La España Republicana: Revolución, Poder y Guerra (1936-1939)
El Inicio de la Sublevación y la Respuesta Republicana
El 18 de julio de 1936, Casares Quiroga dimite como jefe de gobierno. Diego Martínez Barrio es elegido para sucederle, con el objetivo de dimitir si no lograba detener la sublevación militar en curso. Al día siguiente, el 19 de julio, Martínez Barrio dimite y Manuel Azaña nombra a José Giral como nuevo jefe de gobierno. Giral toma la decisión crucial de repartir armas a la población civil para intentar frenar la sublevación.
Para atajar la sublevación, José Giral tuvo que organizar una fuerza militar capaz de oponerse a los sublevados. Para ello, tomó medidas drásticas:
- Entregó armas a las milicias de los partidos y sindicatos.
- Disolvió el ejército tradicional y los cuerpos policiales.
- Decretó la creación de batallones de voluntarios.
Estas acciones tuvieron una consecuencia inmediata: en el territorio republicano emergió una estructura de poder popular, que constituía en aquel momento la única fuerza armada capaz de defender la legalidad republicana.
El Surgimiento de los Organismos Revolucionarios
En el verano y otoño de 1936, el poder del Estado sufrió un desplome y fue sustituido por organismos revolucionarios dispuestos a imponer un nuevo orden. Surgieron consejos, comités y juntas que se ocupaban de organizar las columnas de voluntarios para el frente, del orden público, de la economía, etc.
En algunas zonas, los comités se unificaron para formar consejos regionales. En estos organismos se reunían las fuerzas del Frente Popular, con predominio de los sindicatos y partidos obreros. Fue especialmente importante la creación en Cataluña del Comité Central de Milicias Antifascistas, que reconstruiría el poder de la Generalitat con un gobierno presidido por Lluís Companys. Mientras en la zona republicana la autoridad se diluía, en la zona sublevada, Franco imponía su poder de forma férrea.
La Revolución Social en la Zona Republicana
En el territorio que permaneció fiel a la República, el alzamiento militar provocó la extensión de un clima revolucionario. La mayor parte de la población que en los primeros momentos defendió a la República estaba constituida por campesinos y obreros vinculados a organizaciones de la izquierda revolucionaria. Una vez sofocada la rebelión, se sintieron legitimados para impulsar cambios sociales.
El elemento más significativo de la revolución social desencadenada a partir de julio de 1936 fue la colectivización de gran parte de la propiedad industrial y agraria. Los comités se hicieron con el control de los transportes, los servicios urbanos, los suministros militares, las fábricas y los talleres.
En algunos casos, los empresarios e industriales huyeron al estallar la guerra o fueron detenidos o asesinados, y los trabajadores se pusieron al frente de las empresas. Otras veces, tras hacerse con el control y la dirección de las empresas, comunicaban a sus dueños que las explotarían en régimen de autogestión. Entre finales de julio y primeros de octubre, una serie de decretos dieron cobertura legal a las incautaciones de industrias y tierras efectuadas por los organismos populares. En el campo, las expropiaciones de fincas y su ocupación masiva se extendieron por Aragón, Valencia, La Mancha y Andalucía. En zonas de influencia anarquista y socialista, las tierras pasaron a depender de comités o comunas locales.
Violencia y Represión en la Retaguardia
En los primeros meses de la guerra se desencadenó en la zona republicana una respuesta popular espontánea. Los “facciosos” (sublevados), la Iglesia, la burguesía, los propietarios y las clases acomodadas fueron objeto de persecución.
Tuvieron lugar asesinatos, detenciones ilegales en cárceles clandestinas, saqueos e incendios de iglesias y conventos, y requisas de bienes y propiedades particulares. Hubo incidentes graves como los asesinatos de presos políticos de derechas y de figuras políticas como José Antonio Primo de Rivera. La mayoría de los perseguidos apoyó al bando franquista. La imposición de un cierto “terror” revolucionario en las calles estuvo impulsada por el sector más radical del anarcosindicalismo (CNT-FAI) y del POUM. Cuando había una matanza en alguna zona, se provocaba otra en la zona contraria, y esa espiral de violencia hizo explotar la Guerra Civil.
El Gobierno de Largo Caballero y la Reconstrucción del Estado
A finales del verano de 1936, los milicianos no conseguían detener el avance de los sublevados. Las fuerzas republicanas, ante el temor de que Madrid fuese tomada por Franco, consideraron que debían establecer un gobierno de autoridad. Así, el 5 de septiembre de 1936, Francisco Largo Caballero, secretario general de la UGT, constituyó un nuevo gobierno formado por socialistas, PNV, catalanistas de izquierda, republicanos, anarquistas y, por primera vez, comunistas. El gobierno de la República se trasladó a Valencia. El objetivo del gobierno era crear una “alianza antifascista”, recuperar la autoridad perdida, recomponer el Estado, dirigir la guerra y crear el Ejército Popular, sobre la base de las Brigadas Mixtas.
Aunque una serie de fracasos militares volvieron a abrir el enfrentamiento entre las fuerzas republicanas respecto a cómo se debía afrontar el proceso revolucionario y la guerra. Republicanos, comunistas y parte de los socialistas eran partidarios de poner orden en la retaguardia y reconstruir un Estado fuerte concentrado en el esfuerzo bélico.
El Gobierno de Negrín y el Final de la República
Los comunistas, que tenían el apoyo de la Unión Soviética, exigieron la disolución del POUM y la detención de sus líderes. Largo Caballero se negó, dimitió, y Manuel Azaña encargó la formación de un nuevo gobierno al socialista Juan Negrín. El POUM fue declarado ilegal y sus militantes, detenidos. Andreu Nin fue asesinado por agentes de la policía política soviética. Formaron parte del nuevo gobierno los partidos del Frente Popular, sin la UGT ni la CNT. Indalecio Prieto asumió el Ministerio de la Guerra y el nuevo gabinete basó su política en la prioridad del esfuerzo militar.
Para ello se reforzó el poder central, se unificó la dirección de la guerra, se integraron todas las milicias en el Ejército Popular, se estableció un control sobre la producción industrial y agraria, y se disolvió el Consejo de Aragón. La sede del gobierno se trasladó de Valencia a Barcelona para controlar los recursos económicos y militares de una importante zona, pero ello provocó fricciones constantes con la Generalitat, que vio cómo quedaban recortadas sus competencias.
En septiembre de 1938, la República recibió un duro revés cuando se firmó el Pacto de Múnich, por el que Gran Bretaña y Francia reconocían la ocupación de los Sudetes por Hitler y se plegaban al expansionismo nazi. Negrín insistía en la necesidad de la resistencia militar, con la esperanza de que un cambio en la situación internacional obligara a las potencias fascistas a aligerar sustancialmente la presencia alemana e italiana en España. Por ello se acuñó el lema “¡Resistir es vencer!”. La pérdida de Cataluña entre enero y febrero de 1939 significó el exilio para los gobiernos de la República, de Cataluña y del País Vasco.