a una Comisión de Cortes presidida por Jiménez de Asúa. Inspirada en la Constitución alemana de Weimar, la nueva Constitución era democrática e idealista, con soberanía popular, una extensa Declaración de derechos y libertades, sufragio universal (incluido el femenino, defendido por Clara Campoamor), un Poder Legislativo unicameral (desaparece el Senado) y un Poder Judicial independiente con un “Tribunal de Garantías Constitucionales”.
Los temas autonómico y religioso fueron los más polémicos, especialmente el último. La aprobación de los artículos 26 y 27 provocó la dimisión del presidente del Gobierno, Alcalá-Zamora (católico), y de otros miembros del gobierno. Manuel Azaña asumió la presidencia transitoriamente. Los artículos se aprobaron con la abstención de la mitad de la Cámara, lo que refleja su carácter polémico. Aprobada la Constitución el 9 de diciembre de 1931, Niceto Alcalá-Zamora fue nombrado presidente de la República.
Etapas de la Segunda República
A partir de este momento, en la Segunda República se distinguen dos etapas:
1. De 1931 a 1936
Esta etapa se subdivide en:
- Bienio de izquierdas, reformista o azañista (1931-1933): También conocido como el Bienio de las Reformas.
- Bienio de derechas, radical o cedista (1933-1936).
- Gobierno del Frente Popular (1936).
2. De 1936 a 1939
Esta etapa coincide con la Guerra Civil.
Bienio de Izquierdas (1931-1933)
El presidente de la República, Alcalá-Zamora, nombró a Manuel Azaña presidente del Gobierno, quien gobernó con ministros socialistas y republicanos de izquierdas. Azaña continuó con la política de reformas iniciada en el Gobierno Provisional, por lo que este periodo se considera el bienio reformista. Su lema era “rectificar lo tradicional por lo racional”. Sin embargo, también tuvo que hacer frente a graves conflictos de carácter social, político y militar.
Reformas del Bienio de Izquierdas
a. Reformas Laborales y Sociales
Se continuó con la labor de Largo Caballero:
- Ley de Contratos de Trabajo: Reguló los convenios colectivos, el derecho a la huelga y las vacaciones.
- Ley de Términos Municipales: Obligaba a los patronos a contratar obreros de la localidad, frente a los forasteros contratados por los caciques.
- Ley de Jurados Mixtos: Compuestos por patronos y obreros, mejoraron las condiciones de vida de los obreros, especialmente los agrícolas.
- Se establecieron los Inspectores de Trabajo.
- Se combatió el paro con la realización de obras públicas.
- Se estableció la jornada laboral de 8 horas en el campo.
- Se aumentaron las prestaciones a pensionistas y por accidentes de trabajo.
Esta política laboral no gustó a la patronal, que consideraba excesivo el poder de los sindicatos, ni a la CNT.
b. Reforma Educativa y Cultural
Iniciada también en el gobierno provisional. España tenía un altísimo índice de analfabetismo (44%). La educación estaba en gran parte en manos de las órdenes religiosas y no se hallaba al alcance de las clases populares. Se hicieron importantes reformas en la enseñanza primaria para sustituir la acción de la Iglesia por la del Estado:
- El Gobierno adoptó un modelo de escuela: única, pública, obligatoria, gratuita y mixta.
- Se crearon 10.000 escuelas y 7.000 plazas de maestros, a los que se aumentó el sueldo.
- Se aumentó un 50% el presupuesto de Educación.
- Se eliminó la religión como asignatura y se prohibió la enseñanza a las congregaciones religiosas.
Estas reformas provocaron el rechazo al Gobierno por parte de la Iglesia y la derecha. Además, ocasionaron dos problemas a la República:
- No tenía suficientes fondos económicos para acometerlas a fondo.
- No podía asumir los puestos escolares al suprimir la enseñanza de los colegios de religiosos.
Sin embargo, se desarrolló la cultura popular a través de las “Misiones Pedagógicas“: compañías teatrales (La Barraca de García Lorca), bibliotecas ambulantes, cines, conferencias, etc., con destino a los adultos.
c. Reforma Militar
Se continuaron las reformas iniciadas por Azaña en el Gobierno Provisional. Al considerar excesivo el número de militares y oficiales, se ofreció prestar juramento a la República o retirarse conservando sueldo y graduación (unos 7.500 oficiales abandonaron el ejército). Se cerró la Academia General Militar de Zaragoza, dirigida por Franco, y se suprimió la Ley de Jurisdicciones (delitos contra el ejército considerados como delitos contra la Patria).
Durante el bienio de izquierdas se quiso modernizar el ejército, hacerlo profesional y democrático, renovar el material, poner fin al fuero especial de los militares y asegurar su obediencia al poder civil. Para conseguirlo:
- Se suprimieron los tribunales de honor, el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
- Se cerraron las Capitanías Generales.
- Se recortó el presupuesto y se reorganizaron las plantillas.
- En 1932 se creó la Guardia de Asalto, para defender la República y mantener el orden público, con la intención de contrarrestar la connotación represiva de la Guardia Civil.
d. Reforma Agraria
Fue la reforma más importante debido al papel notable de la agricultura en la economía española. Un 50% de la población activa era campesina, la mayoría jornaleros. En Andalucía, Extremadura y Castilla había latifundismo (50% de las tierras en pocos propietarios), lo que provocaba paro y miseria. Conseguir tierras era el mayor anhelo de los jornaleros y un compromiso de la República, que además pretendía aumentar el rendimiento de las mismas.
Ya en el Gobierno Provisional se iniciaron reformas en este terreno. Para tratar esta reforma se nombró una Comisión y se presentaron varios proyectos, pero eran las Cortes las que debían decidir. Alcalá-Zamora presentó un proyecto y Azaña otro. La ley fue muy debatida y sólo se aprobó después de seis meses (9 de septiembre de 1932), una vez sofocado el intento de golpe de estado del general Sanjurjo.
La Ley de Bases para la Reforma Agraria perseguía la redistribución de las tierras con excesiva extensión y que estuviesen mal explotadas, y la instalación en ellas de los campesinos sin tierras. Pretendía tres objetivos:
- Desaparición del latifundismo (centro y sur de España).
- Castigar el absentismo de grandes propietarios (especialmente desde las desamortizaciones).
- Que la tierra no fuera un mero instrumento de trabajo, sino que reportara beneficios al que la trabajaba.
Se declararon expropiables:
- Antiguos señoríos jurisdiccionales.
- Fincas con más de 12 años en arrendamiento.
- Las que sobrepasaran una determinada extensión, estuvieran incultas o mal cultivadas, etc.
Las tierras de la “Grandeza nobiliaria” se expropiarían sin indemnización. Para el resto, la indemnización estaría en relación inversa a la tierra poseída (+ tierra – indemnización). El pago de ésta se haría en efectivo y en Títulos de Deuda. Las tierras se destinarían al asentamiento de familias campesinas.
Para llevar a cabo el proyecto se creó el Instituto de Reforma Agraria (IRA), dotado con 50 millones de pesetas al año para el pago de indemnizaciones, y que se encargó de hacer el registro de las tierras expropiables y el asentamiento de los campesinos.
Su aplicación fue un fracaso por la lentitud burocrática, la complejidad de la ley, la escasez de fondos para las indemnizaciones y la oposición de los propietarios. Estaba previsto asentar 60.000 campesinos al año, pero a finales de 1934 (al cabo de 2 años) sólo se habían asentado 12.000 familias, y de los 2,5 millones de hectáreas susceptibles de expropiación, sólo afectó al 5%. El reparto de tierras se interrumpió con el triunfo electoral de la derecha en 1933.
Tuvo consecuencias sociales negativas: los propietarios mostraron su descontento frente al régimen y los campesinos quedaron decepcionados, orientándose hacia posturas más revolucionarias, a menudo violentas.
e. Reforma Religiosa
Se siguieron dictando leyes que pretendían reducir la influencia de la Iglesia católica en la sociedad, especialmente en la enseñanza primaria, secundaria y la Universidad. En este bienio destacan las siguientes leyes:
- Confiscación parcial de los bienes de la Compañía de Jesús, suprimida (enero de 1932).
- Ley de matrimonios civiles, divorcio y secularización de cementerios (enero de 1932).
- Ley sobre Congregaciones religiosas, a las que se prohíbe su actividad docente (junio de 1933).
- Se eliminó el presupuesto al clero y el culto religioso.
Estas medidas, junto con las adoptadas en el Gobierno Provisional tras el enfrentamiento entre la Iglesia y el Gobierno por la pastoral del cardenal Segura, arzobispo de Toledo, y los incidentes de Madrid, hicieron que la Iglesia, y con ella la derecha, manifestaran su antagonismo hacia la República.
f. Reforma del Estado: Las Autonomías
En Cataluña, el “Estatuto de Nuria”, que daba gran autonomía a la región (Parlamento y Gobierno propios, Generalitat), y que había sido aprobado en referéndum (99%), se presentó a las Cortes. Produjo un duro debate porque la derecha y el ejército entendían que se disgregaría España. Fue aprobado, con algunos recortes, en 1932, y las elecciones catalanas dieron el triunfo a Esquerra Republicana de Cataluña. Maciá fue elegido presidente de la Generalitat y Lluís Companys, presidente del Parlamento.
En el País Vasco, el nacionalismo era foralista y católico, por lo que contó con la oposición del Gobierno. PNV y carlistas realizaron el “Estatuto de Estella” en 1931, que recogía una autonomía que permitía establecer relaciones con el Vaticano. Contó con la oposición de republicanos de izquierda y socialistas. En 1934, los carlistas se desmarcaron del Estatuto, mientras que el PNV, junto con republicanos de izquierda y socialistas, lo retomaron en 1936, y finalmente se aprobó.
En Galicia, la conciencia nacionalista era menos acusada, por lo que el proceso fue más lento. En 1936 se aprobó el Estatuto en plebiscito, pero no llegó a ser aprobado por las Cortes debido a la Guerra Civil. En Andalucía, la Asamblea de Córdoba de 1933 elaboró un proyecto de Estatuto que no se aprobó por el cambio político en las elecciones generales.
Conflictos durante el Bienio de Izquierdas
1. Conflictos Sociales
Los conflictos sociales fueron continuos, tanto por parte de las patronales como del movimiento obrero. Los anarquistas optaron más por la línea revolucionaria (FAI) que por la sindicalista (CNT). También se radicalizó la UGT y el partido comunista. Todos fomentaron la conflictividad laboral: huelgas generales, ocupaciones de fincas por parte de campesinos impacientes porque no les distribuían tierras, etc. En 1932 tuvo lugar la sublevación de mineros en el Alto Llobregat y de campesinos en Castilblanco (Extremadura). Las revueltas comenzaban por tomar el Ayuntamiento, quemar el registro de la propiedad, colectivizar la propiedad y declarar el comunismo libertario. Esto provocaba la respuesta represiva del Gobierno, que utilizaba contra ellos las fuerzas del orden público (Guardia Civil y Guardia de Asalto). El caso más grave fue el de Casas Viejas (Cádiz, 1933), donde las fuerzas del orden dieron muerte a 12 campesinos. Fue un escándalo, tanto por la violencia empleada como por la ausencia de explicaciones del Gobierno. Estos sucesos provocaron una reacción contra el Gobierno de Azaña y contra él mismo, a quien se consideró responsable.