Transformaciones económicas: las desamortizaciones

En el Antiguo Régimen, gran parte de las tierras eran inalienables, debido a que las propiedades de la Iglesia y las de los municipios estaban en “manos muertas”, ya que los clérigos no tenían capacidad legal para venderlas. La eliminación de las trabas legales era una condición para liberalizar el mercado de la tierra. En consecuencia, a partir de 1836 se adoptaron medidas.
Respecto a las medidas para liberalizar el mercado de la tierra, los políticos liberales pensaban que la primera medida que había que adoptar para poner fin al atraso del campo español, era eliminar los restos del régimen señorial. Por ello era necesario erradicar el sistema de propiedad de manos muertas y vender las tierras para que los nuevos propietarios modernizasen al campo. Con tal objetivo adoptaron ciertas medidas: en primer lugar, la supresión de los mayorazgos (1836),que transformó los bienes en propiedades plenas y libres en poder del titular de la familia, éste podría hacer con sus propiedades lo que quisiera; en segundo lugar, la abolición del régimen señorial (1837), en la que se anulaban todos los derechos señoriales de carácter jurisdiccional y se transformaban las tierras de los señoríos en propiedades plenas y libres de sus dueños, y en tercer lugar, las desamortizaciones, que consistieron en la expropiación del Estado, de las tierras eclesiásticas y municipales para su venta a particulares en pública subasta. Los bienes amortizados, es decir, aquellos que no podían venderse o cambiar de propiedad, dejan de serlo para convertirse en bienes de propiedad privada. Aunque se dieron algunos precedentes a finales del siglo XVIII, el verdadero proceso de desamortización se desarrolló a partir de 1836 en dos fases: la de Mendizábal y la de Madoz.
En 1835, se disolvieron las órdenes religiosas y sus fincas se declararon propiedad del Estado. la desamortización de Mendizábal se inició en una etapa de gobierno progresista durante la Regencia de María Cristina y consistió en la venta por subasta de las tierras expropiadas a la iglesia (desamortización eclesiástica). El decreto de desamortizador, publicado en 1836, puso en venta todos los bienes del clero regular. al año siguiente, otra ley amplió la acción, al sacar a la venta los bienes del clero secular. Sus objetivos, determinados por la crítica situación que atravesaba el país, fueron: sacar la Hacienda mediante la amortización de la deuda pública, financiar la guerra civil contra los carlistas y convertir a los nuevos propietarios en adeptos para la causa liberal.
La desamortización general del progresista Madoz (1855), se inició durante el bienio progresista del reinado de Isabel II e incluía todo tipo de tierras amortizadas: las de la Iglesia y las de la propiedad municipal, tanto los bienes de propios como los de comunes. La situación política y fiscal no era tan grave como en la desamortización anterior, ya que la segunda guerra carlista no supuso tanto gasto como la anterior. Por consiguiente, además de reducir la deuda pública, se pretendía destinar parte de los ingresos obtenidos a financiar la construcción de las infraestructuras para modernizar la economía, en especial, la red de ferrocarriles. El procedimiento consistía en establecer las propiedades, hacer subasta pública y adjudicarlas al mejor postor. El pago se efectuaría de dos formas: en efectivo o con títulos de deuda pública.
Las principales consecuencias económicas y sociales que produjeron fueron las siguientes: en primer lugar, se pusieron en cultivo grandes extensiones de tierra, en segundo lugar, no hubo concentración ni dispersión de tierras, sino tan sólo cambio de propietarios, los compradores fueron aristócratas terratenientes y clérigos seculares o burguesía comercial, por tanto, se reafirmó la gran propiedad; en tercer lugar, se sacrificaron los intereses de campesinos, a los que nos e reconocieron sus derechos sobre las tierras señoriales, además éstos perdieron los derechos de uso de los bienes comunales y su descontento les empujó al carlismo, finalmente, el proceso desamortizador contribuyó al cambio hacia una sociedad burguesa, lo que significó la fusión de la antigua aristocracia feudal con la burguesía urbana para crear la nueva élite terrateniente.
En conclusión, los procesos de desamortización constituyen uno de los episodios fundamentales de la revolución liberal en España. Fueron impulsados durante el gobierno de los progresistas en la Regencia de Mª Cristina y en el reinado de Isabel II, y se vieron obstaculizados por los gobiernos moderados. Mediante los decretos de desamortización, el Estado pudo recaudar una cantidad considerable de dinero, que sirvió para financiar los gastos de la guerra, pero que fue insuficiente para acabar con la deuda pública. Los compradores se convirtieron en aliados del trono y gracias a ello se fueron consolidando las bases del Estado liberal en España. Por el contrario, los campesinos se vieron perjudicados, produciendo descontento entre ellos.