La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) y la Segunda República (1931-1936)
El Directorio Militar y el Directorio Civil
El 15 de septiembre de 1923, Alfonso XIII acepta la propuesta de nombrar ministro único a Miguel Primo de Rivera, a quién asistiría a título consultivo un Directorio Militar, es decir, ocho generales y un almirante en el gobierno. El ejército como institución asumía, entonces, el poder y no unos generales políticos como había ocurrido con los pronunciamientos del siglo XIX. El gobierno de Primo de Rivera tuvo importantes apoyos: de la burguesía catalana por su talante duro frente a los anarquistas; de los partidos dinásticos, de personalidades como Ortega, el propio rey Alfonso XIII, que le permitieron gobernar sin partidos ni Constitución.
Durante el Directorio Militar (1923-1925) el objetivo era regenerar los males de España, realizar un paréntesis para devolver el orden, sin necesidad de perpetuarse en el poder. Para ello promulga una serie de decretos: confirma el estado de guerra, suspende las garantías constitucionales, disuelve el Congreso y el Senado, instaura la censura de prensa y prohíbe la libertad de reunión, asociación y expresión. Los gobernadores civiles serían sustituidos por gobernadores militares.
En 1924, buscando ampliar los apoyos sociales, Primo de Rivera, intentó, a semejanza de Mussolini, un partido único, la Unión Patriótica, constituido por carlistas, antiguos mauristas a la que debían pertenecer los miembros de diputaciones y ayuntamientos. Una especie de movimiento, asociación cuyo origen está en Valladolid y cuyo lema era Religión, Patria y Monarquía.
Durante esta etapa, se puso fin a la Guerra de Marruecos. En 1925 se produjo el desembarco de Alhucemas (bahía de la costa norte de Marruecos), operación que permitió la victoria española con el apoyo de Francia. En este episodio destacó la Legión, en la cual sobresalió un joven oficial, Francisco Franco. La guerra finalizó en 1927.
A partir de 1925 se incorporan civiles al gobierno, lo cual inaugura una nueva etapa, la del Directorio Civil (1925-1930). José Calvo Sotelo se ocupará del Ministerio de Hacienda, Eduardo Aunós del de Trabajo, Martínez Anido de Gobernación, etc.
En la economía y en la sociedad el gobierno de Primo de Rivera se caracterizó por el intervencionismo del Estado, la nacionalización y el corporativismo. Nacionalizó sectores claves económicos creando importantes monopolios como Telefónica (fundada en 1924 en manos de la multinacional americana ITT), CAMPSA (1927), destinada a la importación, refinado y distribución y venta de petróleo, o IBERIA en 1927. Llevó a cabo importantes obras públicas, construyó más de 7.000 km de carreteras. Creó las Confederaciones Hidrográficas (ordenación y aprovechamiento de los ríos). Se modernizó el ferrocarril.
Tomando el modelo fascista italiano puso en marcha la Organización Corporativa Nacional mediante la creación de Comités Paritarios en cada uno de los cuales el número de obreros y patronos era idéntico (paternalismo). Llegó a colaborar la UGT de Largo Caballero, mientras que la CNT permaneció en la ilegalidad. En 1927 se creaba la Federación Anarquista Ibérica (FAI), rama política y radical de la CNT.
En ese mismo año constituía una Asamblea Nacional Consultiva formada por representantes de las instituciones locales (diputaciones y ayuntamientos), de la Administración Central (ejército, gobierno, iglesia, justicia) y de las actividades (académicos, empresarios). Formada por 400 representantes elegidos por sufragio restringido su misión era elaborar un proyecto de Constitución en 1929 que no satisfizo a nadie y que no llegó a aprobarse.
El problema regionalista fue uno de los grandes fracasos de la dictadura, pese al apoyo recibido por la burguesía catalanista en el momento del golpe, el General demostró rápidamente que en su ideología regionalismo y separatismo eran sinónimos. Prohibió el uso de la bandera catalana, la mancomunidad fue suprimiéndose. Muchos regionalistas decidieron, entonces, apoyar a la república.
La oposición a la dictadura
Pasados los primeros años de dictadura, la oposición se organizó e intensificó en torno a los siguientes grupos:
- Los republicanos, que se organizaron en torno a la Alianza Republicana.
- Los anarquistas, integrados en la CNT, se dividieron: por una parte estaban los que defendían el diálogo y por otra los que eran partidarios de la insurrección popular violenta. Estos últimos fundaron en 1927 la Federación Anarquista Ibérica (FAI).
- Los comunistas.
- Algunos sectores del ejército.
- La práctica totalidad de los intelectuales, entre los que destacan figuras como Unamuno, Ortega y Gasset, Blasco Ibáñez y Menéndez Pidal.
- Los socialistas: el PSOE rechazó el régimen en 1929 y se declaró a favor de la República.
El régimen fue perdiendo todos sus apoyos. Alfonso XIII, temeroso de que la caída de la dictadura le afectase negativamente, ya que él había sido su principal valedor, decidió retirar su apoyo a Primo de Rivera, el cual dimitió en enero de 1930.
El camino hacia la Segunda República
El rey nombró jefe de Gobierno al general Dámaso Berenguer con la intención de que éste organizase la vuelta al régimen constitucional. El cambio se fue desarrollando de una manera demasiado lenta. La prensa calificó al nuevo gobierno como la Dictablanda. Al mismo tiempo los republicanos, catalanistas de izquierda y el PSOE firmaban el Pacto de San Sebastián (agosto de 1930), a través del cual acordaron constituir un Comité Revolucionario encabezado por Niceto Alcalá Zamora (Derecha Republicana) que se encargaría de contactar con los militares republicanos y con los representantes de los obreros para organizar un levantamiento armado que hiciera caer el régimen. El levantamiento fracasó.
La difícil situación política llevó a Berenguer a dimitir. En febrero de 1931 el almirante Aznar estableció un nuevo gobierno, prometiendo elecciones y la formación de Cortes constituyentes. El 12 de abril de 1931 se celebraron elecciones municipales. En principio no se esperaba ningún cambio radical, se convocaron con la intención de hacer un sondeo previo a las elecciones legislativas. Sin embargo fueron entendidas por la mayoría de los españoles como un plebiscito a favor o en contra de una monarquía excesivamente identificada con la dictadura. La interpretación de los resultados ha sido objeto de controversia historiográfica, ya que aunque el cómputo global de los votos parecía ser favorable a la monarquía, en los distritos electorales urbanos, menos influenciados por los sistemas clientelares caciquiles, el voto republicano consiguió una clara mayoría. Esto forzó la abdicación de Alfonso XIII pocas horas después y el 14 de abril de 1931 fue proclamada la Segunda República Española.