Resumen Tema 11: La Transición Española y la Constitución de 1978
Introducción
Este tema es fundamental para entender nuestro presente y pasado más inmediato. El sistema democrático, interrumpido por una dictadura de casi cuarenta años, retorna a nuestro país, y es el que ordena nuestra vida política actual. Después de la muerte de Franco en noviembre de 1975, se plantearon en España tres posibles alternativas políticas a seguir: el continuismo del sistema político franquista, la disolución inmediata de las instituciones franquistas o la reforma del sistema político a partir de las instituciones y leyes de la dictadura hasta alcanzar una situación de democracia plena. El rey, verdadero motor del cambio político, optó por la vía reformista. De esta forma, el presidente del gobierno Adolfo Suárez, impulsó una profunda reforma política que abarca desde la legalización de los partidos políticos y sindicatos y los decretos de amnistía hasta el reconocimiento de las instituciones propias del P. Vasco y Cataluña. Todos ellos fueron hitos que jalonaron los primeros años de la transición y que condujeron a la Constitución de 1978. Tras la redacción de ésta, España abandona el franquismo y empieza a funcionar con un sistema democrático que llevará al poder a tres partidos: UCD, PSOE y PP entre 1979 y 2004.
Desarrollo
El 22 de noviembre de 1975 Juan Carlos I comenzaba su reinado dentro de un ambiente de gran incertidumbre. Los primeros pasos de la monarquía fueron una reconciliación y el inicio del tránsito político hacia un sistema democrático. Las principales fuerzas políticas que encontramos en estos años podríamos agruparlas en los franquistas, entre los cuales podemos distinguir dos grandes grupos, el “bunker” partidario de la línea dura y los “aperturistas” que pensaban que era necesario un cambio. Dentro de las fuerzas de oposición encontramos una gran variedad de partidos que iban desde la derecha liberal o monárquicos hasta los partidos de izquierda clásicos, como el PCE y el PSOE, éste último había sufrido una renovación importante de líderes, pasando por grupos nacionalistas vascos y catalanes. Las fuerzas de oposición se agrupaban en dos organizaciones, la Junta Democrática, dominada por el PCE, y la Plataforma de Convergencia Democrática, dominada por el PSOE. El primer gobierno de la monarquía era heredero del franquismo, con Arias Navarro como jefe del mismo. Pero al mismo tiempo aparece una figura clave en el proceso de cambio que será Torcuato Fernández Miranda. Esta inclusión en la cúpula de poder obligó a Arias Navarro a impulsar un programa de reformas limitadas, como libertad de prensa, derecho de reunión y asociación o reforma de las Cortes, pero nunca pensó en una verdadera democracia. Tras sus diferencias con el monarca, Arias Navarro presentó la dimisión en julio de 1976. Esta dimisión fue aprovechada para designar como presidente del gobierno a Adolfo Suárez quien dio todos los pasos para lograr el cambio político: amnistía para los presos políticos, creación de constitución y elecciones generales libres. Este gobierno inició contactos con miembros de la oposición como Felipe González y Santiago Carrillo y nombró al teniente general Gutiérrez Mellado vicepresidente del gobierno, figura clave para controlar el peligro golpista en el Ejército. En 1976 se presentó al país el Proyecto de Ley para la Reforma Política que debía modificar el sistema político existente y debía ser aprobado por las Cortes franquistas. Una vez superado ese escollo, el proyecto fue aprobado en referéndum por una amplia mayoría. Las dificultades eran muchas, la semana del 23 al 29 de enero de 1977 fue conocida como la “Semana Negra”, atentados, secuestros y un hecho que conmocionó a la sociedad española, la matanza de Atocha de abogados laboralistas. Esta semana hizo temer a muchos la imposibilidad de alcanzar una democracia plena. En un golpe de efecto, Suárez legalizó al PCE en plena Semana Santa, conocida desde entonces como un “Sábado Santo Rojo”. Tras esto convocó las primeras elecciones libres para junio de 1977. El resultado electoral supuso el triunfo de la UCD, partido creado por Adolfo Suárez, seguida del PSOE. Durante este segundo gobierno de Suárez se afrontaron los principales problemas del país: conflictividad laboral, inflación, paro, proceso preautonómico, relaciones con la CEE y sobre todo dotar a España de una Constitución. Los pasos a seguir para la resolución de estos problemas fueron la firma de acuerdos entre Gobierno, sindicatos y partidos en los conocidos como Pactos de la Moncloa, en octubre de 1977, con los que se intentaron hacer frente a los problemas económicos a través de la reforma fiscal, el control de la Seguridad Social y un programa de inversiones públicas. De esta forma se pasó al inicio de la redacción del texto constitucional, para lo cual se eligió una Comisión Constitucional y ésta a su vez a siete diputados, los “padres de la Constitución”, para elaborar el proyecto constitucional: Peces Barba, Fraga, Miquel Roca, Cisneros, Herrero de Miñón, Pérez Llorca y Solé Tura. La ausencia de un representante del PNV hizo que el principal partido vasco no apoyase finalmente la Constitución. El texto constitucional se basó en el consenso: aquellas cuestiones que suscitaban mayores diferencias fueron redactadas de tal forma que pudieran ser aceptadas por las diversas fuerzas políticas. Ante el deseo de autogobierno del P. Vasco y Cataluña, el gobierno de Suárez inició el proceso preautonómico antes de la aprobación de la Constitución, a través de la generalización del principio de autonomía regional, coloquialmente denominado “café para todos”. Así pues tras su debate, el texto final fue aprobado por el Congreso y sometido a referéndum el 6 de diciembre de 1978: la Constitución Española quedó aprobada con un 87,8% de los votos afirmativos. La Constitución define a España como un Estado Social y democrático de Derecho, la forma del Estado como una monarquía parlamentaria y proclama que la soberanía nacional reside en el pueblo. Además, hace compatible la unidad de la Nación con el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones (art. 2). Establece una serie de derechos, libertades y deberes entre los que destacan el derecho a la vida, la libertad ideológica y la libertad de expresión además de otros derechos sociales (Título I). En lo que se refiere a la Corona, se establece que el Rey es el Jefe del Estado y se fijan sus funciones, atribuciones y prerrogativas. En cuanto a la organización de los poderes del Estado, las Cortes son bicamerales: el Congreso de los Diputados y el Senado son elegidos por sufragio universal y ejercen el poder legislativo. El poder ejecutivo es ejercido por el Gobierno, que dirige la política interior y exterior y es investido por las Cortes, además tiene iniciativa legislativa para presentar leyes y elaborar proyectos de ley a las Cámaras. Los jueces y magistrados ejercen el poder judicial. Se crea el Tribunal Constitucional cuya función es evitar cualquier violación de la Constitución. Aprobada la Constitución, se constituyeron las actuales 17 Comunidades Autónomas, cada una de ellas con formas de autogobierno, y se estableció el principio de solidaridad y equilibrio económico entre ellas. La única modificación que ha sufrido la Constitución hasta el día de hoy, se realizó en 1992 para conceder el derecho al voto en las elecciones municipales a los ciudadanos de la UE residentes en España. Disueltas las Cortes Constituyentes, se convocaron nuevas elecciones para marzo de 1979. Las urnas volvieron a dar la victoria a la UCD, seguido del PSOE, AP y PCE. Del espíritu de consenso de la etapa anterior se pasó a la confrontación, los dos principales partidos de izquierda realizaron una durísima oposición al gobierno de Suárez. En los meses siguientes se recrudecieron los actos terroristas y las presiones involucionistas que añadieron dificultades a las negociaciones de los Estatutos de Autonomía del País Vasco y Cataluña, quienes tuvieron como primeros dirigentes al socialista Ramón Rubial como lehendakari, y Josep Tarradellas como presidente de la Generalitat. Este mismo año de 1979 ambas comunidades vieron redactados y aprobados sus estatutos de autonomía, mientras que las demás regiones iniciarían la elaboración de los suyos.