La Transición Española (1975-1978): Del Franquismo a la Democracia

1. Los Inicios de la Transición (1975-1978)

El panorama político de los años 70 en España se caracterizaba por la presencia de tres tendencias principales:

  • Inmovilistas: Pretendían la continuidad del régimen franquista.
  • Reformistas: Buscaban una reforma del sistema desde las propias instituciones del régimen.
  • Rupturistas: Abogaban por la destrucción del sistema y la construcción de un nuevo sistema democrático.

El 22 de noviembre de 1975, Juan Carlos de Borbón fue proclamado Rey. Decidió mantener como Presidente del Gobierno a Carlos Arias Navarro (continuista), aunque también incluyó en su gabinete a ministros reformistas como Manuel Fraga Iribarne y José María de Areilza.

Para presionar a favor del avance democrático, las fuerzas antifranquistas se unieron en la Coordinación Democrática, promoviendo movilizaciones populares para pedir libertades democráticas y amnistía para los presos políticos. Estas movilizaciones fueron especialmente intensas en Cataluña, País Vasco y Madrid. La huelga general de Vitoria, por ejemplo, se saldó con cinco muertos y decenas de heridos.

2. El Gobierno de Suárez: La Reforma Política

El tenso enfrentamiento entre inmovilistas y reformistas se saldó con la dimisión forzada de Arias Navarro en junio de 1976. Torcuato Fernández-Miranda, Presidente de las Cortes, comenzó entonces las maniobras para colocar como Presidente del Gobierno a Adolfo Suárez.

Suárez inició contactos con las fuerzas democráticas, promulgó un indulto para presos políticos y propuso el proyecto de Ley de Reformas Políticas (LRP). Esta ley reconocía los derechos fundamentales de las personas, confería la potestad legislativa a la representación popular y preveía un sistema electoral democrático.

El principal problema de la LRP era su aprobación por las Cortes franquistas, teniendo en cuenta que proponía su propia disolución y el establecimiento de una nueva Asamblea Bicameral (Congreso y Senado) elegida por sufragio universal. Sin embargo, la ley fue aprobada tras muchas negociaciones y sometida a referéndum el 15 de diciembre de 1976, donde salió aprobada por amplia mayoría (80%).

En los meses siguientes a la aprobación de la LRP se prepararon las condiciones para celebrar elecciones generales: se promulgaron decretos que permitieron la libertad sindical, la legalización de partidos políticos (excepto el Partido Comunista) y una amplia amnistía para delitos políticos.

La legalización del PCE era un tema delicado. En enero de 1977, un grupo de abogados laboralistas de CCOO fueron asesinados por la extrema derecha en su despacho de la calle Atocha de Madrid. El PCE mostró su influencia al convocar una manifestación multitudinaria de rechazo a los asesinatos. Tras este suceso, Suárez legalizó el PCE en abril de 1977, un hecho que, aunque generó una fuerte crisis de gobierno, garantizó la legitimidad democrática de las elecciones.

3. Las Primeras Elecciones Democráticas

Las elecciones generales se celebraron el 15 de junio de 1977 con absoluta normalidad y una alta participación. Por la izquierda se presentaron el PSOE, el PCE, entre otros. Por la derecha, Alianza Popular (AP), creada por Manuel Fraga Iribarne. Y desde el gobierno se creó la Unión de Centro Democrático (UCD), liderada por Adolfo Suárez.

El triunfo en las elecciones fue para la UCD (166 diputados), seguida del PSOE (118 diputados). El resto de partidos, como el PCE (19) y AP (16), obtuvieron una representación menor. El Congreso estaba compuesto por 350 diputados.

Aunque la UCD no consiguió la mayoría absoluta, formó el primer gobierno democrático desde la Guerra Civil.

4. La Constitución de 1978

En las Cortes elegidas el 15 de junio de 1977, se propuso como primera tarea la elaboración de una Constitución democrática. Para redactarla, se eligió una ponencia formada por diputados de todos los partidos representados en las Cortes (excepto el PNV, que rechazó participar).

Se elaboró una Constitución de consenso, mediante negociaciones y acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas. La Constitución, de carácter progresista aunque con algunos puntos ambiguos debido a la necesidad de consenso, fue sometida a referéndum y aprobada por amplia mayoría el 6 de diciembre de 1978.

La Constitución define a España como un “Estado social y democrático de derecho” organizado como monarquía parlamentaria. El ejército queda sometido al poder civil y el Estado es aconfesional. Se abole la pena de muerte y se recoge una amplia declaración de derechos fundamentales y libertades civiles y políticas, incluyendo el derecho de huelga y la libre sindicación.

La Constitución también establece los principios rectores de la política social y económica, el derecho a la autonomía y a las lenguas correspondientes. Además, instaura el Tribunal Constitucional y los mecanismos de reforma del propio texto constitucional.

5. El Estado de las Autonomías

El Título VIII de la Constitución recoge el Estado de las Autonomías y establece dos vías para acceder a la autonomía:

  • Artículo 151: Vía rápida. Por ella accedieron las comunidades autónomas consideradas “históricas”: Cataluña, País Vasco y Galicia. También Navarra, por su “peculiar” sistema foral, y Andalucía, tras la celebración de un referéndum.
  • Artículo 143: Vía lenta. Por esta vía accedieron el resto de comunidades autónomas.

6. Situación Económica y Social

La Transición coincidió con una crisis internacional derivada de la subida del precio del petróleo. Esto generó en España un gran aumento de la inflación (hasta un 20%), un descenso de las exportaciones, un aumento del déficit de la balanza comercial y la depreciación de la peseta.

La crisis energética arrastró a la industria, que se hundió. Aumentaron los precios, creció el paro y se redujo la renta anual por habitante. Para hacer frente a esta grave situación de crisis económica, y siguiendo con la tendencia al consenso, los principales partidos (UCD, PSOE, PCE, AP, CIU y PNV) firmaron los Pactos de la Moncloa en octubre de 1977.

Estos pactos recogían acuerdos para la reforma y saneamiento de la economía, y un programa de actuación política y jurídica. También se procedió a realizar una reforma fiscal y tributaria, y se inició la reforma de la Seguridad Social.

Socialmente, la situación no era mejor: existían amenazas de involucionismo, de golpismo militar y de terrorismo. La extrema derecha también actuaba contra la democracia. La principal actividad terrorista provenía de ETA, pero existían otros grupos terroristas como GRAPO, FRAP, Terra Lliure… Y en la extrema derecha: Guerrilleros de Cristo Rey, Triple A, Batallón Vasco-Español… Los atentados y las muertes eran continuos (ETA: 77 muertos en 1979, 95 muertos en 1980,…) y la estabilidad del nuevo sistema democrático era muy frágil.