La Segunda República Española: Auge, Reformas y Desafíos
Debido al incremento de la oposición a Primo de Rivera, el rey le retiró su confianza y Primo de Rivera dimitió el 30 de enero de 1930.
Berenguer fue el encargado de sustituirle, con la misión de celebrar unas elecciones que permitieran retornar a la normalidad institucional. La oposición comenzó a organizarse y los republicanos catalanistas de izquierda y el PSOE acordaron la firma del Pacto de San Sebastián, un programa para presentarse a las elecciones y constituir un comité revolucionario que debería convertirse en el gobierno provisional de la futura República.
Berenguer fue incapaz de preparar las elecciones y fue sustituido por un gobierno presidido por el almirante Aznar. Este decidió convocar en primer lugar las elecciones municipales al considerarlas las menos peligrosas para la monarquía, pero Alfonso XIII se había comprometido excesivamente con la dictadura y las elecciones se presentaron como un plebiscito a favor o en contra de la monarquía.
El 12 de abril de 1931 se celebraron elecciones municipales. La participación fue muy alta y las candidaturas republicanas-socialistas triunfaron en las grandes ciudades. El 14 de abril, proclamaron la República. El rey Alfonso XIII decidió renunciar a la potestad real y ese mismo día abandonó el país, partiendo hacia el exilio.
Los representantes de los partidos firmantes del Pacto de San Sebastián constituyeron un gobierno provisional y se proclamó oficialmente la Segunda República Española. Los miembros de ese gobierno representaban a las principales fuerzas de la conjunción republicano-socialista: republicanos conservadores, de izquierda y radicales, y nacionalistas catalanes y gallegos. Al margen quedaban la derecha monárquica, los nacionalistas vascos y el obrerismo más radical (comunistas y anarquistas). El gobierno provisional convocó inmediatamente elecciones a Cortes constituyentes. El gobierno decretó una serie de medidas de extrema urgencia. Las promesas de cambio contaron con un amplio apoyo popular, pero también con la animadversión de los grandes propietarios agrícolas, la oligarquía financiera, parte del ejército y la iglesia. Las elecciones generales del 28 de junio tuvieron una alta participación y la victoria fue para la coalición republicano-socialista.
Los diputados electos formaron las nuevas Cortes republicanas, y al jefe del gobierno, Niceto Alcalá Zamora, y a los ministros del gobierno provisional. Las Cortes nombraron una comisión encargada de elaborar un proyecto de constitución.
La Constitución de 1931
La Constitución de 1931 fue muy avanzada para su tiempo. Tenía un marcado carácter democrático y progresista, y se establece que todos los poderes emanan del pueblo.
Agrupaba los siguientes principios:
- El Estado se configuraba de forma “integral”, pero se aceptaba la posibilidad de constituir gobiernos autónomos en algunas regiones.
- El poder legislativo residía plenamente en las Cortes, constituidas por una sola cámara.
- El poder ejecutivo recaía en el gobierno, formado por el Consejo de Ministros y el jefe de gobierno, así como en el presidente de la República, jefe del Estado y representante institucional.
- El poder judicial a unos jueces independientes.
Incluía también una amplia declaración de derechos y libertades y manifestaba una preocupación por los temas sociales. Garantizaba la igualdad absoluta ante la ley, la educación y el trabajo y la no discriminación por razón de origen, sexo o riqueza. Concedía el voto a las mujeres. Hacía una clara afirmación de la laicidad del Estado, al no declarar ninguna religión como oficial y al reconocer el matrimonio civil y el divorcio. Aunque fue aprobada por amplia mayoría, existían profundas discrepancias entre izquierda y la derecha. La aprobación de los artículos religiosos provocó la dimisión de los sectores católicos del gobierno, por lo cual Azaña sustituyó en la jefatura del gobierno a Alcalá Zamora, y éste pasó a ser presidente de la República.
Esta etapa republicana inauguró un periodo de gran actividad política y sindical.
Partidos Políticos y Sindicatos
En la izquierda política, los radical-socialistas, con Acción Republicana. En el ámbito regional, Organización Republicana Autonomista Gallega (ORGA) y Ezquerra Republicana de Catalunya. El partido más sólido, el PSOE. Más a la izquierda, el Partido Comunista de España (PEC) y el POUM (partido obrero de unificación marxista) de tendencia antiestalinista.
El sindicato Anarquista CNT. Estaban también las formaciones republicanas de centro-derechas como el Partido Radical dirigido por Lerroux. El gran partido de la derecha católica y conservadora fue la Conservación Española de la Derecha Católica (CEDA) dirigida por José María Gil Robles. Defendía la propiedad agraria, el tradicional peso de la Iglesia y del ejército, así como los intereses de los propietarios. En Cataluña, los grupos conservadores estaban representados por la LLiga Regionalista, y en el País Vasco por el PNV. Con los mismos objetivos, pero con una actitud claramente hostil hacia la República, Renovación Española liderado por Calvo Sotelo que llegó a acuerdos electorales con los carlistas agrupados en la Comunión Tradicionalista. También estaban los pequeños grupos de corte nacionalsocialista y fascista que crearon, las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS), unidas más adelante a Falange Española.
Reformas y Conflictos
Uno de los primeros objetivos de la República fue limitar la influencia de la Iglesia y secularizar la sociedad española. El temor a la influencia que las órdenes religiosas ejercían en la educación llevó al gobierno a prohibirles dedicarse a la enseñanza. Se completó con la Ley de Congregaciones que limitó la posesión de bienes a las órdenes religiosas. El enfrentamiento más grave se produjo con los jesuitas, la Compañía de Jesús fue disuelta, y sus bienes, nacionalizados. Una buena parte de los sectores católicos percibió la nueva legislación como una agresión al catolicismo. La jerarquía eclesiástica, no dudó en manifestar su antagonismo hacia la república y en movilizar a los católicos en su contra.
El gobierno impulsó una modernización del ejército. Manuel Azaña impulsó una reforma que pretendía crear un ejército profesional y democrático. Se creyó necesario reducir los efectivos militares, asegurar su obediencia al poder civil y terminar con la tradicional intervención del ejército en la vida política. Se promulgó la Ley de Retiro de la Oficialidad establecía que todos los oficiales en activo debían prometer su adhesión a la República, pero se les daba la posibilidad de retirarse con el sueldo íntegro si así lo deseaban. Se redujo el número de unidades y oficiales y se cerró la Academia Militar de Zaragoza, vivero de los sectores más golpistas del ejército. Posteriormente se creó la Guardia de Asalto. La reforma consiguió la disminución de los gastos del ejército aunque fue recibida por los africanistas, como una agresión a la tradición militar y al poder del ejército. La derecha aprovechó ese descontento para animar a la revuelta militar contra la República.
La Reforma Agraria
La reforma agraria fue el proyecto de mayor envergadura iniciado por la República. Se pretendía poner fin al predominio del latifundismo existente en buena parte del centro y el sur de España y mejorar las condiciones de vida de los campesinos pobres. Esta reforma era esencial teniendo en cuenta el papel que desempeñaba la agricultura en la economía española. Una serie de primeros decretos perseguían proteger a los campesinos sin tierra y a los arrendatarios. Fijaron la jornada laboral de ocho horas en el campo y salarios mínimos y la obligación de los propietarios de poner cultivo las tierras aptas para ello. La verdadera reforma consistía en la elaboración de una Ley de Reforma Agraria.
El objetivo de la ley era la modernización de la agricultura, permitía la expropiación sin indemnización de las tierras de una parte de la nobleza, las arrendadas sistemáticamente o las que, pudiendo ser regadas no lo eran, se podían expropiar indemnizando a sus propietarios. La aplicación de esta ley se encomendó al Instituto de la Reforma Agraria (IRA). Los resultados iniciales fueron escasos, las razones de este fracaso estarían en la complejidad de la ley, la lentitud y las dificultades burocráticas para su aplicación, la falta de presupuesto y la resistencia de los propietarios, que recurrieron a todo tipo de medios para esquivarla. La aplicación de la Ley originó un considerable aumento de la tensión social. Los grandes propietarios se opusieron y la mayoría se aliaron con los enemigos de la República consolidando un frente de fuerzas conservadoras dispuestas a acabar con ella. Los campesinos quedaron decepcionados con los resultados y se orientaron hacia posturas más revolucionarias y de enfrentamiento con las fuerzas del orden.
Autonomías Regionales
La reforma del Estado centralista fue la configuración de un Estado que permitiera a las regiones con sentimientos nacionalistas tener una organización propia y acceder a la autonomía. En Cataluña, el 14 de abril de 1931 había proclamado la República Catalana. La negociación entre el gobierno provisional de la República y los dirigentes políticos catalanes permitió la anulación de esta decisión, a cambio de la formación de un gobierno autonómico provisional (Generalitat) cuya primera tarea sería la elaboración de un Estatuto de Autonomía.
La conspiración militar contaba con el apoyo de las fuerzas políticas de la derecha. Se establecieron contactos con la Italia fascista y la Alemania nazi. El día 14 de junio se produjo en Madrid el asesinato, a mano de un grupo de izquierdistas de Calvo Sotelo en respuesta al asesinato del teniente Castillo. Su muerte aceleró los planes golpistas y la sublevación se inició en Marruecos el día 17 de julio dando origen a una Guerra Civil que se prolongaría durante tres años.
El asesinato de Calvo Sotelo proporcionó el pretexto para la insurrección militar. El 17 de julio de 1936 la guarnición de Melilla se sublevó y declaró el estado de guerra a Marruecos, disparándose el mecanismo que llevaría a España a su más cruenta guerra civil.
Franco voló a Tetuán para ponerse al mando, mientras el levantamiento se ponía en marcha en la península ante el desconcierto de Casares Quiroga.
En pocos días, ante el fracaso del levantamiento en las principales ciudades de España, el enfrentamiento entre las fuerzas sublevadas y las leales al gobierno se convirtió en una guerra civil en la que Franco adquirió un protagonismo decisivo.
Estatutos de Autonomía
La Constitución ofreció un marco legal al Estatuto de Autonomía de Cataluña. La aprobación del estatuto contó con la virulenta oposición de la derecha y de algunos sectores republicanos, pero gracias a la determinación del jefe de gobierno, Azaña, fue aprobada. El régimen autonómico catalán contaba con competencias en materia económica, social, educativa y cultural y se reconocía la cooficialidad del catalán.
En el País Vasco, nacionalistas del PNV y carlistas aprobaron un proyecto de estatuto. Su aprobación se retrasó indefinidamente debido a la oposición del republicanismo de izquierdas y de los socialistas, que consideraban este proyecto en exceso confesional, poco democrático e incompatible con la constitución republicana. En octubre de 1936, ya iniciada la guerra, se aprobó un estatuto. José Antonio Aguirre fue elegido primer lendakari. En Galicia, la conciencia nacionalista era menos acusada. En consecuencia, el proceso estatutario fue mucho más lento y se sometió a plebiscito un proyecto de estatuto que no llegó nunca a ser aprobado por las Cortes debido a la Guerra Civil.
Reformas Educativas y Laborales
En la reforma educativa y cultural el objetivo primordial era promover una educación liberal y laica y hacer del Estado el garante del derecho a la educación extendido a toda la población. Se crearon 10000 escuelas y 7000 plazas para maestros, el presupuesto de educación se incrementó en un 50%. Se intentó acabar con la hegemonía de la enseñanza religiosa y se adoptó un modelo de escuela mixta, laica, obligatoria y gratuita.
Estaban convencidos de la necesidad de mejorar el nivel cultural de la población y se promovieron campañas culturales destinadas a los sectores más humildes. Las llamadas Misiones Pedagógicas, llevaban a las zonas rurales bibliotecas, coros, conferencias, cines y grupos de teatro como La Barraca.
En las reformas laborales; Largo Caballero inició una serie de reformas para mejorar las condiciones laborales. La Ley de Contratos de Trabajo, que regulaba la negociación colectiva, y la Ley de Jurados Mixtos. Se estableció la semana laboral de 40 horas y el aumento de salarios. La creación de seguros sociales se reforzó el papel de los sindicatos agrícolas. Estas medidas provocaron la irritación de las organizaciones patronales y consiguieron frenar algunos proyectos, como el de la intervención obrera en las empresas.
Crisis Económica y Social
Por otro lado, el cambio de régimen coincidió con la fase más grave de la depresión económica mundial, iniciada con el hundimiento de la Bolsa de Nueva York, en octubre de 1929. La crisis mundial paralizó la emigración a América. La crisis internacional agravó los ya tradicionales problemas internos de la economía española.
En el plano social, la lentitud de las reformas emprendidas provocó el desencanto y la impaciencia de los trabajadores. La voluntad revolucionaria de los partidos y sindicatos de izquierda agudizó los enfrentamientos. Las huelgas, las insurrecciones y las ocupaciones de tierras fueron en progresivo aumento. Estos hechos produjeron un enorme desgaste del gobierno, que se vio desacreditado como consecuencia de las duras medidas policiales adoptadas para establecer el orden público. Los conflictos aumentaron la desconfianza empresarial y desincentivaron aún más la inversión provocando un rápido empeoramiento de la situación económica. La crisis fue aprovechada por todos los sectores contrarios a la República para intentar acabar con la coalición republicano-socialista.
Oposición y Radicalización
Las reformas republicanas y la conflictividad social disgustaron a las élites económicas, sociales e ideológicas. Asimismo, amplias capas de las clases medias consideraban los cambios demasiado radicales. Todos se fueron organizando alrededor de los tradicionales partidos conservadores o de las nuevas organizaciones de carácter fascista y autoritario para oponerse al gobierno. El centro-derecha se reestructuró alrededor del Partido Radical de Lerroux, que atrajo a grupos no tan opuestos a la República como a su carácter de izquierda. La derecha monárquica, católica y conservadora consiguió importantes progresos. La CEDA contó rápidamente con un buen número de afiliados y con un líder indiscutible: José María Gil Robles. Renovación Española, La Comunión Tradicionalista y muy especialmente los grupos fascistas de las JONS y Falange. Con sus acusaciones consiguieron crear un clima de temor que acabó arrastrando al conjunto de la derecha. En este contexto, el general Sanjurjo protagonizó un golpe de Estado con la pretensión de forzar el viraje de la República a la derecha, pero fracasó estrepitosamente. En 1933 se creó la Unión Militar Española (UME) como organización clandestina de militares derechistas y antirreformistas, que tendría una activa participación en el golpe de Estado de julio de 1936.
El Bienio Negro
Las elecciones generales de 1933 se celebraron el 18 de noviembre. La izquierda se presentó a los comicios desunida: la derecha se presentó unida y organizada. El resultado fue la victoria de los partidos de centro-derecha, lo cual inauguró dos años de gobierno conservador, también conocido como Bienio Negro. Dos fuerzas políticas obtuvieron los mejores resultados: el Partido Radical de Lerroux y la CEDA de Gil Robles. El presidente Alcalá Zamora, poco partidario del talante extremista y antirrepublicano de la CEDA, confió la formación de gobierno al Partido Radical que contaba con el apoyo parlamentario de la CEDA, bajo la promesa de una inmediata rectificación de las reformas del bienio de izquierdas.
El nuevo gobierno, presidido por Lerroux, inició su mandato paralizando una buena parte del proyecto reformista anterior. Se frenó la reforma agraria. Los propietarios mostraron su voluntad de desquitarse de las reformas anteriores y los campesinos respondieron con huelgas. La cuestión agrícola enfrentó también al gobierno central con la Generalitat de Cataluña. El gobierno central también se enemistó con los nacionalistas vascos al paralizar la discusión del proyecto de estatuto vasco impulsado por el PNV. El gobierno también intentó contrarrestar la reforma religiosa aprobando un presupuesto de culto y clero e iniciando negociaciones para firmar un concordato con la Santa Sede. En cuanto al ejército, no se anuló la reforma, pero se aprobó una amnistía para los sublevados con Sanjurjo. En materia de educación, se respetaron los cambios, aunque se redujo considerablemente el presupuesto.
El viraje conservador y la obstrucción de las reformas impulsadas en el bienio de izquierdas tuvieron como consecuencia una radicalización del PSOE y de la UGT, que se materializó en la proliferación de huelgas y conflictos. La CEDA endureció su posición y reclamó una acción más contundente en materia de orden público, exigiendo participar directamente en el gobierno bajo la amenaza de retirar su apoyo parlamentario. Lerroux accedió a estas peticiones y otorgó tres carteras ministeriales a la CEDA.
La Revolución de Octubre de 1934
La revolución de octubre de 1934 fue causada porque la izquierda interpretó la entrada de la CEDA en el gobierno como una deriva hacia el fascismo. Al día siguiente de la formación del nuevo gobierno, se produjeron huelgas y manifestaciones para defender las reformas sociales, amenazadas. El movimiento fracasó a nivel nacional, pero los acontecimientos fueron especialmente graves en Asturias y Cataluña. En Asturias, los mineros protagonizaron una revolución social, tomaron gran parte de los cuarteles de la guardia civil, sustituyeron los ayuntamientos por comités revolucionarios que asumieron el gobierno. El gobierno envió desde África a la legión, al mando del general Franco para reprimir el levantamiento. La represión fue durísima: más de mil mineros muertos, dos mil heridos y unos cinco mil detenidos, lo cual desencadenaría una campaña de solidaridad internacional con las víctimas. En Cataluña, la revuelta tuvo un carácter más político que en Asturias. Contó con el respaldo del presidente de la Generalitat, Lluis Companys. Esta pretendía evitar la entrada de la CEDA en el gobierno. Por ello proclamó la República Catalana dentro de la República Federal al mismo tiempo que una alianza de partidos de izquierda organizaban una huelga general. Se declaró el estado de guerra y el ejército ocupó el palacio de la Generalitat. Fueron detenidos varios líderes de la izquierda.
Las consecuencias de la revolución de Octubre fueron notables. La CEDA aumentó su influencia en el gobierno y se mostró partidaria de aplicar las condenas con rigor y de proceder a una reorientación más dura de la política del gobierno. El partido radical se vio afectado por una serie de escándalos de corrupción, como el caso del estraperlo y los casos de malversación de fondos por parte de varios políticos radicales. Los radicales de Lerroux estaban completamente deslegitimados para gobernar y se hacía imprescindible un relevo en el poder. Gil Robles pidió que le nombraran presidente, pero Alcalá Zamora se negó y decidió convocar nuevas elecciones para Febrero de 1936.
El Frente Popular y el Golpe de Estado
Para presentarse a las elecciones de Febrero de 1936, los partidos de izquierda se agruparon en el Frente Popular, con un programa común que defendía la concesión de una amnistía para los encarcelados por la revolución de octubre, la reintegración en cargos y puestos de trabajo para los represaliados por razones políticas y la aplicación de la legislación reformista. Los partidos de derecha formaron distintas coaliciones, pero no lograron conformar una candidatura única para toda España ni redactar un programa electoral consensuado. En las elecciones, el Frente Popular se convirtió en la fuerza ganadora. El nuevo gobierno quedó formado exclusivamente por republicanos mientras que los socialistas y el resto de partidos de la coalición se comprometieron a prestarle apoyo parlamentario. Azaña fue presidente de la República y Casares Quiroga, jefe de gobierno.
El nuevo gobierno puso rápidamente en marcha el programa pactado. Se decretó una amnistía y se obligó a readmitir a los obreros despedidos a raíz de las huelgas de octubre. El gobierno de la Generalitat volvió al poder y se restableció el Estatuto de Autonomía de Cataluña, País Vasco y Galicia. Se iniciaron las negociaciones para la aprobación de su estatuto. Reanudó el proceso reformista y presentó un proyecto para la devolución de los bienes comunales a los municipios y la reanudación de los asentamientos de campesinos. Los partidos de izquierda y los sindicatos se lanzaron a una movilización popular. Defendían la necesidad de acciones revolucionarias, se orientaban hacia soluciones radicales cercanas a la del PCE. En las ciudades se convocaron huelgas y en el campo los jornaleros se adelantaban a la legislación y ocupaban las tierras. La nueva situación fue recibida por las derechas con absoluto rechazo: muchos propietarios se opusieron a las medidas del gobierno; algunos empresarios cerraron fábricas y la Iglesia volvió a lanzar campañas contra la República. Falange Española fomentó un clima de enfrentamiento civil y político. Grupos de falangistas formaron patrullas armadas que iniciaron acciones violentas contra los líderes izquierdistas, respondidas del mismo modo por los militantes más radicales de la izquierda. Los enfrentamientos se propagaron entre Febrero y Julio de 1936 por todo el país.
La creación de un clima de violencia favorecía a los sectores decididos a organizar un golpe de Estado militar contra la República. La noche de las elecciones de febrero, el general Franco intentó declarar el Estado de guerra. En marzo un grupo de generales acordaron “un alzamiento”. La conspiración militar tuvo escasa fuerza y mala organización hasta que se puso al frente Emilio Mola, verdadero jefe del golpe de estado hasta julio de 1936. Su plan consistía en organizar un pronunciamiento militar simultáneo con protagonismo especial del ejército de África. Para frenar los rumores golpistas, el gobierno trasladó de destino a los más directamente implicados (Franco, Canaria y Mola, Navarra), pero no se atrevió a destituirlos.