La Segunda República Española (1931-1936)

Las Elecciones de 1931 y el Gobierno Provisional

El 12 de abril de 1931 se celebraron elecciones municipales en España, mediante sufragio universal masculino. La participación fue muy alta y las candidaturas republicano-socialistas triunfaron en las grandes ciudades, en 41 de las 50 capitales de provincias y en la mayor parte de los núcleos industriales.

El 14 de abril por la mañana, los concejales electos de la localidad guipuzcoana de Éibar proclamaron la República y, a lo largo del día, lo hicieron los concejales de Valencia, Sevilla, Oviedo, Zaragoza, Barcelona, etc. Ante la nueva situación, el rey Alfonso XIII decidió renunciar a la potestad real y ese mismo día abandonó el país, partiendo hacia el exilio.

En Madrid, los representantes de los partidos firmantes del Pacto de San Sebastián constituyeron un gobierno provisional, que el mismo día 14 se presentó en el Ministerio de Gobernación, en la Puerta del Sol, y proclamó oficialmente la Segunda República española. Los miembros de ese gobierno representaban a las principales fuerzas de la conjunción republicano-socialista. Al margen de la coalición quedaban la derecha monárquica, los nacionalistas vascos y el obrerismo más radical (comunistas y anarquistas). El gobierno provisional convocó inmediatamente elecciones a Cortes constituyentes para el día 28 de junio.
Paralelamente, el gobierno decretó una serie de medidas de extrema urgencia: la concesión de una amnistía general para los presos políticos, la proclamación de las libertades políticas y sindicales y la designación de altos cargos de la administración. Igualmente se proyectaron algunas tareas urgentes: la reforma del ejército, el inicio de negociaciones con catalanes y vascos para pactar una solución autonómica, medidas para proteger a los campesinos expulsados de las tierras por no poder pagar las rentas, así como actuaciones para afrontar la crisis económica. Las promesas de cambio de la nueva República contaron con un amplio apoyo popular, pero también con la animadversión de los grandes propietarios agrícolas, la oligarquía financiera, parte del ejército y la Iglesia.

Las elecciones generales del 28 de junio tuvieron una alta participación (70,14%). La victoria fue para la coalición republicano-socialista.

La Constitución de 1931

Los diputados electos formaron las nuevas Cortes republicanas, y el ejecutivo quedó en manos de la coalición vencedora, que ratificó en sus cargos al jefe del gobierno, Niceto Alcalá Zamora, y a los ministros del gobierno provisional. Las Cortes nombraron inmediatamente una comisión encargada de elaborar un proyecto de constitución, que fue aprobado en diciembre de 1931.

La Constitución de 1931 fue muy avanzada para su tiempo. Tenía un marcado carácter democrático y progresista. La Constitución agrupaba los siguientes principios:

• El Estado se configuraba de forma “integral”, pero se aceptaba la posibilidad de constituir gobiernos autónomos en algunas regiones.
• El poder legislativo residía plenamente en las Cortes, constituidas por una sola cámara con atribuciones muy amplias. El poder ejecutivo recaía en el gobierno, formado por el Consejo de Ministros y el jefe de gobierno, así como en el presidente de la República, jefe del Estado y representante institucional. El poder judicial se confiaba a unos jueces independientes.

La Constitución incluía también una amplia declaración de derechos y libertades y manifestaba una preocupación por los temas sociales. Garantizaba la igualdad absoluta ante la ley, la educación y el trabajo y la no discriminación por razón de origen, sexo o riqueza. Reconocía la facultad del gobierno para expropiar bienes de utilidad social y se definía el trabajo como una obligación social. Establecía el voto desde los 23 años y, por primera vez, concedía el voto a las mujeres. Por último, hacía una clara afirmación de la laicidad del Estado, al no declarar ninguna religión como oficial y al reconocer el matrimonio civil y el divorcio.

La Constitución no consiguió el consenso de todas las fuerzas políticas, y aunque fue aprobada por amplia mayoría (368 votos), existían profundas discrepancias entre la izquierda y la derecha, sobre todo en lo referente a la cuestión religiosa y autonómica. La aprobación de los artículos religiosos de la Constitución provocó la dimisión de los sectores católicos del gobierno, por lo cual Manuel Azaña sustituyó en la jefatura del gobierno a Niceto Alcalá Zamora, y éste pasó a ser presidente de la República.

Partidos y Sindicatos en la Segunda República

La etapa republicana inauguró un periodo de gran actividad de las formaciones políticas y sindicales. El Parlamento pasó a ser el centro de la vida política del país. Sus sesiones tenían una amplia repercusión en la prensa y en la opinión pública.

Las Formaciones de Izquierda

En la izquierda política destacaron dos partidos republicanos de ámbito estatal: los Radical-socialistas, con cierta implantación entre las clases medias e intelectuales, y Acción Republicana, que contaba con importantes personalidades, como Manuel Azaña. El papel de estos partidos en la República proviene más de su prestigio que de su fuerza electoral. En el ámbito regional, lo mismo sucedió con la Organización Republicana Autonomista Gallega (ORGA), pero no así con Esquerra Republicana de Catalunya, un partido de amplia militancia y fuerza electoral. Todos estos grupos fueron partidarios de grandes reformas, pero no mantuvieron posturas revolucionarias.
El partido más sólido y estructurado en la izquierda era el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Su fuerza creció de manera espectacular durante la República. Dentro del PSOE existían dos corrientes, una socialdemócrata, partidaria de retrasar los planteamientos revolucionarios y encabezada por Julián Besteiro e Indalecio Prieto, y otra más revolucionaria que consideraba la República sólo como un camino hacia el socialismo. Este sector estaba liderado por Largo Caballero, secretario general de la central sindical socialista UGT. Más a la izquierda destacó el Partido Comunista de España (PCE). Surgido de la rama bolchevique del socialismo, creció rápidamente entre el movimiento obrero y campesino. En 1936 se creó el POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista), de tendencia antiestalinista. Mención aparte merece el sindicato anarquista CNT, que en 1936 ya contaba con un millón de afiliados. En esta central sindical se enfrentaron dos corrientes. Por una parte, los treintistas defendían una orientación más moderada y netamente sindicalista, mostraban un cierto apoyo a la República y consideraban que la revolución no podría ser obra de una minoría “audaz”, sino de un esfuerzo colectivo de los trabajadores organizados sindicalmente. Por otra parte, la corriente más radical formada por un sector revolucionario alrededor de la Federación Anarquista Ibérica (FAI) defendía la vía insurreccional y armada. Estaba dirigida por líderes como Durruti, Ascaso o García Oliver.

Los Grupos de la Derecha

Existían algunas formaciones republicanas de centro-derecha que contribuyeron al advenimiento de la República, como el veterano Partido Radical dirigido por Lerroux, o la Derecha Liberal Republicana. Estos grupos derivaron hacia posiciones conservadoras contrarias a las reformas del gobierno republicano.
Los partidos conservadores y católicos tradicionales se desmoronaron tras la proclamación de la República. Solo sobrevivieron una multitud de pequeños grupos. Algunos manifestaron una oposición radical a la República; otros demostraron una cierta aceptación al nuevo régimen pero con planteamientos muy conservadores. Entre estos grupos cabe destacar el Partido Agrario, el Partido Liberal Demócrata y Acción Española, cuya misión era presentar a la monarquía católica y tradicional como la única defensa frente a la revolución social. El gran partido de la derecha católica y conservadora fue la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA). Defendía la propiedad agraria, el tradicional peso de la Iglesia y el ejército, así como los intereses de los propietarios. En Cataluña, los grupos conservadores estaban representados por la Lliga Regionalista, y en el País Vasco, por el Partido Nacionalista Vasco (PNV). Con los mismos objetivos, pero con una actitud claramente hostil hacia la República, existían grupos monárquicos como Renovación Española, partido liderado por José Calvo Sotelo, que defendía abiertamente la necesidad de un golpe de Estado y que llegó a acuerdos electorales con los carlistas agrupados en la Comunión Tradicionalista.

Por último, pequeños grupos de corte nacionalsocialista y fascista crearon, en 1931, las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS), unidas más adelante a Falange Española. Presentaban una ideología antidemocrática, una defensa a ultranza del nacionalismo español.

Las Reformas del Bienio Reformista (1931-1933)

La Cuestión Religiosa

Uno de los primeros objetivos de la República fue limitar la influencia de la Iglesia y secularizar la sociedad española. Estas intenciones se plasmaron en la Constitución, que estipuló la no confesionalidad del Estado, la libertad de cultos y la supresión del presupuesto de culto y clero. También se permitieron el divorcio y el matrimonio civil y se secularizaron los cementerios.

Además, el temor a la influencia que las Órdenes religiosas ejercían especialmente en la educación llevó al gobierno a prohibirles dedicarse a la enseñanza. El proceso se completó con la Ley de Congregaciones, que limitó la posesión de bienes a las órdenes religiosas y preveía la posibilidad de su disolución en caso de peligro para el Estado. El enfrentamiento más grave se produjo con los jesuitas. Acusados de depender de un poder extranjero, la Compañía de Jesús fue disuelta, y sus bienes, nacionalizados.

Una buena parte de los sectores católicos percibió la nueva legislación como una agresión al catolicismo. La jerarquía eclesiástica no dudó en manifestar su antagonismo hacia la República y en movilizar a los católicos en su contra.

La Modernización del Ejército

Manuel Azaña impulsó una reforma que pretendía crear un ejército profesional y democrático. Para ello se creyó necesario reducir los efectivos militares, acabar con la macrocefalia, poner fin al fuero especial de los militares, asegurar su obediencia al poder civil y terminar con la tradicional intervención del ejército en la vida política. Con esta finalidad se promulgó la Ley de Retiro de la Oficialidad (1931), que establecía que todos los oficiales en activo debían prometer su adhesión a la República, pero se les daba la posibilidad de retirarse con el sueldo íntegro si así lo deseaban. Además, se suprimieron algunos rangos tradicionales, se redujo el número de unidades y oficiales y se cerró la Academia Militar de Zaragoza, vivero de los sectores más golpistas del ejército. Se clausuraron las Capitanías Generales y desaparecieron los Tribunales de Honor y el Consejo Supremo de Justicia Militar, así como la prensa destinada exclusivamente al ejército. Posteriormente se creó la Guardia de Asalto, una fuerza de orden público fiel a la República.
La reforma, técnicamente bien planteada, tuvo resultados limitados. Se consiguió la disminución de los gastos del ejército, pero la reducción del presupuesto dificultó la modernización del material, del armamento y de los equipamientos. Además, la reforma fue recibida por algunos sectores, sobre todo por los llamados africanistas, como una agresión a la tradición militar y al poder del ejército. La derecha aprovechó ese descontento para animar a la revuelta militar contra la República.

La Reforma Agraria

La reforma de la agricultura fue el proyecto de mayor envergadura iniciado por la República. Se pretendía poner fin al predominio del latifundismo y mejorar las condiciones de vida de los campesinos pobres (jornaleros). Esta reforma era esencial teniendo en cuenta el papel tan importante que desempeñaba la agricultura en la economía española.

Una serie de primeros decretos, que perseguían proteger a los campesinos sin tierra y a los arrendatarios, establecieron la prohibición de rescindir los contratos de arrendamiento. También fijaron la jornada laboral de ocho horas en el campo y determinaron el establecimiento de salarios mínimos y la obligación de los propietarios de poner en cultivo las tierras aptas para ello.

Pero la verdadera reforma consistía en la elaboración de una Ley de Reforma Agraria. El objetivo de la ley era la modernización de la agricultura. La ley permitía la expropiación sin indemnización de las tierras de una parte de la nobleza, mientras las cultivadas deficientemente, las arrendadas sistemáticamente o las que, pudiendo ser regadas no lo eran, se podían expropiar indemnizando a sus propietarios.

La aplicación de esta ley se encomendó al Instituto de la Reforma Agraria (IRA), que contaba con un presupuesto anual para indemnizar a los propietarios expropiados y se encargaba de facilitar los asentamientos de familias campesinas. Los resultados iniciales de la reforma agraria fueron escasos.

Las razones de este fracaso estarían en la complejidad de la propia ley, la lentitud y las dificultades burocráticas para su aplicación, la falta de presupuesto destinado a las indemnizaciones y, finalmente, la resistencia de los propietarios, que recurrieron a todo tipo de medios para esquivarla.

La aplicación de la Ley de Reforma Agraria originó un considerable aumento de la tensión social. Los grandes propietarios se opusieron abiertamente a la reforma y la mayoría de ellos se aliaron con los enemigos de la República consolidando un frente de fuerzas conservadoras dispuestas a acabar con ella. Por otro lado, los campesinos se orientaron hacia posturas más revolucionarias y de enfrentamiento con las fuerzas del orden (ocupación de tierras, incendios de cortijos, reyertas con la Guardia Civil…).

La Reforma del Estado Centralista

La configuración de un Estado que permitiera a las regiones con sentimientos nacionalistas tener una organización propia y acceder a la autonomía era una cuestión pendiente en la vida política española. En Cataluña, el 14 de abril de 1931, Francesc Macià, presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, había proclamado la República Catalana. Esta proclamación creaba un grave problema, dado que el Pacto de San Sebastián determinaba que debía ser la Constitución la que estableciese el nuevo tipo de Estado y la situación de las diferentes nacionalidades dentro de éste. La negociación entre el gobierno provisional de la República y los dirigentes políticos catalanes permitió la anulación de esta decisión, a cambio de la formación de un gobierno autonómico provisional (Generalitat) cuya primera tarea sería la elaboración de un Estatuto de Autonomía.

La Constitución, aprobada en diciembre de ese mismo año, ofreció un marco legal al Estatuto de Autonomía de Cataluña. La aprobación del estatuto contó con la virulenta oposición de la derecha y de algunos sectores republicanos, pero gracias a la determinación del jefe de gobierno, Manuel Azaña, fue aprobada finalmente en septiembre de 1932.

El régimen autonómico catalán contaba con un gobierno y un parlamento propios y se reconocía la cooficialidad del catalán. Las primeras elecciones legislativas al Parlamento catalán dieron la victoria a Esquerra Republicana de Catalunya y Francesc Maciá fue elegido presidente de la Generalitat.

En el País Vasco, nacionalistas del PNV y carlistas aprobaron, en junio de 1931, un proyecto de estatuto (Estatuto de Estella). Pero su aprobación se retrasó debido a la oposición del republicanismo de izquierdas y de los socialistas. En octubre de 1936, ya iniciada la guerra, se aprobó un estatuto, fruto de un consenso político entre nacionalistas, republicanos y socialistas. José Antonio Aguirre, principal dirigente del PNV, fue elegido primer lendakari.

En Galicia, la conciencia nacionalista era menos acusada y el nacionalismo gallego distaba mucho de ser una fuerza hegemónica. En consecuencia, el proceso estatutario fue mucho más lento y el 28 de junio de 1936 se sometió a plebiscito un proyecto de estatuto que no llegó nunca a ser aprobado por las Cortes debido al estallido de la Guerra Civil.

La Obra Educativa y Cultural

Otra reforma importante, de gran trascendencia popular y a la que se dedicaron muchos recursos, fue la de la enseñanza. Por un lado, el objetivo primordial era promover una educación liberal y laica, garantizando la educación a toda la población. El centro de actividad fue, sobre todo, la enseñanza primaria. Se intentó acabar con la hegemonía de la enseñanza religiosa y se adoptó un modelo de escuela mixta, laica, obligatoria y gratuita.

Por otro lado, los dirigentes republicanos estaban convencidos de la necesidad de mejorar el nivel cultural de la población y hacer de la cultura un derecho para la mayoría. Las llamadas Misiones Pedagógicas, formadas por grupos ambulantes de estudiantes, profesores e intelectuales llevaban a las zonas rurales bibliotecas, coros, conferencias, cines y grupos de teatro como La Barraca, organizado por Federico García Lorca.

Las Reformas Laborales

El socialista Francisco Largo Caballero inició, desde el Ministerio de Trabajo, una serie de reformas para mejorar las condiciones laborales. Se aprobó la Ley de Contratos de Trabajo, que regulaba la negociación colectiva, y la Ley de Jurados Mixtos, con el poder de arbitraje vinculante en caso de desacuerdo. Se estableció también la semana laboral de 40 horas y se estimuló el aumento de los salarios. Se promovió la creación de seguros sociales, se redujo la jornada laboral de los trabajadores del campo y se reforzó el papel de los sindicatos agrícolas en la contratación de tareas del campo. Estas medidas provocaron la irritación de las organizaciones patronales, que se opusieron a su promulgación y consiguieron frenar algunos proyectos.

Las Dificultades del Bienio Reformista

Una Coyuntura Económica Desfavorable

El cambio de régimen coincidió con la fase más grave de la depresión económica mundial, iniciada con el hundimiento de la Bolsa de Nueva York, en octubre de 1929. Esta crisis incidió, de manera más débil en la economía española que en otros países occidentales, debido a la reducida relación de nuestra economía con el mercado internacional, aunque indudablemente imposibilitó el crecimiento económico. Asimismo, la crisis mundial paralizó la emigración a América, que constituía una válvula de escape para el paro crónico de regiones como Galicia o Andalucía.

En cualquier caso, la crisis internacional agravó, en la etapa republicana, los ya tradicionales problemas internos de la economía española. A estos problemas crónicos se sumaron los derivados de la política económica del gobierno republicano. Así pues, el aumento generalizado de los salarios industriales y agrícolas tuvo algunos efectos positivos pero hizo descender los beneficios empresariales. Esto dio lugar a un aumento del descontento y la desconfianza del empresariado industrial y de los grandes propietarios agrícolas. Como consecuencia, la inversión privada tuvo un hundimiento espectacular, sobre todo hasta noviembre de 1933, cuando la coalición de republicanos y socialistas fue derrotada en las elecciones.

Por último, el gobierno optó por una política orientada a disminuir el gasto público para reducir el déficit heredado de la dictadura de Primo de Rivera y conseguir el equilibrio presupuestario. Pero la disminución de la inversión pública tuvo repercusiones desastrosas sobre los sectores de bienes de inversión al reducirse simultáneamente la inversión pública y la privada.

La Conflictividad Social

La lentitud de las reformas emprendidas provocó el desencanto y la impaciencia de los trabajadores. En Andalucía, Extremadura y Castilla la Nueva, donde había un predominio de los latifundios, la reforma agraria representaba para muchos campesinos la única esperanza de mejorar su nivel de vida.

La voluntad revolucionaria de los partidos y sindicatos de izquierda agudizó los enfrentamientos. La CNT vio la ocasión idónea para su proyecto revolucionario y fomentó la conflictividad laboral y la insurrección campesina con la finalidad de destruir el orden burgués existente. La conflictividad social alcanzó su punto álgido a partir de 1933, cuando a los intentos revolucionarios de la CNT se sumaron los sectores más radicales del socialismo (UGT) -encabezados por Largo Caballero-, especialmente a través de la poderosa organización socialista del campo, la Federación de Trabajadores de la Tierra.

Las huelgas, las insurrecciones y las ocupaciones de tierras fueron en progresivo aumento. En 1932, los anarquistas propiciaron una sublevación de mineros en Cataluña (Alto Llobregat), y en 1933 de campesinos en Andalucía (Casas Viejas). Estas revueltas consistían en tomar el ayuntamiento, quemar el registro de la propiedad, colectivizar la propiedad y declarar el comunismo libertario, y finalizaban con la llegada de las tropas de la Guardia Civil o de la Guardia de Asalto. La posterior represión en algunas ocasiones provocaba la muerte de campesinos, como en el caso de Casas Viejas (Cádiz). También los socialistas alentaron revueltas campesinas, como la de Castilblanco en Extremadura.

Estos hechos produjeron un enorme desgaste del gobierno, que se vio desacreditado como consecuencia de las duras medidas policiales adoptadas para establecer el orden público. Además, los conflictos aumentaron la desconfianza empresarial y, en consecuencia, desincentivaron aún más la inversión provocando un rápido empeoramiento de la situación económica. La crisis fue aprovechada por todos los sectores contrarios a la República para intentar acabar con la coalición republicano-socialista.

La Reorganización de las Derechas

Las reformas republicanas y la conflictividad social disgustaron a las élites económicas, sociales e ideológicas. Asimismo amplias capas de las clases medias consideraban los cambios demasiado radicales. Todos estos grupos se fueron organizando alrededor de los tradicionales partidos conservadores o de las nuevas organizaciones de carácter fascista y autoritario para oponerse al gobierno. El centro-derecha se reestructuró alrededor del Partido Radical de Lerroux. Igualmente, a lo largo del año 1932, la derecha monárquica, católica y conservadora consiguió importantes progresos e impulsó grandes campañas. La CEDA, surgida en 1933, contó rápidamente con un buen número de afiliados y con un líder indiscutible: José María Gil Robles.

Asimismo, Renovación Española (José Calvo Sotelo), la Comunión Tradicionalista (carlistas) y muy especialmente los grupos fascistas de las JONS y Falange, aunque minoritarios, realizaron una intensa actividad de agitación contra lo que ellos consideraban el avance del marxismo y el peligro de una revolución bolchevique. Con sus acusaciones consiguieron crear un clima de crispación y de temor que acabó arrastrando al conjunto de la derecha. Haciéndose eco de este malestar, el general Sanjurjo protagonizó un golpe de Estado (agosto 1932) con la pretensión de forzar el viraje de la República a la derecha, pero fracasó estrepitosamente. En 1933 se creó la Unión Militar Española (UME) como una organización clandestina de militares derechistas y antirreformistas, que tendría una activa participación en el golpe de Estado de julio de 1936.

El Bienio Conservador (1933-1935)

Las Elecciones de 1933 y el Gobierno de Derechas

Las elecciones generales se celebraron el 18 de noviembre. Fueron las primeras en España en las que votaron las mujeres, y tuvieron una alta abstención. La izquierda se presentó a los comicios desunida: los republicanos y los socialistas, enfrentados por los conflictos sociales de la etapa anterior, presentaron candidaturas separadas; además, importantes masas obreras optaron por la abstención a petición de la CNT. Por el contrario, la derecha se presentó unida y organizada en muchas circunscripciones. El resultado fue la victoria de los partidos de centro-derecha, lo cual inauguró dos años de gobierno conservador, también conocido como Bienio Negro.

Dos fuerzas políticas obtuvieron los mejores resultados: el Partido Radical de Alejandro Lerroux y la CEDA de Gil Robles. El presidente de la República Alcalá Zamora, confió la formación de gobierno al Partido Radical, que conformó un gabinete monocolor, pero que contaba con el apoyo parlamentario de la CEDA, bajo la promesa de una inmediata rectificación de las reformas del bienio de izquierdas.

La Paralización de las Reformas

El nuevo gobierno, presidido por Alejandro Lerroux, inició su mandato paralizando una buena parte del proyecto reformista anterior. En el campo se frenó la reforma agraria: se fijó la devolución de tierras a la nobleza, se anuló la cesión de tierras mal cultivadas a los campesinos de Extremadura y se concedió total libertad de contratación. Los propietarios mostraron su voluntad de desquitarse de las reformas anteriores y los campesinos respondieron con huelgas. La cuestión agrícola enfrentó también al gobierno central con la Generalitat de Cataluña, en manos de los republicanos de izquierda, a raíz de la promulgación, en 1934, de la Ley de Contratos de Cultivo. Esta Ley permitía a los campesinos arrendatarios de las viñas (rabassaires) acceder a la propiedad de las tierras que trabajaban pagando a los propietarios unos precios tasados. Los propietarios catalanes de la Lliga Catalana buscaron el apoyo de la mayoría conservadora en las Cortes. Estas enviaron la ley al Tribunal de Garantías Constitucionales, que determinó su inconstitucionalidad y anuló sus efectos. El gobierno de la Generalitat no aceptó la anulación y aprobó una nueva ley prácticamente idéntica, dejando el conflicto en una situación crítica. Por otro lado el Gobierno Nacional también se enfrentó con los nacionalistas vascos al paralizar, en las Cortes, la discusión del proyecto de estatuto vasco impulsado por el PNV.

Asimismo, el gobierno también intentó contrarrestar la reforma religiosa aprobando un presupuesto de culto y clero e iniciando negociaciones para firmar un concordato con la Santa Sede. En cuanto al ejército, no se anuló la reforma, emprendida por Azaña, pero se aprobó una amnistía para los sublevados con Sanjurjo en 1932 y para los colaboradores con la dictadura de Primo de Rivera. En materia de educación, se respetaron los cambios del gobierno anterior, aunque se redujo considerablemente el presupuesto. El viraje conservador y la obstrucción de las reformas impulsadas en el bienio de izquierdas tuvieron como consecuencia una radicalización del PSOE y de la UGT. Su ala más izquierdista, liderada por Francisco Largo Caballero, propuso dejar de colaborar con las fuerzas burguesas y propició la revolución social; el sector más moderado, liderado por Indalecio Prieto, defendía la necesidad de colaborar con los republicanos de izquierda para estabilizar la República y profundizar en el proceso reformista. El sector radical del PSOE y los anarquistas declararon una guerra abierta contra el nuevo gobierno, que se materializó en la proliferación de huelgas y conflictos.

Ante esta situación, la CEDA endureció su posición y reclamó una acción más contundente en materia de orden público, exigiendo participar directamente en el gobierno bajo la amenaza de retirar su apoyo parlamentario. El jefe del gobierno, Lerroux, accedió a estas peticiones y el 5 de octubre de 1934 otorgó tres carteras ministeriales a la CEDA.

La Revolución de Octubre de 1934

La izquierda interpretó la entrada de la CEDA en el gobierno como una deriva hacia el fascismo. Al día siguiente de la formación del nuevo gobierno, a iniciativa de la UGT y con escasa participación de la CNT, se produjeron huelgas y manifestaciones en algunas grandes ciudades para defender las reformas sociales, amenazadas por la acción del nuevo gobierno. El movimiento fracasó a nivel nacional por la falta de coordinación y la contundente respuesta del gobierno, que decretó el estado de guerra, pero los acontecimientos fueron especialmente graves en Asturias y Cataluña.

En Asturias, los mineros protagonizaron una revolución social, fruto del acuerdo previo entre anarquistas, socialistas y comunistas. Columnas de mineros armados ocuparon los pueblos de la cuenca, tomaron gran parte de los cuarteles de la Guardia Civil y sustituyeron los ayuntamientos por comités revolucionarios que asumieron el abastecimiento de alimentos, el funcionamiento de los transportes y el suministro de agua y electricidad. El gobierno envió desde África a la Legión, al mando del general Franco, para reprimir el levantamiento. La resistencia se prolongó durante diez días, pero finalmente fue derrotada.

La represión fue durísima lo cual desencadenó una campaña de solidaridad internacional con las víctimas.

En Cataluña, la revuelta tuvo un carácter más político que en Asturias. Contó con el respaldo del presidente de la Generalitat, Lluís Companys. Companys pretendía evitar la entrada de la CEDA en el gobierno, dado el carácter claramente antiautonómico de este partido. Por ello, proclamó el 6 de octubre la República catalana dentro de la República Federal española, al mismo tiempo que una alianza de partidos y sindicatos de izquierda organizaba una huelga general. La negativa de la CNT, fuerza obrera mayoritaria, a participar en la huelga y el escaso apoyo ciudadano hicieron fracasar la insurrección. Se declaró el estado de guerra y el ejército, al mando del general Batet, ocupó el palacio de la Generalitat. Hubo más de 3 500 detenidos, entre ellos todos los miembros del gobierno catalán y del Ayuntamiento de Barcelona. Azaña, que se encontraba en Barcelona, fue también encarcelado y en Madrid fueron detenidos varios líderes de la izquierda, entre ellos Largo Caballero.

La Crisis del Segundo Bienio

Las consecuencias de la revolución de octubre fueron notables. La CEDA aumentó su influencia en el gobierno y se mostró partidaria de aplicar las condenas con rigor y de proceder a una reorientación más dura de la política del gobierno. Se suspendió el Estatuto de Autonomía de Cataluña, se anuló definitivamente la Ley de Contratos de Cultivo y los campesinos fueron obligados a pagar la totalidad de las rentas, incluidos los atrasos desde 1931. Se devolvieron las propiedades a los jesuitas y se nombró a Gil Robles ministro de la Guerra y a Francisco Franco, jefe del Estado Mayor. La CEDA presentó, en julio de 1935, un anteproyecto para modificar la Constitución, que recogía una revisión muy restrictiva de las autonomías, la abolición del divorcio y la negación de la posibilidad de expropiación de tierras. Tanto los radicales como el mismo presidente de la República, Alcalá Zamora, se mostraron favorables a esta reforma, pero el proyecto no llegó a ser votado. Una fuerte crisis de gobierno estalló en el otoño de 1935. El Partido Radical se vio afectado por una serie de escándalos de corrupción, como el caso del estraperlo y los casos de malversación de fondos por parte de varios políticos radicales (Nombela). Estos escándalos agravaron las diferencias en el interior de la coalición gubernamental. Gil Robles intentó que le nombraran presidente del gobierno para poder aplicar sin trabas el programa de su partido, pero Alcalá Zamora se negó y decidió, a finales de diciembre, convocar nuevas elecciones para febrero de 1936.

El Frente Popular y la Antesala de la Guerra Civil (1936)

Las Elecciones de Febrero de 1936

Para presentarse a las elecciones los partidos de izquierda (republicanos, socialistas y comunistas) se agruparon en el Frente Popular, una coalición electoral basada en un programa común que defendía la concesión de una amnistía para los encarcelados por la revolución de octubre de 1934, la reintegración en sus cargos y puestos de trabajo para los represaliados por razones políticas y la aplicación de la legislación reformista suspendida por la coalición radical-cedista. La CNT no participó en el pacto, pero esta vez no pidió la abstención, lo que de hecho significaba el apoyo al Frente Popular. Los partidos de derecha formaron distintas coaliciones, constituidas por la CEDA, los monárquicos y los tradicionalistas (Bloque Nacional) y en algunas provincias se incluyó a los radicales y a la Lliga Catalana. Pero las derechas no lograron confeccionar una candidatura única para toda España ni redactar un programa electoral consensuado.

En las elecciones, el Frente Popular obtuvo el 48 % de los votos y se convirtió en la fuerza ganadora. La derecha tuvo buenos resultados y aumentó su fuerza en las dos Castillas, León, Navarra y parte de Aragón, mientras que la izquierda obtuvo la mayoría en las grandes ciudades (Madrid, Barcelona, Valencia, etc.), en las zonas industriales y en las regiones del litoral.

De acuerdo con lo firmado en el programa del Frente Popular, el nuevo gobierno quedó formado exclusivamente por republicanos (Izquierda Republicana y Unión Republicana), mientras que los socialistas y el resto de partidos de la coalición se comprometieron a prestarles apoyo parlamentario. Manuel Azaña fue nombrado presidente de la República, con gran oposición de la derecha y de buena parte del ejército, y Casares Quiroga, jefe del gobierno.

El Gobierno del Frente Popular

El nuevo gobierno puso rápidamente en marcha el programa pactado en la coalición electoral. Se decretó una amnistía -fueron excarcelados unos 30 000 presos políticos- y se obligó a las empresas a readmitir a los obreros despedidos a raíz de la huelgas de octubre de 1934. El gobierno de la Generalitat volvió de nuevo al poder y se restableció el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y en el País Vasco y Galicia se iniciaron las negociaciones para la aprobación de sus respectivos estatutos. El nuevo gobierno reanudó el proceso reformista interrumpido en 1933 y presentó un proyecto para la devolución de los bienes comunales a los municipios y la reanudación de los asentamientos de campesinos.

Esperanzados con las nuevas perspectivas de cambio, los partidos de izquierda y los sindicatos se lanzaron a una movilización popular. Los anarquistas defendían la necesidad de acciones revolucionarias, y también un sector del socialismo, encabezado por Largo Caballero, se orientaba hacia soluciones radicales cercanas a las del PCE. En las ciudades se convocaron huelgas para pedir la mejora de las condiciones laborales; en el campo, especialmente en Andalucía y Extremadura los jornaleros se adelantaban a la legislación y ocupaban las tierras.

La nueva situación fue recibida por las derechas con absoluto rechazo: muchos propietarios de

tierras se opusieron a las medidas del gobierno; algunos empresarios industriales cerraron fábricas y expatriaron capitales y la Iglesia volvió a lanzar campañas contra la República. Falange Española asumió un fuerte protagonismo y fomentó un clima de enfrentamiento civil y crispación política. Grupos de falangistas formaron patrullas armadas que iniciaron acciones violentas contra los líderes izquierdistas, respondidas del mismo modo por los militantes más radicales de la izquierda. A excepción de Cataluña y de las zonas del Norte, los enfrentamientos se propagaron, entre febrero y julio de 1936, por todo el país.

5.3 Hacia el golpe de Estado

La creación de un clima de violencia era una estrategia que favorecía a los sectores decididos a organizar un golpe de Estado militar contra la República. La misma noche de las elecciones de febrero, el general Franco intentó declarar el Estado de guerra. En marzo, un grupo de generales acordó “un alzamiento que restableciese el orden”. En los primeros momentos, la conspiración militar tuvo escasa fuerza y mala organización hasta que se puso al frente el general Emilio Mola, verdadero jefe del golpe de Estado hasta julio de 1936. Su plan consistía en organizar un pronunciamiento militar simultáneo en todas las guarniciones posibles, siendo claves las de Madrid y Barcelona. Para frenar los rumores golpistas, el gobierno trasladó de destino a los generales más directamente implicados en los complots (Franco, a Canarias, y Mola, a Navarra), pero no se atrevió a destituirlos.

La conspiración militar contaba con el apoyo de las fuerzas políticas de la derecha. También se establecieron contactos con la Italia fascista y la Alemania nazi. Pero las discrepancias entre los conspiradores en cuanto al tipo de régimen a instaurar tras el golpe de Estado hacían aplazar la fecha del levantamiento. El día 14 de grupo de izquierdistas, julio se produjo en Madrid el asesinato, a manos de un del dirigente monárquico José Calvo Sotelo en respuesta al asesinato del teniente Castillo, que colaboraba con las milicias de izquierda. Su muerte aceleró los planes golpistas y la sublevación se inició en Marruecos el día 17 de julio dando origen a una guerra civil que se prolongaría durante tres años.