La Transición Española: De la Dictadura a la Democracia

II.1. El fin del régimen. El gobierno de Arias Navarro.

La transición desde la dictadura a un sistema democrático fue compleja por la oposición de los seguidores del franquismo dentro de las instituciones del Estado, especialmente el Ejército, la grave crisis económica, las reivindicaciones de los partidos políticos y los continuos atentados terroristas. Dentro del franquismo había dos sectores:

Inmovilistas:

Los viejos falangistas, el Ejército, casi en su totalidad, y el sindicalismo vertical, salvo unos pocos dirigentes. Creían en la posibilidad de un “franquismo sin Franco”.

Aperturistas:

Encabezados por Fraga que pretendían crear asociaciones políticas; no creían en el régimen franquista una vez muerto Franco.

La oposición presentaba dos tendencias:

Moderada:

Sus líderes, sin haber tenido un contacto estrecho con el régimen de Franco, se habían opuesto a él de manera contundente (monárquicos borbónicos, democristianos y liberales).

Radical:

Estaban representados por la izquierda tradicional e histórica de base obrerista: PSOE, PCE y los sindicatos UGT y CCOO.

El proyecto del rey era instaurar un sistema democrático en España, pero el recuerdo de la Guerra Civil enfrentaba a la extrema izquierda con la extrema derecha que buscaban crear una acción violenta que paralizara todo el proceso. La solución pasaba porque la oposición controlara a sus seguidores para evitar que el Ejército interviniera para salvar el sistema franquista. En este difícil contexto el primer gobierno estuvo presidido por Arias Navarro que no parecía la persona más adecuada para iniciar el proyecto reformista por su profunda vinculación con la dictadura. Además, se encontró con una situación muy difícil: manifestaciones por la amnistía; tensiones en el País Vasco (ETA con apoyo popular); huelga general en Vitoria (1976), reprimida con dureza, cinco muertos y decenas de heridos. Arias acabó dimitiendo por la falta de sintonía con el rey.

II.2. El gobierno de Adolfo Suárez

Tras su dimisión es elegido presidente del gobierno Adolfo Suárez, procedente del falangismo, por lo que también generaba dudas para el proceso democrático, pero Suárez reunía las condiciones para convencer a los políticos del sistema franquista para desmantelar el franquismo. Así, el cambio se haría desde la legalidad institucional heredada del franquismo y no desde la calle, es decir, a partir de las leyes vigentes, en las Cortes españolas y sin ruptura, evitando la intervención del Ejército. Así, en 1976, se aprobó la Ley para la Reforma Política, en su articulado destaca la instauración del sufragio universal y el anuncio de unas futuras elecciones democráticas con el concurso de partidos políticos. Se iniciaba así el proceso que culminaría en la Constitución de 1978. La ley debatida por las Cortes fue aprobada por gran mayoría y sometida a referéndum (94% aprobación popular).

El siguiente paso fue convocar elecciones, pero necesitaba el apoyo de la oposición, para lo que Suárez se reunió con los líderes de los partidos para consensuar las reformas y la Ley electoral. Una vez conseguido el apoyo del PSOE, la dificultad mayor para la continuación del proceso fue la legalización del PCE, prohibido y perseguido durante el franquismo. Suárez era consciente de que no habría normalidad democrática sin la participación del PCE, por lo que tomó la decisión personal de legalizarlo en 1977.

Durante este período se produce una reactivación del terrorismo. En el País Vasco hay una gran ebullición política, pedían amnistía y Suárez la concedió, pero ETA siguió con atentados. También actuará otro grupo terrorista de extrema izquierda, el GRAPO y desarrolló el terrorismo de extrema derecha: asesinatos de Atocha (abogados ligados al PCE). Todos hacen maniobras de provocación, pero la oposición se une denunciando el terrorismo y apoyando a Suárez. Al final se llegó a las elecciones de junio de 1977 para Cortes Constituyentes. Convocatoria que elaborará una constitución democrática.

Se presentan cuatro grandes fuerzas políticas:

  • UCD (Unión de Centro Democrático), Suárez coalición de centroderecha democrática;
  • PSOE (Partido Socialista Obrero Español) Felipe González y Alfonso Guerra, abandonó el marxismo en 1979 adoptando la socialdemocracia;
  • PCE (Partido Comunista de España) Carrillo y Dolores Ibárruri, bastión de la izquierda y de la lucha antifranquista; y
  • AP (Alianza Popular) Manuel Fraga, la derecha posfranquista.

También hay partidos nacionalistas:

  • PNV (Partido Nacionalista Vasco),
  • CDC (Convergencia Democrática de Cataluña).

Las ganó UCD y el PSOE se convirtió en segunda fuerza política. Se empieza a redactar la Constitución que es un acuerdo de las fuerzas políticas.

II.3. La Constitución de 1978

La nueva Constitución proclama que la soberanía nacional reside en el pueblo español, la forma política es la monarquía parlamentaria y fija la separación e independencia de los tres poderes:

Legislativo.

Recae en las Cortes formadas por dos cámaras, Congreso y Senado elegidas por sufragio universal. Son depositarias de la soberanía nacional y elaboran las leyes.

Ejecutivo.

El gobierno dirige la política interior y exterior de España. Puede presentar proyectos de ley a las Cortes. Las Cortes a su vez, controlan al ejecutivo.

Judicial.

Constituido por jueces y magistrados que administran la Justicia. Por tanto, el protagonismo político corresponde al Gobierno, juntamente con las Cortes Generales, en los que el pueblo aparece representado por los partidos políticos.

La gran novedad de la Constitución de 1978 es el reconocimiento pleno de las Comunidades Autónomas conjugando “la indisoluble unidad de la Nación española”, con el reconocimiento del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. Otros aspectos relevantes son: el reconocimiento de los derechos humanos y las libertades conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la igualdad de los españoles ante la ley. Se establecía la aconfesionalidad del Estado, pero tenía en cuenta la mayoría católica de la sociedad española. También fijaba la libertad de enseñanza, de mercado y los derechos a la vida, a la propiedad privada, a la educación y a la huelga. Fue ratificada con un 87,78 % a favor el 6-XII-1978.

II.4. Los Pactos de la Moncloa.

La transición política hacia la democracia coincidió con una grave crisis económica internacional. La crisis del dólar, causada por la subida del petróleo por parte de la OPEP desencadenó una situación de extrema gravedad. En España produjo una crisis industrial que hizo aumentar el paro a un ritmo anual muy elevado. La prioridad otorgada a los problemas políticos hizo que no se cambiara la política económica hasta 4 años después del inicio de la crisis.

Los Pactos de la Moncloa (1977), firmados por los partidos parlamentarios y ratificados por el Congreso, constituyeron el primer gran conjunto de medidas para afrontar la crisis económica desde un espíritu de consenso entre gobierno, oposición y sindicatos. Sus objetivos, reducir la inflación y repartir equitativamente los costes de la crisis. Se devaluó la peseta, control del gasto público, se redujo el elevado gasto de energía. Se sentaron las bases de una reforma tributaria y de la Seguridad Social, dando los primeros pasos hacia la construcción del Estado del bienestar.