Para poder entender plenamente esta cuestión debemos situarnos en el comienzo del reinado de Alfonso XIII en 1902, el cual coincidió con una larga y permanente crisis política y con el colapso final del sistema de la Restauración.
Debido a muchas causas como: la pérdida de fuerza del caciquismo por el desarrollo urbano, el aumento de la oposición política y social (republicanos, nacionalistas, socialistas y anarquistas que permanecían al margen de la legalidad del régimen) y el debilitamiento de los partidos de turno (habían muerto sus líderes y no habían acuerdos en el interior de los partidos); el gobierno y los partidos dinásticos se unieron a la corriente del Regeneracionismo pretendiendo llevar a cabo algunas reformas para hacer una revolución desde arriba, desde el poder, para evitar que se produjera una revolución desde abajo.
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Querían modernizar España pero sin alterar las bases del sistema de la Restauración. A esto se le conoce como revisionismo político.
El gobierno del partido conservador estaba liderado por Francisco Silvela y posteriormente por Antonio Maura. Este último, intentó regenerar el sistema a partir de la formación de una nueva clase política que tuviese el apoyo social de las llamadas masas neutras, indiferentes hasta entonces a la participación política. Con su ayuda pretendía configurar un Estado fuerte y eficaz, desbancar a la vieja casa caciquil e impedir un excesivo protagonismo de las clases populares. Su proyecto modificó la Ley electoral y la Ley de Administración Local para poner fin al caciquismo pero esta reforma electoral fue muy superficial y solo estableció el voto obligatorio y más controles sobre las juntas electorales. Además, al introducir la elección automática y al solo
haber un único candidato en un distrito, se favoreció el caciquismo, que lograba la elección del candidato previsto simplemente evitando que tuviera rivales.
El proyecto reformista también intentó integrar el catalanismo aprobando una tímida autonomía para Cataluña, sin éxito.
Por otra parte, se adoptaron medidas proteccionistas para impulsar la actividad industrial española y se mejoró la legislación laboral con la Ley protectora de accidentes de trabajo, la Ley sobre las condiciones de trabajo de mujeres y niños y la Ley de huelga, entre otras, y se creó el Instituto Nacional de Previsión (1908). Finalmente, el Gobierno impulsó una activa política exterior en la que se aceptaba que España interviniera en Marruecos.
El talante autoritario de Maura, su falta de entendimiento con el Partido Liberal y, sobre todo, la dura represión de la Semana Trágica en 1909 supusieron el fin de su
principal etapa al frente del Gobierno.
Después de Maura, en 1910, el liberal José Canalejas, líder del Partido Liberal, llevó a cabo el último intento regeneracionista. Canalejas planteó la separación de la Iglesia y Estado y promovió la denominada Ley de Candado, que prohibía temporalmente la implantación de nuevas órdenes religiosas en España.
Por otro lado, como respuesta a las reivindicaciones regionalistas y nacionalistas, su gobierno elaboró el proyecto de la Ley de Mancomunidades (permitía que varias diputaciones provinciales se unieran para la gestión de servicios políticos) y la Ley de Cabildos Insulares.
Asimismo, el gobierno de Canalejas reformó el sistema impositivo y promovió la Ley de reclutamiento que establecía como obligatorio el servicio militar en tiempos de guerra.
Todas estas reformas parecían marchar bien, hasta que Canalejas fue brutalmente asesinado por un anarquista en 1912. Su asesinato marcó el final de la etapa regeneracionista promovida desde el propio sistema. A partir de entonces se agravó la crisis de los partidos del turno, tanto por las divisiones internas como por la falta de entendimiento entre ambos.
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Para poder entender plenamente esta cuestión debemos situarnos en el 13 de septiembre de 1923, día en el que el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, dio un golpe de Estado militar en España, el cual califica de necesario para acabar con los problemas que el sistema de la Restauración era incapaz de resolver.
La Dictadura duró siete años en los que se sucedieron dos formas de gobierno: el Directorio Militar (1923-25) y el Directorio Civil (1925-30), así denominados por la procedencia de sus miembros.
El Directorio Militar comenzó cuando Alfonso XIII nombró a Primo de Rivera presidente del directorio, un gobierno integrado exclusivamente por militares.
Sus principales medidas fueron la declaración del estado de guerra en todo el país, la suspensión de la Constitución, la disolución del Parlamento y la ilegalización de los partidos políticos y organizaciones obreras.
También tomó medidas para controlar el nacionalismo catalán, como la liquidación de la Mancomunidad catalana y prohibición del uso de símbolos catalanes.
Por otro lado, para acabar con el caciquismo, reemplazó los ayuntamientos por juntas de
vocales y elaboró un estatuto municipal y otro provincial.
Asimismo, instauró una política de orden pública muy represiva, dirigida principalmente a la CNT. Se prohibieron las manifestaciones y huelgas y se encarceló a los principales dirigentes obreros. La represión redujo drásticamente los conflictos laborales y puso fin a la violencia social y al pistolerismo en las calles.
Para mantener el apoyo del ejército, Primo de Rivera trata de solucionar la cuestión de Marruecos, interviniendo militarmente en el Rif. Consiguió la victoria y el final de la guerra.
El carácter regeneracionista del Directorio Militar se concretó en una
legislación social, con medidas como
la regulación del trabajo de la mujer, y una política de inversiones en obras públicas para reducir el desempleo.
Estos primeros éxitos dieron popularidad a Primo de Rivera, que a finales de 1925 decidió cambiar la composición del directorio, estableciendo un Directorio Civil, con el objetivo de abandonar la “excepcionalidad” política iniciada con el golpe militar y regresar a la “normalidad”, institucionalizando el nuevo régimen y cediendo protagonismo a los civiles.
El Directorio Civil comienza cuando algunos ministros son civiles. Uno de los primeros es Calvo Sotelo. Se crea una Asamblea Nacional Consultiva, con la finalidad de institucionalizar el nuevo régimen, siendo su función meramente consultiva y actuando bajo el control del
gobierno. Su objetivo era elaborar una Constitución, que finalmente fue publicada en 1929, pero nunca entró en vigor. Se llevó a cabo una reorganización de las instituciones del Estado, siguiendo el modelo corporativo implantado en Italia por Mussolini. Se creó la Unión Patriótica, un partido gubernamental para proporcionar apoyo social a la dictadura. Asimismo, se creó el Somatén, como órgano auxiliar del Directorio, una fuerza armada ciudadana para apoyar a la policía y al ejército ante conflictos internos.
Para frenar la conflictividad laboral y controlar el movimiento obrero se fundó el Consejo de Trabajo u Organización Corporativa Nacional, un sindicato que representaba a los obreros y empresarios en los llamados Comités parlamentarios y se
encargaba de la reglamentación de los
salarios y las condiciones de trabajo, así como la negociación entre patronos y trabajadores, aunque siempre bajo el control del Estado.
Aunque Primo de Rivera no contó con una oposición importante en sus inicios, con el tiempo esta fue creciendo, convirtiéndose progresivamente en antimonárquicas debido al apoyo de la Corona al dictador e impulsando actuaciones para poner fin a la dictadura.
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Para poder entender plenamente esta cuestión debemos situarnos en el momento histórico de la caída de Primo de Rivera, tras la cual, Alfonso XIII intentó restablecer los mecanismos políticos de la Restauración. Pero el mantenimiento del sistema vigente era cada vez más complicado debido al descrédito de la monarquía por su vinculación al régimen de la Restauración y a
la dictadura. Por esto se dioun creciente respaldo social que originó la instauración de una república.
En cuanto a los principales acontecimientos que conllevaron a la proclamación de la Segunda República Española debemos destacar que tras el fin de la dictadura de Primo de Rivera, Alfonso XIII trató de volver al régimen constitucional existente hasta 1923, nombrando como jefe de Gobierno al general Berenguer, lo que dio lugar a la llamada “dictablanda”. La oposición republicana se movilizó rápidamente, y en 1930 se firmó el Pacto de San Sebastián, un pacto para poner fin a la monarquía, al que se unieron socialistas y algunos intelectuales como Ortega y Gasset. En consecuencia se creó el Comité Revolucionario, presidido por Alcalá Zamora, el cual preparó una huelga general que no llegó a realizarse y un pronunciamiento militar que fracasó, para forzar la
proclamación de la república. También repercutió la sublevación de Jaca, en la cual los capitanes Galán y García Hdez, junto a otros compañeros, se sublevaron al grito de “Viva la República española”. Esta sublevación fue derrotada por una columna militar y sus dirigentes fueron ejecutados. Del comité revolucionario sale el gobierno provisional Otra de las causas de la proclamación de la Segunda República fue la modernización de la sociedad española. Al entrar en una sociedad moderna, industrializada y con mayor movilidad política, se dio un desarrollo urbano, que permitió la formación de una clase media formada por pequeños propietarios, profesionales liberales e intelectuales. Asimismo, la industrialización dio lugar a una clase obrera que demandaba sus derechos políticos y sociales.
Sin embargo, el desarrollo de la Segunda República se vio dificultado por la
crisis económica de 1929, la fase más grave de una depresión económica mundial que se prolongó a los años venideros.Aunque los efectos de esta crisis fueron menores en España con respecto a otros países, debido al poco peso del comercio exterior español, ésta afectó a regiones que, como Canarias , dependían de las exportaciones agrícolas. El desempleo, la bajada de los salarios, y la lentitud en la aplicación de las reformas por parte del Estado, radicalizó a las organizaciones obreras. Todo esto produjo una creciente conflictividad social a la que se le añadían las huelgas (que a menudo derivaban en motines y conatos de insurrección), y el auge de ideologías radicales (totalitarismo).
En conclusión, para realizar una valoración del período, debemos tener en cuenta el contexto histórico difícil en el que se desarrolló; y que, en el interior, la República
no fue fruto de un consenso. Contó con el apoyo de las clases medias y del movimiento obrero moderado, pero no con el de la clase alta ni del movimiento obrero revolucionario, que desde la extrema derecha e izquierda radical pusieron en peligro el sistema, hasta el punto de provocar una cruenta guerra civil.