La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)

El 13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, mandó ocupar los servicios telefónicos de Barcelona y leyó un manifiesto ante los periodistas, dando un golpe de Estado. Dos días después, Alfonso XIII mandó formar gobierno a Primo de Rivera. Se ponía fin, de este modo, a casi medio siglo de poder civil. La dictadura fue la solución autoritaria a una situación que se había vuelto insostenible por el desprestigio absoluto del sistema de la Restauración. El sistema político había demostrado su incapacidad para renovarse desde dentro, y la inestabilidad social no hacía más que crecer desde la crisis de 1917. A todo ello había que sumar el fracaso de la política militar en Marruecos, agudizado sobre todo desde el desastre de Annual (1921). El golpe contó con el apoyo de Alfonso XIII, que veía amenazada la propia monarquía; también con la mayoría del ejército, partidario de restablecer el orden; y con el del empresariado catalán, que aspiraba a acabar con el peligro anarquista y con la violencia que asolaba Barcelona.

El régimen dictatorial de Primo de Rivera disolvió las Cortes y suspendió la Constitución, tratando de convertir en una solución transitoria al desmoronamiento de la Restauración. Primo de Rivera carecía de carisma popular y su régimen no tenía ideología alguna. Sus objetivos venían definidos por el lema “menos política y más administración”, y su actuación gubernamental fue el resultado más de la improvisación que de la puesta en práctica de un verdadero programa político.

El Directorio Militar (1923-1925)

En un primer momento no quiso contar con ninguna fuerza política, sino que formó un Directorio Militar integrado por ocho generales y un almirante. La dictadura logró consolidarse actuando con firmeza en los momentos iniciales y beneficiada por una coyuntura económica favorable:

• Restableció el orden público.
• Actuó contra el catalanismo.
• Acabó con el problema de Marruecos.

El Directorio Civil (1925-1930)

Primo de Rivera buscó perpetuarse en el poder y no retornar a la normalidad constitucional. Sustituyó el directorio militar por un nuevo directorio civil, al que se incorporaron algunos políticos civiles. Primo de Rivera, para tratar de institucionalizar el régimen, creó un partido político, la “Unión Patriótica”, de clara orientación antiliberal. Además, en sustitución de las Cortes, estableció una Asamblea Nacional Consultiva, basada en el sistema de representación corporativa, es decir, que sus miembros no representaban a los ciudadanos, sino a determinados sectores de la sociedad. No obstante, la nueva asamblea nunca llegó a tener influencia ni llevó a cabo la misión de redactar una nueva Constitución.

Política Social y Económica

La política social buscó lograr la “paz social”. La principal iniciativa fue la creación en 1926 del Consejo de Trabajo (Organización Corporativa Nacional), cuya misión fundamental era formar “comités paritarios” de patronos y trabajadores encargados de solucionar las disputas laborales. Los principales dirigentes socialistas formaron parte de ese Consejo y no tuvieron reparos en colaborar con la dictadura. Creían que la revolución socialista todavía no era posible y que era necesario reforzar la organización de los trabajadores, para lo que esos comités podían servir. Esa actitud colaboracionista provocó la división en el seno del PSOE y de la UGT.

La política económica de la dictadura estuvo encaminada a promover la producción nacional mediante la intervención directa del Estado, es decir, que fue proteccionista e intervencionista. Surgieron, de ese modo, importantes monopolios estatales como CAMPSA o Tabacalera. El Estado invirtió notablemente en obras públicas (carreteras, centrales hidroeléctricas, industria pesada). Esta política a corto plazo fue exitosa: redujo el paro y mejoró la paz social. Sin embargo, el excesivo intervencionismo también limitó la iniciativa privada; aumentó el déficit público; España mantuvo un importante déficit en su balanza comercial. El estallido de la crisis de 1929 terminará por hundir las mejoras económicas.

Caída de la Dictadura y Proclamación de la Segunda República

Con el crecimiento de los problemas económicos se hizo más evidente la falta de apoyos de la Dictadura. Primo de Rivera, el 27 de enero de 1930, presentó su dimisión. Alfonso XIII aceptó de inmediato y decidió restablecer el viejo sistema parlamentario. Pero la caída de la Dictadura terminó por arrastrar a la propia monarquía. El triunfo republicano en unas elecciones municipales condujo a la proclamación de la II República.

Alfonso XIII encomendó al general Berenguer retornar gradualmente a la normalidad constitucional. Los republicanos se organizaron, tratándose de ofrecer como una renovación posible, y además protagonizaron un alzamiento contra el régimen (Insurrección de Jaca) que, pese al fracaso, demostraba el avance del republicanismo. Berenguer trató de celebrar unas elecciones a Cortes, pero la mayoría de partidos se negaron a participar. Incluso los monárquicos exigieron que las elecciones fueran a Cortes Constituyentes. En febrero de 1931, Berenguer dimitió.

Alfonso XIII encargó entonces formar gobierno al almirante Juan Bautista Aznar, que decidió aplazar las elecciones generales y convocar elecciones municipales para elegir nuevos ayuntamientos que garantizasen la limpieza de unas elecciones constituyentes posteriores. La victoria de la Conjunción Republicano-Socialista provocó la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931.

El Reinado de Alfonso XII y el Sistema Canovista (1874-1885)

Tras el convulso Sexenio Democrático (1868-1874), la política española entraría en un periodo conservador, marcado por la estabilidad, conocido como Restauración. El fracaso de la I República provocó que los partidarios de la restauración borbónica comenzasen a buscar apoyos tanto dentro como fuera del país. El principal defensor del príncipe Alfonso, hijo de Isabel II, fue Cánovas del Castillo, que hizo firmar al príncipe el “Manifiesto de Sandhurst”, en el que se presentaba ante el pueblo español como un monarca constitucional. El manifiesto encontró suficientes apoyos. Así lo demostró el pronunciamiento del general Martínez Campos en Sagunto el día 29 de diciembre. El triunfo del levantamiento supuso el restablecimiento de la casa Borbón en la persona de Alfonso XII.

Alfonso XII desembarcó en Barcelona en enero de 1875; inmediatamente firmó un decreto por el que ratificaba a Cánovas del Castillo en la presidencia del Consejo de Ministros y nombraba a todos los ministros del gobierno, entre los que predominaban los canovistas junto con los antiguos moderados que habían servido a Isabel II.

El Sistema Canovista

El nuevo régimen político es conocido como “Sistema Canovista”, ya que fue Cánovas del Castillo su creador, tomando como modelo el sistema británico: consistía en una monarquía parlamentaria en la que dos partidos se turnarían pacíficamente en el poder. Cánovas trató de articular su sistema por medio de unos partidos que coincidieran ideológicamente en lo esencial: defensa de la monarquía, respeto hacia las libertades políticas básicas, mantenimiento del orden social, Estado centralista y uniforme, etc.; asegurar la gobernabilidad y evitar la constante injerencia del ejército era su objetivo fundamental. Eso le permitiría integrar a un amplio espectro político que iba desde los antiguos moderados hasta los constitucionales de Sagasta.

Los Partidos del Turno

Los dos partidos del sistema fueron el Partido Liberal Conservador y el Partido Liberal Fusionista.

• Partido Conservador: fue creado por el propio Cánovas. Integraba a los miembros del antiguo Partido Moderado y de la Unión Liberal. Eran partidarios de una monarquía parlamentaria con libertades restringidas y sufragio censitario. Contaban con el apoyo de la Iglesia y de las oligarquías financieras.
• Partido Liberal: aglutinó a los antiguos progresistas y constitucionalistas, incluso a los sectores posibilistas del partido radical. Lo lideraba Práxedes Mateo Sagasta y, en la práctica, difería muy poco del Partido Conservador: representaba también los intereses de la burguesía, pero defendían el sufragio universal y un conjunto de libertades más amplios, entre los que destacaba la libertad de culto y el librecambismo.

Se trataba, por tanto, de un falso régimen parlamentario, ya que los dos partidos representaban los intereses de la burguesía y porque el turno pacífico en el poder respondía a acuerdos previos y al fraude electoral. Los dos partidos se turnaban atendiendo al criterio del monarca. Para el cambio de partido en el gobierno se convocaban nuevas elecciones para que el gobierno pudiera contar con la mayoría parlamentaria suficiente. Casi todo quedaba, pues, a merced del criterio discrecional del monarca.

Convocadas las elecciones, comenzaba el fraude electoral: desde Madrid se transmitían instrucciones a los gobernadores civiles de cada provincia; estos elaboraban la lista de los candidatos que debían salir elegidos en cada localidad y se lo comunicaban a los caciques locales, que se encargaban de la manipulación de los resultados electorales mediante diversos procedimientos que iban desde las amenazas a la falsificación del censo o el “pucherazo”.

El Reinado de Alfonso XII y la Regencia de María Cristina

Alfonso XII reinó entre 1874 y 1885. El gobierno lo ejerció habitualmente el Partido Conservador, salvo de 1881 a 1884 en que, con el primer gobierno del Partido Liberal, se inició la práctica del turno pacífico. Con Cánovas en el poder, los éxitos principales tuvieron que ver con la pacificación bélica: así, en 1876 se consiguió el fin de las guerras carlistas, y en 1878, de la insurrección cubana (Paz de Zanjón). Con Sagasta se acometieron algunas medidas liberalizadoras: se autorizó la propaganda republicana, se levantaron las suspensiones de algunos periódicos, los profesores que habían sido apartados de sus cátedras las recuperaron, etc.

El momento más delicado para el sistema llegaría en noviembre de 1885 con la muerte prematura de Alfonso XII. El monarca había tenido un breve matrimonio con su prima María de las Mercedes, y con su segunda esposa, María Cristina de Habsburgo, no tenía descendencia masculina (sólo dejaba dos hijas). La reina se encontraba embarazada; el nacimiento, en mayo de 1886, de un heredero varón (el futuro Alfonso XIII) contribuyó a perpetuar el sistema.

La Constitución de 1876

Este sistema tuvo la cobertura legal de la Constitución de 1876, moderada y basada en lo esencial en la de 1845, aunque con algunos derechos de la Constitución progresista de 1869, pero recortados. Su gran ventaja radicaba en su elasticidad; es decir, un articulado poco preciso que era compatible con gobiernos distintos. Se podrían variar las leyes ordinarias sin tener que cambiar la Constitución; se evitaba, así, que cada cambio de gobierno supusiera un cambio constitucional. Todo ello permitió su amplia vigencia: desde 1876 hasta 1923 (Dictadura de Primo de Rivera).

El moderantismo constitucional quedaba de manifiesto en la existencia de una soberanía compartida entre el rey y las Cortes. Las prerrogativas del rey aumentaban: aglutinaba el poder ejecutivo; nombraba y separaba libremente a los ministros; sancionaba y promulgaba las leyes; convocaba, disolvía y suspendía las Cortes. La declaración de derechos era semejante en apariencia a la de 1869, pero únicamente se reconocían con carácter general y su regulación mediante leyes posteriores permitió limitarlos o anularlos sin necesidad de modificar la Constitución.

Las Cortes eran bicamerales, con un Senado elitista y conservador en el que tan sólo una parte era elegible, existían senadores vitalicios por derecho propio (nobleza, clero,…) y senadores vitalicios nombrados por el rey; el Congreso era electivo, pero no se definía el tipo de sufragio, siendo regulado por leyes posteriores. La primera ley electoral estableció el sufragio censitario, pero en 1890 Sagasta restauró el sufragio universal masculino. En la cuestión religiosa se declaraba el catolicismo como religión oficial del Estado y se prohibían las manifestaciones públicas de cualquier otra religión, aunque se reconocía la libertad individual de culto.