Ley de Protección de las Industrias de Interés Nacional (25-10-1939)

Se presenta para comentar un texto histórico titulado “Ley de Protección de las Industrias de Interés Nacional (25-10-1939)”. Por su contenido podemos clasificarlo como político, legislativo y económico. Se trata de un fragmento de fuente primaria que situamos en los primeros momentos del gobierno franquista, tras el triunfo en la Guerra Civil, cuando el gobierno se había instalado en Madrid, donde fue decretada la presente ley el 25 de octubre. Ese mismo día fue publicada en el Boletín Oficial del Estado. Aunque no se especifica el autor del texto, se puede suponer que fue decretado y sancionado por el jefe de gobierno y del nuevo Estado franquista, el general Francisco Franco. Fue uno de los participantes del alzamiento nacional, y fue elegido jefe de la Junta Militar que dirigió la guerra. Después pasó a ser jefe de Estado, y obtuvo todos los poderes incluido el legislativo. Se trata de un texto público dirigido concretamente a los interesados en invertir en industria de interés nacional. Su finalidad es buscar inversiones para las industrias que el Estado franquista quiere promocionar para lograr la autarquía.

El tema de este fragmento es la argumentación para explicar la presente ley y además alguno de los artículos que contiene. Entre otros, en el texto aparecen los siguientes: por una parte, especifica la necesidad del Estado de tener industria nacional. También dicta que lo que sea posible producir en España no debe importarse. Dado que en ese momento no estaban cubiertas todas las industrias, se intentará conseguir inversiones de capital privado. Por eso, se saca esta ley, que contiene los beneficios que los inversores tendrán. Primero, el Estado dirá si una empresa es de interés nacional. Una vez considerada así, ésta podrá disfrutar de los siguientes beneficios durante 15 años: podrá expropiar forzosamente los terrenos que necesite, se le reducirá un 50% los impuestos, se le garantiza un 4% de beneficio de interés anual sobre lo que invierta (mil millones de ptas como máximo), y se le rebajarán los pagos en aduanas por importaciones de maquinaria y utillaje. A cambio, habrá un Consejero-delegado para verificar y controlar la industria, y tendrá facultades suspensivas. Por último, se especifica que la empresa concesionaria (la que ha invertido) podrá renunciar a los beneficios y quedar libre de lo que dicta el tercer artículo cuando la industria se estabilice y marche económicamente.

Situamos este texto históricamente en los primeros meses del Estado franquista, cuando aplican el modelo económico fascista de la autarquía. El Estado franquista fue legitimado tan sólo por la Guerra Civil, y se caracterizaba por un autoritarismo extremo. Era un Estado totalitario, una dictadura inspirada en el modelo fascista italiano y alemán. Con su imposición se suprimió la Constitución de 1931, con ella, todas las garantías individuales y colectivas, se cerró el Parlamento y sólo se permitió la existencia de un único partido y un sindicato vertical, al que era obligatorio pertenecer. El jefe del Estado y del gobierno era Franco, denominado Caudillo de España, y también era Generalísimo de todos los ejércitos y jefe nacional del partido. El franquismo abolió los estatutos de autonomía y fomentó la españolización de territorios nacionalistas como el PV, Cataluña o Galicia, para conseguir un Estado unitario y centralista. Asimismo, inició una represión constante y planificada contra los simpatizantes de la República, e impuso un estricto control y censura sobre los medios de comunicación y la educación, de la que se encargaba la Iglesia.

El franquismo se apoyó en tres grandes pilares: el ejército, el partido único y la Iglesia católica. El más destacado de ellos fue el ejército, que participó activamente en el poder dado que muchos ministros y gobernadores civiles eran militares. El único partido de este régimen, que se encargaba de darle las bases ideológicas, de controlar los medios de comunicación y de suministrar cargos administrativos, era la “Falange Española Tradicionalista y de las JONS”. Éste formó el Frente de Juventudes, la Sección Femenina, el Sindicato Español Universitario (SEU) y la Central Nacional Sindicalista para conseguir apoyo social al régimen. Por último, la Iglesia católica tuvo un papel importante en la legitimación y construcción del régimen, que era un Estado confesional católico. Se encargaba casi exclusivamente de la educación y de fomentar los valores y la moral católica a la sociedad.

La sociedad adoptó diversas actitudes hacia el franquismo. Por una parte, el régimen tuvo el apoyo de las élites económicas y sociales desde el principio, ya que recuperaron el poder que habían perdido en la República. Además los pequeños y medianos propietarios del Norte también le apoyaron, igual que en el alzamiento. Por otra, las clases medias permanecieron pasivas, porque a pesar de rechazar la dictadura, estaban traumatizados por la guerra. Por último, los sectores populares, perdedores de la Guerra Civil, rechazaron y se opusieron al franquismo. Aún así, la mayoría fueron políticamente pasivos por la represión, el miedo, el control policial, el hambre y la miseria.

En cuanto a la economía, estuvo influida negativamente por la victoria de Franco en la Guerra Civil. A corto plazo, se generó hambre y miseria, pero a largo se consolidó una economía poco competitiva sin crecimiento. El modelo económico vigente en el régimen franquista era la autarquía económica, lo que significó el fin del libre mercado, para pasar a una economía controlada por el Estado. La política autárquica tuvo tres campos de actuación. El primero fue la reglamentación del comercio exterior. El Estado controlaba las exportaciones e importaciones. Estas últimas se redujeron al mínimo. Las consecuencias fueron la escasez de bienes, el encarecimiento de los productos, el desabastecimiento de materias primas y el descenso de la producción. El segundo ámbito fue el fomento de industrias de interés estratégico para asegurar la independencia del nuevo régimen. Se utilizaron leyes para fomentar sectores vinculados a la defensa, como la Ley de Protección de industria de interés nacional en 1939, texto que comentamos. También se crearon nuevas empresas estatales que no estaban abiertas por la iniciativa privada (Iberia, Endesa), se nacionalizaron empresas existentes fundamentales (Renfe), y se fomentaron bienes de equipo con ayuda pública. Las consecuencias fueron el aumento del gasto público y la inflación. El último campo fue el sector agrario. El Estado comenzó a regular la producción, la comercialización y los precios, especialmente en los alimentos de primera necesidad. Las consecuencias fueron el descenso de la producción, el surgimiento del Mercado Negro y las duras condiciones de vida. Los productos se repartieron por Cartillas de Racionamiento de 1939 a 1952.

La práctica de la autarquía llevará a España al borde de la quiebra. El comercio exterior quedó colapsado, descendió la producción y el consumo y había falta de competitividad. Las condiciones de vida eran precarias: fue una época de hambre, enfermedad y, por lo tanto, muerte. La mortalidad general y la infantil aumentaron considerablemente, y la esperanza de vida se situó en 47 años los hombres y 53 las mujeres. Para el año 1959 el Estado era insostenible, por lo que el gobierno dio un cambio, abandonando la autarquía y pasando al libre mercado.

La importancia de este texto reside en que argumenta la necesidad del Estado de disponer de industrias de interés nacional, y expone las condiciones de las que dispondrán los que inviertan en ellas, debido a la carencia del mercado al que se había expuesto la autarquía.