El Reinado de Isabel II: Construcción del Estado Liberal en España (1833-1868)

Las décadas centrales del siglo XIX (desde 1833 hasta 1868) se caracterizan por ser un periodo de cambios. Destaca la sustitución del viejo sistema absolutista por otro de tipo liberal, con constituciones, limitación del poder regio, partidos políticos, elecciones, etc.

La Regencia de María Cristina (1833-1840)

La derrota militar del absolutismo: el carlismo y la guerra civil (1833-1839)

En 1833, los favorables al absolutismo se negaron a reconocer a Isabel, la hija de Fernando VII, como legítima sucesora de la Corona española y se sublevaron contra el gobierno de María Cristina de Borbón, que ejercía la regencia a causa de la minoría de edad de su hija (3 años). Los sublevados proclamaron rey al infante D. Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, fiel defensor de la sociedad tradicional, es decir, del absolutismo monárquico. Daba así comienzo una sangrienta guerra civil que se libraría esencialmente en el País Vasco y Navarra, aunque los enfrentamientos se extendieron también a zonas de Cataluña, Aragón y Valencia.

El carlismo es un movimiento político que recogía en su programa la defensa del absolutismo frente al liberalismo. Englobaba a una parte de la nobleza rural, a gran parte del clero y al campesinado. Los carlistas veían con desconfianza las reformas tributarias, la igualdad jurídica, la separación de la Iglesia del Estado y la abolición de los fueros tradicionales; en definitiva, temían la supresión de las fórmulas características del Antiguo Régimen. Representaban a una sociedad arcaica y conservadora.

El carlismo constituye una ideología reaccionaria que se caracteriza por la defensa de los fueros vascos y navarros (que peligraban si se imponía el liberalismo, dado que éste tiende a la unificación legislativa), el tradicionalismo (rechazo de la “modernidad”, entendida como degeneración y pérdida de la identidad propia y de las costumbres), el ruralismo (exaltación de la vida campesina frente al proceso creciente de urbanización, por la deshumanización que ésta comporta) y la intransigencia religiosa (pretendía mantener los privilegios del clero así como restablecer la Inquisición). Su lema es Dios, Patria y Rey.

Hubo tres sublevaciones carlistas frente al estado liberal, siendo la de este momento la Primera Guerra Carlista (1833-40). Los ejércitos carlistas tuvieron como dirigente más destacado al general Tomás de Zumalacárregui. Dominaron con facilidad las áreas rurales, pero no llegaron a ocupar ciudades importantes. Después de la muerte de Zumalacárregui en el asedio de Bilbao (1835), los liberales tomaron el control de la contienda, siendo dirigidos por el general Espartero. Sin embargo, ésta se prolongó por la imposibilidad del ejército liberal de dar un golpe definitivo a sus adversarios carlistas, que habían adoptado con éxito el sistema de guerrillas y que encontraban el apoyo de la mayoría de los campesinos norteños. Finalmente, en 1839, se llegó a un acuerdo de paz, el Convenio de Vergara (o “Abrazo de Vergara”), entre el general carlista Rafael Maroto y el general isabelino, Baldomero Fernández Espartero. El acuerdo garantizaba la conservación de algunos derechos forales y reconocía los empleos y grados militares a los miembros del ejército carlista que se enrolasen en el ejército isabelino. Solo Cabrera siguió resistiendo, hasta lograr escapar.

Evolución política

María Cristina de Borbón asumió la Regencia a la muerte de su marido Fernando VII en 1833. En este periodo se inicia el tránsito político desde el absolutismo al liberalismo. Empieza con Cea Bermúdez y Javier de Burgos (que deja el mapa provincial español prácticamente como el actual). Para acercarse al liberalismo elige a Martínez de la Rosa, que al frente del gobierno promulgó un Estatuto Real (1834). Se trata de una especie de Carta Otorgada, concedida por la voluntad de la Regente, en la que se establecieron por primera vez unas Cortes bicamerales formadas por la Cámara de Próceres (futuro Senado) y la Cámara de Procuradores (futuro Congreso), elegida mediante un sufragio censitario muy restringido que permitía votar solo a la oligarquía dominante. Pronto se hizo evidente que las reformas del Estatuto eran absolutamente insuficientes.

Aparecen las dos grandes tendencias que dominarían la vida política española en los siguientes decenios: moderados y progresistas.

Los progresistas estaban liderados por Espartero, Mendizábal o Madoz. En 1835, protagonizaron a través de Juntas y Milicias, numerosas revueltas urbanas, y tras el Motín de los Sargentos de la Granja, la Regente se vio obligada a llamarlos a formar gobierno, los cuales rápidamente iniciaron un programa de reformas. Mendizábal fue jefe de Gobierno. Abordaron la desamortización civil y eclesiástica: con esta reforma se pretendía conseguir los recursos financieros necesarios para hacer frente a la guerra carlista, aminorar el grave déficit presupuestario y crear una base social de compradores que apoyaran el régimen progresista; además, consagraba los principios de propiedad privada y de libre disponibilidad de la propiedad.

Pero sin duda, la mayor realización política del periodo fue la elaboración de una nueva Constitución, tras estar en vigor brevemente la de 1812. Esta será la Constitución de 1837 caracterizada por la soberanía nacional y la división de poderes. Aparecen el Congreso de los Diputados y el Senado con sus nombres actuales. Se recogían diferentes derechos individuales: libertad de prensa, de opinión, de asociación… Fuera de la Constitución, que no determinaba el tipo de sufragio, se aprobó una ley electoral que estableció el voto censitario masculino no tan restringido como en el Estatuto de 1834. El fraude electoral era la norma. En las elecciones de septiembre de 1837, los moderados obtuvieron la mayoría y pasaron a ocupar el Gobierno. En los años siguientes, los moderados intentaron, sin salirse del marco constitucional, desvirtuar los elementos más progresistas de la legislación del 37. La Ley de Ayuntamientos, que permite a la Corona nombrar a los alcaldes de las capitales provinciales y principales ciudades, fue el detonante de la insurrección. La Regente dimite.

La Regencia de Espartero (1840-1843)

Los sectores afines al progresismo volvieron sus ojos hacia el general Espartero, que había sido vencedor de la guerra carlista y tenía un gran carisma popular. La actitud de Espartero en el gobierno fue de un marcado autoritarismo. Aprobó un arancel que abría el mercado español a los productos de algodón ingleses, lo que puso en peligro la industria catalana. La medida provocó un levantamiento en Barcelona y, para reprimirlo, Espartero decidió bombardear la ciudad. En 1843, ante las presiones, Espartero abandona la regencia y las Cortes deciden adelantar la mayoría de edad de Isabel II, proclamándola reina a la edad de trece años.

El Reinado de Isabel II (1844-1868)

La Década Moderada (1844-1854)

Tras la caída de Espartero y la proclamación como reina de Isabel II, los moderados se hicieron con el poder con el total apoyo de la Corona. Se inicia así un largo período de dominio moderado. El general Narváez será el nuevo Jefe de Gobierno. El régimen se asentó sobre el predominio social, económico y político de la burguesía terrateniente, nacida de la fusión de los antiguos señores y los nuevos propietarios rurales. Se trataba pues de asentar un liberalismo conservador que restringiera la participación política al escogido grupo de los propietarios o los rentistas. La Corona y gran parte del ejército se convirtieron en los garantes más fieles del sistema.

Como la Constitución de 1837 era incompatible con sus intereses, se promulgó una nueva. La Constitución de 1845 recogerá las ideas básicas del moderantismo: soberanía conjunta del Rey y las Cortes, exclusividad de la religión católica y compromiso de mantenimiento del culto y el clero, Ayuntamientos y Diputaciones sometidos a la Administración central y restricción del derecho a voto. Las leyes que promulgaron los moderados fueron enormemente restrictivas con las libertades individuales.

En 1851 se firmó un Concordato con la Santa Sede. A partir de este momento, la postura oficial de la jerarquía de la iglesia católica fue la de respaldar el trono de Isabel II.

El liberalismo moderado emprendió la tarea de construir una estructura de Estado Liberal en España bajo los principios del centralismo y la uniformización. Para ello se promulgaron una serie de leyes y reformas administrativas: la reforma fiscal y de la Hacienda de Mon y el Código Penal de 1851. Sólo el País Vasco y Navarra conservaron, por temor a un rebrote carlista, sus antiguos derechos forales. Las competencias educativas pasaron al estado central, que reguló el sistema de instrucción pública con la Ley Moyano. Se creó la Guardia Civil (1844) como cuerpo armado con una estructura militar, que se encargaría de mantener el orden público y la vigilancia de la propiedad privada.

El Bienio Progresista (1854-1856)

En 1854, un nuevo pronunciamiento progresista, la Vicalvarada, encabezado por los generales Serrano y O’Donnell, provocaba la caída del Gobierno y la vuelta de los progresistas al poder. Fue significativo el Manifiesto del Manzanares preparado por un joven Cánovas del Castillo, personaje fundamental de la Restauración. El nuevo gobierno intentó restaurar los principios del régimen constitucional de 1837, restauró la Milicia y la ley municipal progresista, e inició la elaboración de una nueva Constitución (1856) que no llegó a ser promulgada, por lo que se conoce como “non nata”. Esta constitución recogía los principios del progresismo más avanzados. Espartero volvió a ostentar la jefatura del Gobierno.

• Reanudación de la obra desamortizadora (1855), a cargo del ministro Madoz. El volumen de lo puesto en venta fue mucho mayor que el de 1837.
• Ley General de Ferrocarriles: La construcción del ferrocarril fue el otro gran proyecto económico del Bienio. Se beneficiaron especialmente los capitales extranjeros.

Las medidas reformistas del Bienio no mejoraron las condiciones de vida de las clases populares, lo que generó un clima de gran conflictividad social. A la izquierda del progresismo aparecen grupos demócratas (existían desde 1849) y republicanos. En 1856 la situación provocó la dimisión de Espartero y la reina confió el Gobierno a O’Donnell, que reprimió duramente las protestas.

La Unión Liberal y el final del reinado (1856-1868)

En 1856, bajo la dirección de O’Donnell, se produjo un nuevo golpe de fuerza. Se crea un nuevo partido de vocación centrista, la Unión Liberal, que pretende sobre todo el mantenimiento del orden ante el desarrollo del creciente movimiento obrero y demócrata. Se desarrolla una intensa política exterior en Marruecos, Indochina y México para la que España no estaba preparada. Entre 1858 y 1863 se mantiene el “gobierno largo de O´Donnell”. Desde 1863, el gobierno fue incapaz de afrontar la oposición y la crisis económica. O’Donnell presentó su dimisión y la reina entregó el poder a los moderados de Narváez que aplican medidas represivas.

A partir de 1866 el moderantismo se ve acosado por los problemas: la fuerte represión (Noche de San Daniel), la corrupción y descrédito de la Corte de Isabel II y de la propia reina debido a su agitada vida privada y a la conocida homosexualidad de su marido, Francisco de Asís y Borbón y el malestar provocado por una gravísima crisis económica y financiera. Así, tras reprimir con fusilamientos la sublevación de los sargentos del Cuartel de San Gil en 1866, se produjo la alianza de sectores progresistas y demócratas, a los que más tarde se unieron los Unionistas en el llamado Pacto de Ostende (ciudad belga), que llevaría a la revolución de septiembre de 1868, la Gloriosa, al grito de “viva España con honra”, que supuso la caída de Isabel II. Comienza el Sexenio Democrático.

Conclusión

El reinado de Isabel II presenta unas características comunes:

1. La permanencia de un régimen de monarquía liberal de tendencia conservadora, cuya plasmación es la Constitución moderada de 1845.
2. La reina Isabel apoyó invariablemente a los sectores más conservadores, y se alineó claramente con el moderantismo.
3. La presencia permanente de militares entre los gobernantes del país: Narváez, Espartero y O’Donnell.
4. La presencia exclusiva en la vida parlamentaria de partidos burgueses: hasta 1854, los moderados y los progresistas, y desde entonces la Unión Liberal. Al margen quedaban demócratas y republicanos.